Judicial
Cabecilla autorizaba homicidios tras recibir y clasificar información en su celular
Según la Fiscalía, José Javier Molina Cruz es un cabecilla de una pandilla y dicen haber logrado establecer que recibía información en su celular de homicidios que clasificaba y autorizaba para que se ejecutaran.
El miércoles enfrentó la audiencia inicial en el Juzgado Especializado de Instrucción «A» de San Salvador acusado de agrupaciones terroristas en donde se le decretó detención provisional mientras siguen las investigaciones; además, se le vincula a la escalada de homicidios ocurridos entre el 24 y 27 de abril.
Las Fiscalía entregó a la jueza como prueba una serie de informes que obtuvo del celular del acusado, en los que presuntamente muestra que recibió, clasificó y autorizó la información de los homicidios que eran ejecutados por sus compinches.
«Es una investigación compleja y que nos ha llevado a obtener abundante elemento inicial de prueba con la cual podemos establecer que está muy vinculado a la reciente alza de homicidios que se generó en la segunda quincena de abril», explicó el fiscal del caso.
Las investigaciones de la Fiscalía establecen que Cruz, alias «Cliper», es un corredor (cabecilla) del programa «Libertad» de una clica que delinque en Santa Tecla.
El fiscal del caso aseguró que después de que la jueza le decretara detención provisional, en un plazo de cinco meses se podrá investigar y ampliar las pruebas para presentarlas en la audiencia preliminar.
Cruz fue capturado el domingo por agrupaciones ilícitas y se está recopilando más información de los otros pandilleros vinculados en los asesinatos.
La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.
Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.
Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.
Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.
La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.
Baltazar Rivera fue sentenciado a 12 años de prisión por haber agredido sexualmente a una niña desde que tenía cinco años. Los abusos se cometieron durante 2016 al 2020 en Sacacoyo, La Libertad Oeste, así lo dictó el Tribunal Primero de Sentencia de Sonsonate.
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, Rivera habitaba en el mismo terreno dónde vivía la víctima y cuando ella salía al sanitario, él la tomaba por la fuerza y la abusaba sexualmente. En otras ocasiones, la obligaba a entrar a su casa para agredirla.
El fiscal del caso informó que Rivera tenía medidas sustitutivas a la detención por orden judicial, sin embargo, durante el juicio fueron revocadas por el referido Tribunal, el cual ordenó su detención al condenarlo por el delito de agresión sexual en menor o incapaz en modalidad continuada.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
