Judicial
12 años de prisión para pandilleros que pretendían “eliminar” a un testigo de sus crímenes
El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla instaló vista pública contra tres pandilleros acusados del delito de limitación a la libertad de circulación en perjuicio de la víctima protegida e identificada con la clave “Dolores Aguirre”.
Se trata de los imputados Manuel de Jesús Martínez Villafranco, Cristian Alberto Jiménez Rivas y Josué Jonathan Mejía Núñez, quienes pertenecen a una pandilla que opera en la zona de Ciudad Arce, La Libertad.
La víctima relató que los acusados llegaron a su casa de habitación la tarde del 13 de agosto de 2018 y le dijeron que le daban “24 horas para que abandonara su casa o de lo contrario lo matarían a él y a su familia”.
Explicó que además de las amenazas verbales, le hicieron seña con las manos indicando que le cortarían el cuello si no cumplía la orden, por lo que tuvo que abandonar su casa un día después, es decir el 14 de agosto de ese año.
Las amenazas contra la víctima clave “Dolores Aguirre” se produjo debido a que él fue testigo en un caso de homicidio en el que participaron estos mismos pandilleros y según la acusación querían evitar que este rindiera testimonio en el caso.
Un joven de 18 años enfrenta una detención provisional tras intentar vender una motocicleta robada, sin la documentación correspondiente, a su verdadero propietario.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, César Iván H. adquirió la motocicleta el 23 de diciembre del año pasado por 600 dólares, sin realizar los trámites legales necesarios. Posteriormente, el 11 de enero, publicó el vehículo en la plataforma de Marketplace por 700 dólares.
El joven recibió el interés de un supuesto comprador y acordaron llevar a cabo la transacción en Soyapango. Sin embargo, durante la entrega, el comprador resultó ser el dueño legítimo de la motocicleta, quien había denunciado el robo y estaba trabajando con la Policía para recuperar su vehículo.
Como resultado de esta situación, César Iván H. fue detenido por las autoridades, quienes continúan investigando el caso.
La Fiscalía General de la República expuso al Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador los alegatos finales en el juicio del exalcalde de la capital Ernesto Muyshondt y tres exfuncionarios por retener $5,492,588.48 de cuotas laborales.
Los fiscales hicieron una síntesis de cada uno de los elementos de prueba que durante el juicio fueron presentados y que a su juicio establece la participación de cada uno de los imputados.
Para Muyshondt, los fiscales pidieron condena de 22 años por incumplimiento de deberes y apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias.
Mientras que, 14 años para el exdirector de Finanzas de la alcaldía, Santos Omar Muñoz González, a quien le atribuyen apropiación y retención de cuotas laborales en perjuicio 45 trabajadores de la municipalidad e incumplimiento de deberes.
La Fiscalía solicitó 20 años para el extesorero, Fernando Heriberto Portillo Linares, procesado de apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias, apropiación y retención de cuotas laborales e incumplimiento de deberes.
Mientras que para para Francisco José Rivera Chacón, señalado de apropiación indebida de retenciones tributarias, los fiscales pidieron 16 años.
La Fiscalía le expresó al tribunal que los testigos presentados fueron contundentes en manifestar la conducta dolosa de retener y apropiarse de los fondos.
Se mencionó que la directora de Finanzas y la pagadora de Desechos Sólidos, declararon que a través de correos electrónicos pidieron que se transfirieran los fondos para pagar las cuotas previsionales, pero Portillo Linares incumplió los procedimientos administrativos para el desembolso del dinero.
El ministerio público pidió a los jueces que se valore los documentos donde evidencia que a los empleados les hicieron las retenciones, pero nunca llegaron los desembolsos para pagar a diversas entidades, entre ellas las AFP e instituciones bancarias.
Rosa Lilian Hidalgo fue declarada culpable de abusar de un adolescente de 14 años de edad en el distrito de Conchagua, La Unión Sur.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó en las últimas horas que la mujer fue condenada a 20 años de prisión.
El informe fiscal revela que Hidalgo se aprovechó de la confianza que existía y abusó del adolescente en varias ocasiones.
Dichos abusos fueron cometidos entre los meses de diciembre de 2023 y enero de 2024, hasta que un familiar de la víctima denunció lo que sucedía.
