Judicial
Cabecilla de la MS que coordinaba crímenes para la pandilla entre El Salvador y Estados Unidos enfrenta juicio
El fiscal general de la república, Rodolfo Delgado informó que este día, por medio de una audiencia virtual, será juzgado Armando Eliú Melgar Díaz, alias Blue, un cabecilla de la MS que planificaba varios de los asesinatos cometidos por la pandilla.
«Hoy, será juzgado Armando Eliú Melgar Diaz, alias Blue de gangster. Este líder criminal de la MS pagará por los delitos cometidos, contra los salvadoreños», publicó el funcionario en su cuenta de Twitter.
Según la Fiscalía, Melgar Díaz era el encargado de coordinar delitos y reportar las operaciones de la clica Gangsters Locos Salvatruchos, del Programa East Coast de la MS entre El Salvador y Estados Unidos.
Hoy, será juzgado Armando Eliú Melgar Diaz, alias Blue de gangster.
— Rodolfo Delgado (@FiscalGeneralSV) October 21, 2022
Este líder criminal de la MS pagará por los delitos cometidos, contra los salvadoreños. pic.twitter.com/npARK4Zxkm
«El Blue migró hacia Estados Unidos a los 13 años y se involucró en la pandilla de la MS13 en Virginia, fue deportado en el 2013 y continuó delinquiendo en El Salvador. A finales de ese mismo año viajó ilegalmente a EE.UU. para reincorporarse a la clica», detalló la Fiscalía.
Melgar Díaz fue deportado nuevamente en el 2016 para seguir ordenando delitos desde El Salvador. Según las autoridades, el marero era el responsable de recibir y distribuir dinero para fortalecer a las estructuras de la MS en el país.
Melgar Díaz, era un «corredor de programa» y bajo su mando estaban, entre 2016 y 2018, 21 clicas de la MS13. El área de dominio de este terrorista, abarcaba desde el estado de Massachusetts, en el noreste, hasta Carolina del Norte en el sur, pasando por los estados de Maryland, Virginia, Rhode Island y Nueva York en la costa este, y se extendía hacia el oeste y el sur a Texas, Ohio y Tennessee.
En Estados Unidos, es acusado por ordenar el homicidio de Nayeli Guzmán, una menor de 14 años, quien fue asesinada final de mayo de 2018, por Anderson Ernesto Mejía Ventura, un pandillero que entonces tenía 17 años.
#CombateAPandillas I El Blue migró hacia Estados Unidos a los 13 años y se involucró en la pandilla de la MS13 en Virginia, fue deportado en el 2013 y continuó delinquiendo en El Salvador. A finales de ese mismo año viajó ilegalmente a EE.UU. para reincorporarse a la clica.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 21, 2022
El cadáver de la menor apareció tres meses después en unos descampados al final de la calle Fuqua, en el sureste de Texas. La policía atribuyó el crimen a la MS13.
Melgar Díaz no participó en el asesinato como autor material, según las investigaciones de la policía estadounidense, pero fue él quien autorizó las muertes, como parte del código de conducta que rige en la MS13.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
