Judicial
Abogado interpone denuncia penal contra los exmagistrados Martín Rogel y Guillermo Arévalo por intentar impunidad a favor del exmagistrado Escalante
Tomado de La Noticia SV
El abogado Sergio Ernesto Portillo Toruño, interpuso denuncia penal por la comisión del delito de prevaricato, en contra de los exmagistrados Guillermo Domínguez y Martín Rogel, por resolver en contravención del interés superior de una niña y tratando de crear impunidad a favor del también exmagistrado, Eduardo Escalante.
El exmagistrado de la Cámara Tercera de lo Civil de San Salvador, Eduardo Jaime Escalante Díaz, fue sentenciado a 10 años de prisión por el delito de agresión sexual en menor incapaz en perjuicio de una niña de 10 años. Sin embargo, la sentencia fue resuelta por la Cámara Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia en el presente año 2022 y no por los exmagistrados Domínguez y Rogel, en el año 2019, quienes en primera instancia resolvieron en definitiva que los “tocamientos” efectuados por Escalante en la menor “no constituían” un delito sino una “falta” denominada “actos contrarios a las buenas costumbres y el decoro público” y no a un delito de agresión sexual.
En este sentido, el abogado Toruño afirmó que la denuncia va conforme a los hechos que son notorios y de conocimiento público “ya que son el resultado de circunstancias que por contener en el trasfondo una conducta “ignominiosa” cometida por un funcionario judicial de una “Alta Corte” en perjuicio de una menor de edad y como consecuencia de esto, el gravísimo proceder de los exmagistrados de la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro (Guillermo Arévalo Domínguez y Martín Rogel Zepeda) con el claro interés de producir impunidad en la conducta ilícita y reprochable del primero Escalante)”, comunicó.
Por ello, el abogado Toruño afirma que dichos actos son indicios suficientes para considerar que los exmagistrados han cometido una conducta de prevaricato previsto y sancionado en el art. 310 del Código Penal en perjuicio de la administración de Justicia, lo cual establece que:
“Art. 310.- El juez que a sabiendas dictare resolución contraria a la ley o fundada en hechos falsos, por interés personal o por soborno, será sancionado con prisión de tres a seis años e inhabilitación especial del cargo por igual tiempo. Si la sentencia fuere condenatoria, en proceso penal, la sanción será de tres a diez años de prisión. Se tendrá como prevaricato el hecho de que un magistrado juez o secretario, dirijan por sí o por interpósita persona al interesado o a las partes en juicio o diligencias que se sigan en el tribunal en el que desempeña sus funciones o en algún otro. Los que incurran en este delito serán sancionados con prisión de uno a tres años. El juez que, por negligencia o ignorancia inexcusable, dictare sentencia manifiestamente injusta, será sancionado con prisión de dos a cuatro años.”
Ante lo anterior expuesto, Toruño propone: que se requiera al Departamento de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia, el informe sobre la existencia de informativos disciplinarios tramitados en el periodo de noviembre de 2019 hasta el 31 de septiembre de 2021, en contra de los exmagistrados : Guillermo Arévalo Domínguez y Martín Rogel Zepeda, donde se detalle “la razón de la apertura del informativo, el estado del procedimiento y si se ha aplicado o no sanción en contra de los citados funcionarios judiciales”. También que se solicite a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, la certificación de la resolución pronunciada por dicho Tribunal, “dentro del incidente correspondiente al Recurso de Apelación (por tratarse de un caso de funcionario con fuero, en el que la citada Sala ejerce como segunda instancia), en el expediente judicial Ref. No. 3APE2019”.
De acuerdo a lo manifestado el abogado y notario, Sergio Toruño, requiere:
- Admitir el escrito en calidad de abogado y ciudadano en el que conta el aviso penal.
- Tener por señalados de forma específica como presuntos responsables de cometer el delito de PREVARICATO. “previsto y sancionado en el art. 310 Pn, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, a los (Ex) magistrados de la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro: Guillermo Arévalo Domínguez y Martín Rogel Zepeda”.
- Aperturar carpeta de investigación en contra de los exmagistrados señalados por suficientes pruebas que indican una conducta ilícita.
- Obtener la verdad formal del caso y que se alcance justicia por medio de la efectiva aplicación de la normal penal contra los infractores.
- Formulación correspondiente al requerimiento fiscal.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
