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Judicial

Inicialmente empleados de Alcadía de San Salvador fueron acusados de extorsión ahora son acusados por amenazas

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Dos empleados de la alcaldía de San Salvador fueron acusados de extorsión, pero el juez de instrucción decidió cambiar el caso por amenazas. Posteriormente, el juez de Sentencia avaló una conciliación.

Los empleados amenazaron a la mujer que le habían prestado $400 y se valieron de la necesidad económica de la mujer a quien tras conseguirle un préstamo terminaron extorsionando bajo amenaza de muerte.

Cuando Katerin (nombre modificado por seguridad) fue despedida de su trabajo y se quedó sin dinero para suplir las necesidades de sus hijas buscó ayuda en Rudifram A., un amigo de más de 20 años que trabajaba en la alcaldía de San Salvador, y que le consiguió un préstamo de $400 con Rafael S., un compañero de trabajo que también era usurero.

En septiembre del 2017, Katerin se encontró con Rudifram y entre los temas que hablaron estuvo el de las dificultades económicas que ella atravesaba y para las cuales no encontraba ninguna salida.

Fue en ese momento que el hombre le comentó a su amiga sobre un prestamista que la podía ayudar, no obstante, le advirtió que tendría que pagarle el 20% mensual en interés, algo que la interesada aceptó sin pensarlo.

El acuerdo

Tres días después de la reunión, la víctima recibió el dinero, esto pese a que se negó a firmar un documento en el que detectó irregularidades como la falta de firma y sello de un notario, intereses elevados y sobre todo que el nombre del prestamista era una mujer que, según las explicaciones del hombre, era la esposa de Rafael. 

La insistencia de Rudifram y la necesidad de la misma Katerin la llevaron a cerrar el trato; pero únicamente de manera verbal fijando como plazo el mes de octubre para que la deuda fuera saldada.

Tal como se acordó de palabra, la ofendida pagó el préstamo en octubre; pero para su sorpresa su amigo le notificó que el interés pasó a ser del 40% por lo que la deuda seguía pendiente.

No tener un documento firmado vulneró a la mujer a quien los empleados de la comuna le exigían $600, cantidad que terminó pagando sin saber que este sería el inicio de una extorsión.

La extorsión

Para enero de 2018, Rudifram se presentó frente a la casa de Katerin y no precisamente para saludarla, ya que se limitó a decirle: “No sabes con quien te estas metiendo y no sabes lo que te puede pasar a vos y a tu familia”.

El acoso de los imputados continuó, la mujer recibió mensajes de texto de Rafael quien con prepotencia le dijo que debía de pagarle $700 de los cuales $200 eran para pagarles a unos pandilleros que la tenían vigilada.

 “La verdad es que estoy sin trabajo y estoy viendo como hago para darle el dinero. No tengo ni para la comida”, contestó la angustiada la mujer quien recibió como respuesta: “Esas son cosas que no me interesan”.

La ofendida se armó de valor y acudió a una delegación de la Policía Nacional Civil (PNC) para interponer la denuncia en contra de sus extorsionistas que le ordenaron llevar el dinero a la entrada de la octava etapa de Metocentro.

Rudifram llegó a recoger el dinero a bordo de un vehículo propiedad de la alcaldía capitalina, policías encubiertos lo capturaron y le decomisaron varios celulares y dinero en efectivo. Horas más tarde fue capturado Rafael.

El 17 de enero del 2019, el Juzgado Primero de Sentencia de San Salvador desarrolló el juicio donde ambas partes acordaron una conciliación económica que también implica que los imputados no se acercaran a la víctima durante cuatro años.

Nota original de El Salvador Times.

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314 años de cárcel para estructura que asesinó a profesora y policía

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Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.

De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.

A Luis Alonso Mejía Hernández, quien se encargaba de transportar a los miembros de la estructura hacia los lugares donde se cometerían los hechos, fue sentenciado a 192 años, por robo agravado y agrupaciones ilícitas.

Mientras que a Moisés Antonio Rivera y Aurelio Wilfredo Vásquez, el juez los condenó a 177 y 166 años de prisión, respectivamente, los otros 34 recibieron diversas penas por los mismos delitos.

La red de asaltantes y homicidas fue desarticulada la madrugada del 25 de octubre de 2022, tras una investigación de varios meses que fiscales y policías realizaron a la compleja banda que tenía una logística en todo el país para ejecutar los atracos entre enero de 2019 a mayo de 2021.

Los imputados tenían estrategias criminales hasta para descifrar los montos de dinero que los usuarios de los bancos retiraban de los cajeros automáticos (ATM).

Lograban determinar cuando una persona retiraba considerables sumas de dinero, se apostaban cerca de los ATM y según el sonido que se generaba al momento de procesarse el retiro los integrantes de la banda perfilaban a ese usuario y tras darle vigilancia y seguimiento, lo interceptaban y despojaban de los fondos, si la víctima se oponía, era asesinada.

A un agente de la PNC, lo asesinaron el 19 de mayo de 2019, en San Juan Nonualco, departamento de La Paz. Había retirado $1,500 de una agencia bancaria de ese distrito, producto de préstamo bancario.

También el 22 de mayo de 2021, asesinaron a una profesora que había salido de una agencia bancaria en Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, la siguieron para robarle $2,600 y como se opuso al asalto, le dieron un disparo en la cabeza.

Testimonios de víctimas fueron parte de la prueba que la Fiscalía General de la República presentó para probar los robos y casos de homicidio, mientras que en las agrupaciones ilícitas se acreditó que los miembros tenían asignada una función específica para consumar los hechos.

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22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.

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José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.

Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.

Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.

La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.

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Sujeto acusado de violación es condenado a 14 años de cárcel

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Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.

Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.

Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.

La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.

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