Judicial
Apuñala a su excompañera de vida por negarse a volver a vivir con él
En el Juzgado 4° de Paz de Santa Ana está siendo procesado Santos Salvador “F”., de 36 años, por el delito de feminicidio imperfecto en contra de una mujer que fue su compañera de vida.
La víctima interpuso la denuncia el 7 de junio de 2020.
El requerimiento de la Fiscalía General de la República (FGR) establece que Santos Salvador F. ejercía violencia sobre su pareja y que ella llegó a naturalizar tanto la situación que no lo denunciaba.
A eso de la media noche del 17 de mayo de 2020, el sujeto le reclamó a Evelyn (nombre cambiado) debido a que sentía celos por ella; el problema creció durante todo ese día hasta que en la madrugada del siguiente, Santos Salvador enfureció y tomó a su pareja por el cuello con la intención de estrangularla.
La fuerza que ejerció el hombre hizo que la mujer perdiera el conocimiento durante unos minutos y cuando se levantó el agresor la amenazó con que no se llevara a los hijos, por lo que ella se fue de la casa sola.
El 7 de junio, Santos Salvador llegó junto con los niños a la casa donde Evelyn se estaba quedando a vivir, le pidió que los cuidara durante el día y cuando regresó en la noche le rogó para que volviera a vivir con ellos, pero ella se negó.
Ante la negativa de la víctima, Santos Salvador sacó una navaja de bolsillo, comenzaron a forcejear hasta que él la hirió en el costado derecho del tórax, en la mandíbula y en el brazo derecho.
Evelyn fue llevada al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) donde fue atendida y después interpuso, por fin, la denuncia contra el que fuera su pareja.
La Fiscalía, en conjunto con los agentes de Unidad Institucional de Atención Especializada a las Mujeres en Situación de Violencia (Odac), iniciaron las investigaciones que terminaron con la captura de hombre.
El ministerio público acusó a Santos Salvador de feminicidio imperfecto en contra de Evelyn en el Juzgado 4° de Paz de Santa Ana, donde el juez decidió enviar al señalado a la cárcel de manera temporal.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
