Judicial
Cámara ordena apertura de juicio contra implicados en lavado de dinero en caso Saca
La Fiscalía General de la República(FGR), dio a conocer este miércoles un nuevo giro en el proceso conocido como “Destape a la Corrupción II”, ya que los sobreseimientos definitivos emitidos a favor de 10 imputados acusados de Lavado de Dinero quedaron sin efecto por disposición de una Cámara.
El caso implica a Óscar Edgardo Mixco Sol, hermano de la exprimera dama, Ana Ligia Mixco Sol de Saca; José Antonio Armando Lemus Zelaya, Gerardo Antonio Funes Durán, Sonia Guadalupe Morales de Reyes, María Emma Suazo Canjura, Ángel José Montoya Morales, Oswaldo Octavio Orantes Marenco, Julio Roberto Zamora Bolaños y José Antonio Lemus Zaldívar, todos acusados por Lavado de dinero y activos.
Mientras que Milton Romeo Avilés Cruz, por el delito de Casos especiales del delito de encubrimiento.
El grupo especializado contra la impunidad de la FGR dio a conocer la resolución pronunciada por la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro, en la cual se sustenta y fundamenta de manera detallada el planteamiento jurídico que respalda la decisión de los magistrados.
La Cámara determinó que existen suficientes elementos de juicio sobre la existencia del delito de lavado de dinero y activos, así como de la participación de cada uno de los imputados en los hechos atribuidos.
Esta valoración no fue hecha por el Juez Séptimo de Instrucción, tras desarrollar la audiencia preliminar en junio del año 2019 y cuya resolución fue conocida hasta septiembre de ese mismo año.
«El Juez no realizó un análisis a través del cual desacreditara todos los elementos de prueba aportados por Fiscalía, es decir, todos los informes relacionados a que el Ente ‘Dirección de Proyectos’, no existió bajo la administración del expresidente Elías Antonio Saca González, ya que los imputados no tuvieron una relación laboral ni contractual con Casa Presidencial, como también que ninguno fue autorizado por las instituciones respectivas para la apertura de cuentas bancarias para el manejo de fondos públicos, y el que hayan tenido el manejo de los fondos que ingresaron ilegítimamente a sus cuentas bancarias», se fundamenta en dicha acta.
«Si el juez no desacreditó de manera específica todos y cada uno de estos elementos de prueba ofrecidos por la Fiscalía, significa que continúan teniendo fuerza probatoria indiciaria mientras no se acrediten como prueba en el Juicio o se descarten, y en ese orden, lo que resulta, es que existen elementos de prueba de cargo y descargo, que motivan el paso del proceso a la etapa plenaria, en donde se vaciarán las pruebas, de carácter contradictorio, y será un Tribunal de Sentencia, quien determine a quien le asiste la razón», se agrega.
Resolución
Judicial
Pareja que agarró a patadas a agentes de tránsito por una multa, deberá acudir a terapia sicológica
Josué Misael M. y Ana María B. M. fueron condenados a un año de suspensión condicional del proceso tras agredir física y verbalmente a agentes de tránsito el pasado domingo.
Los hechos ocurrieron cuando los agentes procedieron a multar a la pareja por obstruir el paso frente a un garaje. Al intentar retirar las placas del vehículo, los imputados reaccionaron de manera violenta, propinando patadas a los agentes e insultándolos.
Ante estos hechos, las autoridades procedieron a la detención de ambos. Posteriormente, el Juzgado Segundo de Paz de San Martín celebró una audiencia en la que los imputados aceptaron los cargos por el delito de resistencia.
Como parte de la sentencia, el juez impuso a la pareja reglas de conducta, entre ellas la obligación de asistir a terapia psicológica para el control de la ira y la prohibición de cambiar de domicilio.
Judicial
Tribunal condena a Erick Sánchez a 35 años de cárcel por homicidio agravado en San Salvador
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 35 años de prisión a Erick Daniel Sánchez Liévano por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Ana A. Asimismo, lo condenó al pago de la responsabilidad civil en abstracto.
El hecho ocurrió en San Salvador el 16 de febrero de 2019, en horas de la mañana. Uno de los testigos declaró haber recibido una llamada telefónica de su madre, quien le informó que la habían subido a un vehículo y luego la comunicación se cortó. Posteriormente, un sujeto llamó exigiéndole 10 mil dólares o, de lo contrario, matarían a su madre. El familiar llamó inmediatamente al Sistema de Emergencias 911 para denunciar el secuestro.
Ese mismo día, a las 4:30 de la tarde, el testigo recibió otra llamada donde le reiteraron que no se trataba de una broma. A la mañana siguiente, volvieron a llamar para comunicarles que el plazo había vencido.
Luego de localizar el cuerpo, la autopsia determinó que Ana falleció el 16 de febrero y que presentaba heridas por arma blanca en el cuello, tórax y abdomen.
Al momento de la captura de Sánchez, se le incautaron dos teléfonos celulares. Se demostró que uno de los números telefónicos estuvo en el lugar del hecho y que fue utilizado para realizar las llamadas a los familiares de la víctima, exigiendo el pago del rescate.
La Fiscalía General de la República logró que la Cámara Ambiental de Santa Tecla admitiera la totalidad de las pruebas presentadas en contra del exdiputado del FMLN Guillermo Francisco Mata Bennet y sus dos hijos, procesados por enriquecimiento ilícito, al no poder justificar el incremento de su patrimonio por un monto de $271,314.75 dólares.
A Mata Bennet, que fungió como diputado en los periodos 2012-2015 y 2015-2018, se le señalan inconsistencias por un monto de $13,270.00 dólares.
A Guillermo Eduardo Mata Mayorga, se le señalan $251,685.80 dólares.
A Jorge Alberto Mata Mayorga, se le reclaman $6,358.85 dólares. En total, son 15 irregularidades en depósitos bancarios, pago de préstamos hipotecarios, pago de tarjetas de crédito, compra de vehículos, entre otros, que no pudieron justificar.
