Judicial
Cámara Ambiental condena a Orestes Ortez por permitir daño ambiental durante gestión del FMLN
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia encontró culpable al exministro de Agricultura y Ganadería, Orestes Ortez, por permitir daños al medio ambiente durante su gestión al frente de la institución de gobierno.
Ortez estuvo a la cabeza del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) durante la gestiones de Mauricio Funes y Sánchez Cerén.
Junto a Ortez fue procesada, también, la exministra de Medio Ambiente, Lina Pohl, por permitir daños ambientales en el cerro El Aguila de Ahuachapán,
«El proceso fue absolutorio para la licencia Lina Pohl y condenatorio para el licenciado Orestes Ortez (…) dos de los tres magistrados consideran que quien tiene más especificas las obligaciones de cuidado de la zona forestal es el MAG y no el MARN», señaló el abogado de Pohl.
El abogado de Ortez indicó que ingresarán un recurso, ya que según él el daño ambiental fue realizado en una área privada y no del estado.
La Asociación Ecológica para Acción y Protección del Medio Ambiente “Tierra Verde” (Aeproterra), interpuso la demanda civil por la tala indiscriminada de árboles.
Según la demanda de la ONG, el área afectada es un aproximado de 14 manzanas, que se encuentran entre el límite de los municipios de Juayúa, Sonsonate y Chalchuapa.
El cerro El Águila, tiene diversas propiedades privadas y asentamientos humanos, asimismo una parte de este fue declarado en el año 2005 como Área Natural Protegida (publicado en el Diario Oficial tomo 366 año 2005).
Según Aeproterra, el potencial de la zona natural son los mantos acuíferos, asimismo, habitaban 27 especies de mamíferos, como el zorrillo espalda blanca y el tepezcuintle, dos especies protegidas y fueron afectadas 71 clases de aves, varias de estas en peligro de extinción.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que María Antonia Preza fuera condenada a 30 años de cárcel por el homicidio agravado de una bebé recién nacida.
Según las investigaciones, en marzo de 2024, Preza dio a luz en una fosa séptica y no informó a nadie sobre el parto, procediendo a limpiar la escena para eliminar evidencias.
Tres días después, familiares hallaron el cuerpo de la bebé y notificaron a las autoridades. La autopsia reveló que la menor respiró al nacer y murió posteriormente por asfixia debido a la aspiración de heces.
