Judicial
12 integrantes de la MS en el oriente del país reciben altas condenas, entre los 275 y 123 años de prisión
“Hemos logrado una condena histórica en la zona oriental, contra 2 clicas de la MS, sumando más de 700 años de cárcel por homicidios, extorsiones, tráfico de droga, entre otros delitos graves, afirmó el Fiscal General de la República, Raúl Melara, después de la sentencia condenatoria contra los 12 miembros de la MS.
Una de las condenas más altas de 275 años de cárcel, se le impuso a Moisés de Jesús Aparicio, considerado cabecilla de uno de los grupos terroristas, Park View los Salvatruchos, por su participación en los delitos de Extorsión Agravada, varios Homicidios Agravados, Proposición y Conspiración en el delito de Homicidio y Organizaciones Terroristas.
El terrorista, Vicente Martínez Torres también recibió una pena de prisión de 198 años; Manuel Omar Valencia Mata purgará 145 años en la cárcel; y Luis Antonio Chávez Trejo 123 años.
A otros se les impusieron condenas de 123 años, y la mínima tres años, por Organizaciones Terroristas.
De acuerdo a las investigaciones realizadas por la Unidad Antiextorsiones de la oficina de San Miguel, esta estructura terrorista, junto con la clica Huntington, se dedicaban a delinquir en los municipios de San Jorge, San Rafael Oriente, Chinameca y San Miguel.
Los mareros exigían bajo amenazas a muerte, a diferentes sectores la entrega de entre 10 a 20 dólares quincenalmente.
Uno de los crímenes por los que fueron declarados responsables es el cometido contra María Candelaria Quintanilla, lesionada con múltiples disparos de arma de fuego el 22 de junio de 2016, en su casa de habitación en el caserío El Macho, cantón Zelaya del municipio de San Rafael Oriente.
Otro de los homicidios perpetrados es contra de un empleado de la Universidad de El Salvador de San Miguel, Máximo Eliseo Rivas Portillo, registrado el 31 de julio de 2016, en el barrio San Juan de San Rafael Oriente.
El juicio se desarrolló durante cuatro días, del 6 al 9 de octubre pasado en el Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel, pero el falo fue dado a conocer el viernes pasado en las primeras horas de la noche.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
