Judicial
Cárcel para pandillero que asesinó a soldado en La Libertad
La Fiscalía logró una condena de 70 años de cárcel para el pandillero Wilber Jhovanny Hernández Álvarez, quien fue procesado por dos homicidios y limitación ilegal a la libertad de circulación.
Según las investigaciones fiscales, este criminal es culpable de asesinar a dos personas, entre las cuales figura un soldado.
Estos crímenes sucedieron en el distrito de Jicalapa, jurisdicción de La Libertad Costa, entre 2017 y 2018.
«Este terrorista también llegaba a la vivienda de las víctimas, en compañía de otro pandillero, y las amenazaba de muerte para que abandonaran sus casas», detalló la institución respecto al actuar del pandillero.
Según los registros oficiales, durante el 2017 las pandillas intensificaron los ataques armados contra soldados y policías. Uno de estos homicidios se registró la madrugada del 13 de octubre de ese mismo año cuando pandilleros emboscaron a un militar en el cantón Argentina, en Jicalapa.
Una semana después, las autoridades reportaron el asesinato de un subsargento de la Fuerza Armada Pedro Enrique Salguero Landaverde quien fue acribillado por pandilleros en la colonia Lupita Dos, cantón La Joya, distrito de Coatepeque, municipio de Santa Ana Este.
Al cierre de ese año las autoridades reportaron, al menos, el asesinato de 45 policías y más de 18 soldados que fueron emboscados por grupos criminales.
La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.
Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.
Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.
Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.
La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.
Baltazar Rivera fue sentenciado a 12 años de prisión por haber agredido sexualmente a una niña desde que tenía cinco años. Los abusos se cometieron durante 2016 al 2020 en Sacacoyo, La Libertad Oeste, así lo dictó el Tribunal Primero de Sentencia de Sonsonate.
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, Rivera habitaba en el mismo terreno dónde vivía la víctima y cuando ella salía al sanitario, él la tomaba por la fuerza y la abusaba sexualmente. En otras ocasiones, la obligaba a entrar a su casa para agredirla.
El fiscal del caso informó que Rivera tenía medidas sustitutivas a la detención por orden judicial, sin embargo, durante el juicio fueron revocadas por el referido Tribunal, el cual ordenó su detención al condenarlo por el delito de agresión sexual en menor o incapaz en modalidad continuada.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
