Judicial
Cabecilla de la MS que coordinaba crímenes para la pandilla entre El Salvador y Estados Unidos enfrenta juicio
El fiscal general de la república, Rodolfo Delgado informó que este día, por medio de una audiencia virtual, será juzgado Armando Eliú Melgar Díaz, alias Blue, un cabecilla de la MS que planificaba varios de los asesinatos cometidos por la pandilla.
«Hoy, será juzgado Armando Eliú Melgar Diaz, alias Blue de gangster. Este líder criminal de la MS pagará por los delitos cometidos, contra los salvadoreños», publicó el funcionario en su cuenta de Twitter.
Según la Fiscalía, Melgar Díaz era el encargado de coordinar delitos y reportar las operaciones de la clica Gangsters Locos Salvatruchos, del Programa East Coast de la MS entre El Salvador y Estados Unidos.
Hoy, será juzgado Armando Eliú Melgar Diaz, alias Blue de gangster.
— Rodolfo Delgado (@FiscalGeneralSV) October 21, 2022
Este líder criminal de la MS pagará por los delitos cometidos, contra los salvadoreños. pic.twitter.com/npARK4Zxkm
«El Blue migró hacia Estados Unidos a los 13 años y se involucró en la pandilla de la MS13 en Virginia, fue deportado en el 2013 y continuó delinquiendo en El Salvador. A finales de ese mismo año viajó ilegalmente a EE.UU. para reincorporarse a la clica», detalló la Fiscalía.
Melgar Díaz fue deportado nuevamente en el 2016 para seguir ordenando delitos desde El Salvador. Según las autoridades, el marero era el responsable de recibir y distribuir dinero para fortalecer a las estructuras de la MS en el país.
Melgar Díaz, era un «corredor de programa» y bajo su mando estaban, entre 2016 y 2018, 21 clicas de la MS13. El área de dominio de este terrorista, abarcaba desde el estado de Massachusetts, en el noreste, hasta Carolina del Norte en el sur, pasando por los estados de Maryland, Virginia, Rhode Island y Nueva York en la costa este, y se extendía hacia el oeste y el sur a Texas, Ohio y Tennessee.
En Estados Unidos, es acusado por ordenar el homicidio de Nayeli Guzmán, una menor de 14 años, quien fue asesinada final de mayo de 2018, por Anderson Ernesto Mejía Ventura, un pandillero que entonces tenía 17 años.
#CombateAPandillas I El Blue migró hacia Estados Unidos a los 13 años y se involucró en la pandilla de la MS13 en Virginia, fue deportado en el 2013 y continuó delinquiendo en El Salvador. A finales de ese mismo año viajó ilegalmente a EE.UU. para reincorporarse a la clica.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 21, 2022
El cadáver de la menor apareció tres meses después en unos descampados al final de la calle Fuqua, en el sureste de Texas. La policía atribuyó el crimen a la MS13.
Melgar Díaz no participó en el asesinato como autor material, según las investigaciones de la policía estadounidense, pero fue él quien autorizó las muertes, como parte del código de conducta que rige en la MS13.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
