Judicial
Cámara ordena apertura de juicio contra implicados en lavado de dinero en caso Saca
La Fiscalía General de la República(FGR), dio a conocer este miércoles un nuevo giro en el proceso conocido como “Destape a la Corrupción II”, ya que los sobreseimientos definitivos emitidos a favor de 10 imputados acusados de Lavado de Dinero quedaron sin efecto por disposición de una Cámara.
El caso implica a Óscar Edgardo Mixco Sol, hermano de la exprimera dama, Ana Ligia Mixco Sol de Saca; José Antonio Armando Lemus Zelaya, Gerardo Antonio Funes Durán, Sonia Guadalupe Morales de Reyes, María Emma Suazo Canjura, Ángel José Montoya Morales, Oswaldo Octavio Orantes Marenco, Julio Roberto Zamora Bolaños y José Antonio Lemus Zaldívar, todos acusados por Lavado de dinero y activos.
Mientras que Milton Romeo Avilés Cruz, por el delito de Casos especiales del delito de encubrimiento.
El grupo especializado contra la impunidad de la FGR dio a conocer la resolución pronunciada por la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro, en la cual se sustenta y fundamenta de manera detallada el planteamiento jurídico que respalda la decisión de los magistrados.
La Cámara determinó que existen suficientes elementos de juicio sobre la existencia del delito de lavado de dinero y activos, así como de la participación de cada uno de los imputados en los hechos atribuidos.
Esta valoración no fue hecha por el Juez Séptimo de Instrucción, tras desarrollar la audiencia preliminar en junio del año 2019 y cuya resolución fue conocida hasta septiembre de ese mismo año.
«El Juez no realizó un análisis a través del cual desacreditara todos los elementos de prueba aportados por Fiscalía, es decir, todos los informes relacionados a que el Ente ‘Dirección de Proyectos’, no existió bajo la administración del expresidente Elías Antonio Saca González, ya que los imputados no tuvieron una relación laboral ni contractual con Casa Presidencial, como también que ninguno fue autorizado por las instituciones respectivas para la apertura de cuentas bancarias para el manejo de fondos públicos, y el que hayan tenido el manejo de los fondos que ingresaron ilegítimamente a sus cuentas bancarias», se fundamenta en dicha acta.
«Si el juez no desacreditó de manera específica todos y cada uno de estos elementos de prueba ofrecidos por la Fiscalía, significa que continúan teniendo fuerza probatoria indiciaria mientras no se acrediten como prueba en el Juicio o se descarten, y en ese orden, lo que resulta, es que existen elementos de prueba de cargo y descargo, que motivan el paso del proceso a la etapa plenaria, en donde se vaciarán las pruebas, de carácter contradictorio, y será un Tribunal de Sentencia, quien determine a quien le asiste la razón», se agrega.
Resolución
Este martes se instaló en el Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María el juicio contra tres ex altos mandos militares salvadoreños, acusados del asesinato de cuatro periodistas holandeses durante una emboscada ocurrida el 17 de marzo de 1982, en plena guerra civil.
Se trata del primer juicio con jurado en el país por crímenes de guerra, y marca un hito en los esfuerzos de justicia transicional en El Salvador.
Los imputados son José Guillermo García, exministro de la Defensa (91 años); Francisco Morán, exdirector de la extinta Policía de Hacienda (93); y Mario Adalberto Reyes Mena, excomandante de la Cuarta Brigada de Infantería en Chalatenango (85). Según las investigaciones, los tres habrían tenido participación directa o conocimiento previo del ataque perpetrado en el caserío La Lomona, jurisdicción de Santa Rita.
Las víctimas —Koos Jacobus Andries Koster, Jan Cornelius Kuiper Joop, Hans Lodewijk Ter Laag y Hohannes Jan Wilemsen— trabajaban para la televisora holandesa Ikon TV. El día de su asesinato se dirigían hacia un campamento guerrillero del FMLN, con el propósito de realizar un reportaje sobre el conflicto armado salvadoreño. Fueron emboscados y ejecutados mientras eran guiados por miembros del movimiento insurgente.
El caso fue reabierto en 2018, luego de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993, que había protegido durante décadas a responsables de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado.
La Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas, en su informe de 1993, concluyó que el crimen fue resultado de «una emboscada planificada» por el coronel Reyes Mena, con el conocimiento de otros mandos militares.
Durante la apertura del juicio, se leyeron declaraciones de familiares de las víctimas. Saskia ter Laag, hermana de Hans Lodewijk, expresó su esperanza de que, más de cuatro décadas después, finalmente se conozca la verdad:
“Para mí y para mis seres queridos, lo más importante es obtener la respuesta a la pregunta: ¿Por qué motivo tuvieron que ser ejecutados?”, dijo.
El juicio es observado de cerca tanto por organizaciones nacionales como internacionales, que consideran este proceso un paso decisivo para romper la impunidad que ha rodeado los crímenes de la guerra civil salvadoreña.
Luis René Rivera González enfrenta cargos por feminicidio agravado, acusado de haber asesinado a su compañera de vida a golpes en la cabeza y posteriormente incinerar el cuerpo para intentar ocultar el crimen, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El hecho ocurrió el pasado 13 de marzo en un terreno baldío ubicado sobre la carretera a Punta Mango, en el caserío La Vaca, cantón El Zope, distrito de Jucuarán, Usulután.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, tras cometer el homicidio, Rivera González regresó a su vivienda en Chirilagua, San Miguel, y minutos más tarde volvió a la escena del crimen para prender fuego al cadáver.
La desaparición de la víctima fue reportada por familiares el 21 de abril. Gracias a las diligencias realizadas por la FGR, el cuerpo fue localizado el 30 de abril. La institución también señaló que la mujer había sido víctima de un ciclo de violencia por parte del acusado.
Rivera González fue capturado mediante orden administrativa el 15 de mayo. La FGR ha solicitado al Juzgado de Paz de Chirilagua que el proceso avance a la etapa de instrucción con régimen de detención provisional mientras continúan las investigaciones.
Judicial
Mujer es acusada de homicidio agravado por la muerte de su pareja y otro hombre en San Miguel
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un requerimiento ante el Juzgado Tercero de Paz de San Miguel en contra de Dilcia Alejandra Navarro Umaña, acusada del delito de homicidio agravado en perjuicio de dos hombres, entre ellos su compañero de vida.
Según el informe fiscal, los hechos ocurrieron luego de una reunión en la que Navarro Umaña, su pareja sentimental, de 39 años, y un amigo de ambos, compartían bebidas alcohólicas. Durante el encuentro surgió una discusión que continuó cuando los tres se trasladaron a la vivienda de la pareja.
“Al llegar a la casa, los dos hombres comenzaron a pelear. En ese momento, la mujer tomó un cuchillo e hirió de gravedad a ambos. Una tercera persona que intentó intervenir resultó con lesiones leves”, detalló la FGR en su comunicado oficial.
La pareja de Navarro Umaña falleció en el lugar a causa de dos heridas en el tórax y una en el cuello, mientras que el otro hombre fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde murió la mañana del 19 de mayo mientras recibía atención médica.
El Ministerio Público ha solicitado al juzgado que se decrete detención provisional contra la acusada y que el caso pase a la fase de instrucción, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
