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Judicial

Cinco policías y cuatro soldados son acusados de secuestrar, torturar y abusar a una menor de edad

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Cinco miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) y cuatro soldados son acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de los delitos de privación de libertad, agresión sexual y tortura en contra de una menor de edad.

Las autoridades afirman que los hechos ocurrieron el 22 de enero de este año en el municipio de San José Guayabal, departamento de Cuscatlán.

La noche del 22 de enero, a eso de las 7:00 de la noche, un carro pick up de color blanco recorrió la calle El Perical, la cual conduce hacia el cantón. Durante ese trayecto encuentraron a una pareja, una chica y un chico. Se bajaron del vehículo y les exigieron que entregaran la droga y que dijeran a qué pandilla pertenecían bajo la promesa de no hacerlo los matarían en ese instante.

El reloj marcaba las 7:30, ha pasado media hora de interrogación y la situación había puesto tensa. “Te vas a morir”, relata la víctima que le dijo uno de ellos mientras le apuntaba en la cabeza, ambos estaban de rodillas.

Luego de la interrogación, les piden a la chica que se ponga de pie y que se bajara el pantalón y su ropa interior, ella lo hizo mientras que uno de ellos, Néstor R. mete su mano debajo de su sostén mientras apretaba sus senos.

Ambos suplicaban por su vida mientras estaban de rodillas con las pistolas apuntando a sus cuerpos y una navaja en el cuello. La chica recibió la orden de subirse al vehículo y dejaron a su pareja en el lugar. Durante su trayecto, ella recibió una nalgada por uno de los agentes y otro más la tomó por la boca como queriendo besarla mientras la tocaba.

En ese trayecto, los sujetos vislumbraron a un carro patrulla y le exigieron que bajara la cabeza para que no la vieran. La patrulla pasó de largo y ella fue llevada hasta su casa, cuando ella se bajó del vehículo le dijeron que debía de guardar silencio porque si no “ya sabía lo que le iba a pasar.”

A los imputados se les acusa de los delitos de privación de libertad, agresión sexual y tortura en contra de una mejor de edad.

Debido a esto, la FGR ha ordenado la captura de los nueve implicados, de los cuales no se reveló las identidades.

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Exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, condenada a 10 años de prisión

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El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.

La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.

Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.

La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.

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Trasladan a 40 estudiantes capturados en operativos contra pandillas en institutos de San Salvador

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Foto: Cortesía

Este miércoles, los 40 jóvenes detenidos por su presunta vinculación con una estructura delictiva en formación fueron trasladados a la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República (PGR) para dar seguimiento a su proceso legal.

Las capturas fueron ejecutadas el martes por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de una operación que desarticuló un grupo delictivo que operaba dentro de varios institutos nacionales de San Salvador: el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y el Instituto Nacional Albert Camus.

Según la FGR, se ejecutaron 40 de 49 órdenes de captura. Las investigaciones indican que los jóvenes involucrados intimidaban a otros estudiantes y estarían implicados en actos como agresiones físicas, consumo de drogas y agresiones sexuales. Las autoridades también realizaron allanamientos en las viviendas de los detenidos, quienes serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, entre otros cargos.

Este caso recuerda lo ocurrido en septiembre de 2023, cuando 20 estudiantes fueron enviados a prisión por pertenecer a “La Raza”, una pandilla emergente detectada en el INFRAMEN y el INTI. En esa ocasión, los procesados fueron acusados de agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y lesiones tras una riña estudiantil en los alrededores del redondel Don Rúa.

Las autoridades reiteraron su compromiso con mantener los centros educativos libres de estructuras criminales y garantizar entornos seguros para los estudiantes.

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Mecánico es enviado a prisión por electrocutar y simular suicidio de su hijastro en San Salvador

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El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador ordenó prisión preventiva para Jorge Alberto González, acusado de electrocutar a su hijastro de 19 años, tras concluir la audiencia inicial del proceso penal.

La Fiscalía General de la República le imputa los delitos de simulación de delito, fraude procesal y homicidio agravado, para los cuales presentó indicios suficientes para iniciar el proceso judicial.

Según la acusación, el hecho ocurrió el 19 de marzo de 2025 en un mesón ubicado en la 12ª Calle Poniente y Avenida Cuscatlán, donde González, mecánico soldador, presuntamente conectó a su hijastro a un aparato eléctrico, provocándole una descarga para simular un suicidio, y luego huyó con el equipo utilizado.

El 21 de marzo, el acusado regresó al lugar y reportó a las autoridades el hallazgo del cuerpo. La autopsia realizada por el Instituto de Medicina Legal determinó que la muerte fue producto de un homicidio y no un suicidio.

El juzgado concluyó que la evidencia inicial presentada por el ministerio público era suficiente para dictar la prisión provisional contra González.

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