Judicial
Cámara Ambiental condena a Orestes Ortez por permitir daño ambiental durante gestión del FMLN

La Cámara Ambiental de Segunda Instancia encontró culpable al exministro de Agricultura y Ganadería, Orestes Ortez, por permitir daños al medio ambiente durante su gestión al frente de la institución de gobierno.
Ortez estuvo a la cabeza del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) durante la gestiones de Mauricio Funes y Sánchez Cerén.
Junto a Ortez fue procesada, también, la exministra de Medio Ambiente, Lina Pohl, por permitir daños ambientales en el cerro El Aguila de Ahuachapán,
«El proceso fue absolutorio para la licencia Lina Pohl y condenatorio para el licenciado Orestes Ortez (…) dos de los tres magistrados consideran que quien tiene más especificas las obligaciones de cuidado de la zona forestal es el MAG y no el MARN», señaló el abogado de Pohl.
El abogado de Ortez indicó que ingresarán un recurso, ya que según él el daño ambiental fue realizado en una área privada y no del estado.

La Asociación Ecológica para Acción y Protección del Medio Ambiente “Tierra Verde” (Aeproterra), interpuso la demanda civil por la tala indiscriminada de árboles.
Según la demanda de la ONG, el área afectada es un aproximado de 14 manzanas, que se encuentran entre el límite de los municipios de Juayúa, Sonsonate y Chalchuapa.
El cerro El Águila, tiene diversas propiedades privadas y asentamientos humanos, asimismo una parte de este fue declarado en el año 2005 como Área Natural Protegida (publicado en el Diario Oficial tomo 366 año 2005).
Según Aeproterra, el potencial de la zona natural son los mantos acuíferos, asimismo, habitaban 27 especies de mamíferos, como el zorrillo espalda blanca y el tepezcuintle, dos especies protegidas y fueron afectadas 71 clases de aves, varias de estas en peligro de extinción.
Judicial
Condenan a 10 mareros por atacar a dos hombres por su corte de cabello
Judicial
Decretan instrucción contra King Flyp, acusado de expresiones de violencia contra las mujeres

Foto: Cortesía
Los hechos por los cuales es procesado ocurrieron el 6 de junio de 2025
El Juzgado Octavo de Paz de San Salvador decretó la continuación a la etapa de instrucción del caso penal contra Marvin Ulises Martínez León, mejor conocido en redes sociales como King Flyp, acusado del delito de expresiones de violencia contra las mujeres, previsto y sancionado en el artículo 55, literal C y E de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), en perjuicio de una víctima con régimen de protección.
Durante la audiencia, el juzgado determinó que existen indicios probatorios suficientes sobre la existencia del delito y la probable participación del procesado, motivo por el cual se ordenó que el caso continúe en la etapa de instrucción ante un juzgado LEIV.
Como medida cautelar, se le impusieron medidas sustitutivas a la detención, entre ellas: la prohibición de no acercarse a la víctima por cualquier medio y la obligación de presentarse cada 20 días ante el juzgado especializado LEIV.
Los hechos que motivan el proceso, ocurrieron el 6 de junio de 2025. Por tratarse de un delito contra una mujer, la relación circunstanciada de los hechos permanece bajo reserva total.
Judicial
Conductor enfrentará proceso judicial tras accidente que dejó lesionados a dos policías en Soyapango

Rolando Boanergues L. L., de 31 años, fue presentado en audiencia inicial ante el Juzgado Cuarto de Paz de Soyapango por su presunta implicación en un accidente de tránsito que causó lesiones a dos agentes de la Policía Nacional Civil.
Según la Fiscalía, el hecho ocurrió en el kilómetro 4 de la carretera de Oro, a la altura del puente San José, cuando el imputado habría invadido el carril contrario e impactado con una motocicleta en la que se transportaban los agentes. Las víctimas recibieron incapacidades médicas de hasta ocho días.
La jueza ordenó que el caso pase a conocimiento de un Juzgado de Tránsito de San Salvador y otorgó medidas sustitutivas a la detención, entre ellas la prohibición de salir del país o de su lugar de residencia y la obligación de presentarse cada 30 días ante el tribunal.