Judicial
Abogado interpone denuncia penal contra los exmagistrados Martín Rogel y Guillermo Arévalo por intentar impunidad a favor del exmagistrado Escalante
Tomado de La Noticia SV
El abogado Sergio Ernesto Portillo Toruño, interpuso denuncia penal por la comisión del delito de prevaricato, en contra de los exmagistrados Guillermo Domínguez y Martín Rogel, por resolver en contravención del interés superior de una niña y tratando de crear impunidad a favor del también exmagistrado, Eduardo Escalante.
El exmagistrado de la Cámara Tercera de lo Civil de San Salvador, Eduardo Jaime Escalante Díaz, fue sentenciado a 10 años de prisión por el delito de agresión sexual en menor incapaz en perjuicio de una niña de 10 años. Sin embargo, la sentencia fue resuelta por la Cámara Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia en el presente año 2022 y no por los exmagistrados Domínguez y Rogel, en el año 2019, quienes en primera instancia resolvieron en definitiva que los “tocamientos” efectuados por Escalante en la menor “no constituían” un delito sino una “falta” denominada “actos contrarios a las buenas costumbres y el decoro público” y no a un delito de agresión sexual.
En este sentido, el abogado Toruño afirmó que la denuncia va conforme a los hechos que son notorios y de conocimiento público “ya que son el resultado de circunstancias que por contener en el trasfondo una conducta “ignominiosa” cometida por un funcionario judicial de una “Alta Corte” en perjuicio de una menor de edad y como consecuencia de esto, el gravísimo proceder de los exmagistrados de la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro (Guillermo Arévalo Domínguez y Martín Rogel Zepeda) con el claro interés de producir impunidad en la conducta ilícita y reprochable del primero Escalante)”, comunicó.
Por ello, el abogado Toruño afirma que dichos actos son indicios suficientes para considerar que los exmagistrados han cometido una conducta de prevaricato previsto y sancionado en el art. 310 del Código Penal en perjuicio de la administración de Justicia, lo cual establece que:
“Art. 310.- El juez que a sabiendas dictare resolución contraria a la ley o fundada en hechos falsos, por interés personal o por soborno, será sancionado con prisión de tres a seis años e inhabilitación especial del cargo por igual tiempo. Si la sentencia fuere condenatoria, en proceso penal, la sanción será de tres a diez años de prisión. Se tendrá como prevaricato el hecho de que un magistrado juez o secretario, dirijan por sí o por interpósita persona al interesado o a las partes en juicio o diligencias que se sigan en el tribunal en el que desempeña sus funciones o en algún otro. Los que incurran en este delito serán sancionados con prisión de uno a tres años. El juez que, por negligencia o ignorancia inexcusable, dictare sentencia manifiestamente injusta, será sancionado con prisión de dos a cuatro años.”
Ante lo anterior expuesto, Toruño propone: que se requiera al Departamento de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia, el informe sobre la existencia de informativos disciplinarios tramitados en el periodo de noviembre de 2019 hasta el 31 de septiembre de 2021, en contra de los exmagistrados : Guillermo Arévalo Domínguez y Martín Rogel Zepeda, donde se detalle “la razón de la apertura del informativo, el estado del procedimiento y si se ha aplicado o no sanción en contra de los citados funcionarios judiciales”. También que se solicite a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, la certificación de la resolución pronunciada por dicho Tribunal, “dentro del incidente correspondiente al Recurso de Apelación (por tratarse de un caso de funcionario con fuero, en el que la citada Sala ejerce como segunda instancia), en el expediente judicial Ref. No. 3APE2019”.
De acuerdo a lo manifestado el abogado y notario, Sergio Toruño, requiere:
- Admitir el escrito en calidad de abogado y ciudadano en el que conta el aviso penal.
- Tener por señalados de forma específica como presuntos responsables de cometer el delito de PREVARICATO. “previsto y sancionado en el art. 310 Pn, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, a los (Ex) magistrados de la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro: Guillermo Arévalo Domínguez y Martín Rogel Zepeda”.
- Aperturar carpeta de investigación en contra de los exmagistrados señalados por suficientes pruebas que indican una conducta ilícita.
- Obtener la verdad formal del caso y que se alcance justicia por medio de la efectiva aplicación de la normal penal contra los infractores.
- Formulación correspondiente al requerimiento fiscal.
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Mauricio Edgardo Galán Martínez a 12 años de prisión por los delitos de uso y tenencia de documentación falsa, falsedad ideológica y estafa.
Además, el tribunal ordenó que Galán Martínez pague $35,000 en concepto de responsabilidad civil a la víctima del caso.
En el mismo proceso, Karla Elizabeth Erazo de Urrutia fue declarada culpable del delito de estafa y condenada a tres años de trabajos de utilidad pública, además de pagar $1,200 como reparación económica.
De acuerdo con la investigación, ambos implicados vendieron una propiedad ubicada en un condominio del lago de Coatepeque sin ser sus propietarios, utilizando documentos falsificados.
Los hechos ocurrieron en el año 2021, según informó la fuente judicial.
Judicial
Fiscalía reporta 1,090 condenas por violación y agresión sexual a menores en los primeros nueve meses del año
Entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2025, la Fiscalía General de la República ha logrado condenar a 1,090 personas por los delitos de violación y agresión sexual a menores de edad, superando ya las cifras de todo 2024 (1,077) y 2023 (875).
Según los datos oficiales, las condenas mensuales fueron: 117 en enero, 134 en febrero, 136 en marzo, 93 en abril, 124 en mayo, 126 en junio, 147 en julio, 95 en agosto y 118 en septiembre.
Entre los casos recientes destaca la condena del 9 de octubre contra los hermanos Edwin Emerson y Douglas Manuel Hernández Ramírez, sentenciados a 26 y 20 años de prisión, respectivamente, por abusar de una niña desde que tenía 8 años en San Juan Opico, La Libertad. Según la fiscal del caso, los imputados amenazaron a la víctima para mantener el abuso en secreto hasta 2022, cuando se presentó la denuncia.
En otro caso, el 7 de julio, Juan Carlos Pérez de Jesús fue condenado a 20 años de prisión por violar a una menor en 2023 en San Salvador, aprovechando que la víctima jugaba sola con otras niñas.
Las estadísticas también reflejan que entre enero y septiembre fueron capturadas en flagrancia 258 personas acusadas de violación y agresión sexual a menores, con un promedio mensual de 17 a 35 detenciones, según los reportes del ministerio público.
Estos resultados evidencian la labor constante de la Fiscalía en la persecución de delitos sexuales contra menores y el fortalecimiento de los procesos judiciales en el país.
