Judicial
Inicialmente empleados de Alcadía de San Salvador fueron acusados de extorsión ahora son acusados por amenazas
Dos empleados de la alcaldía de San Salvador fueron acusados de extorsión, pero el juez de instrucción decidió cambiar el caso por amenazas. Posteriormente, el juez de Sentencia avaló una conciliación.
Los empleados amenazaron a la mujer que le habían prestado $400 y se valieron de la necesidad económica de la mujer a quien tras conseguirle un préstamo terminaron extorsionando bajo amenaza de muerte.
Cuando Katerin (nombre modificado por seguridad) fue despedida de su trabajo y se quedó sin dinero para suplir las necesidades de sus hijas buscó ayuda en Rudifram A., un amigo de más de 20 años que trabajaba en la alcaldía de San Salvador, y que le consiguió un préstamo de $400 con Rafael S., un compañero de trabajo que también era usurero.
En septiembre del 2017, Katerin se encontró con Rudifram y entre los temas que hablaron estuvo el de las dificultades económicas que ella atravesaba y para las cuales no encontraba ninguna salida.
Fue en ese momento que el hombre le comentó a su amiga sobre un prestamista que la podía ayudar, no obstante, le advirtió que tendría que pagarle el 20% mensual en interés, algo que la interesada aceptó sin pensarlo.
El acuerdo
Tres días después de la reunión, la víctima recibió el dinero, esto pese a que se negó a firmar un documento en el que detectó irregularidades como la falta de firma y sello de un notario, intereses elevados y sobre todo que el nombre del prestamista era una mujer que, según las explicaciones del hombre, era la esposa de Rafael.
La insistencia de Rudifram y la necesidad de la misma Katerin la llevaron a cerrar el trato; pero únicamente de manera verbal fijando como plazo el mes de octubre para que la deuda fuera saldada.
Tal como se acordó de palabra, la ofendida pagó el préstamo en octubre; pero para su sorpresa su amigo le notificó que el interés pasó a ser del 40% por lo que la deuda seguía pendiente.
No tener un documento firmado vulneró a la mujer a quien los empleados de la comuna le exigían $600, cantidad que terminó pagando sin saber que este sería el inicio de una extorsión.
La extorsión
Para enero de 2018, Rudifram se presentó frente a la casa de Katerin y no precisamente para saludarla, ya que se limitó a decirle: “No sabes con quien te estas metiendo y no sabes lo que te puede pasar a vos y a tu familia”.
El acoso de los imputados continuó, la mujer recibió mensajes de texto de Rafael quien con prepotencia le dijo que debía de pagarle $700 de los cuales $200 eran para pagarles a unos pandilleros que la tenían vigilada.
“La verdad es que estoy sin trabajo y estoy viendo como hago para darle el dinero. No tengo ni para la comida”, contestó la angustiada la mujer quien recibió como respuesta: “Esas son cosas que no me interesan”.
La ofendida se armó de valor y acudió a una delegación de la Policía Nacional Civil (PNC) para interponer la denuncia en contra de sus extorsionistas que le ordenaron llevar el dinero a la entrada de la octava etapa de Metocentro.
Rudifram llegó a recoger el dinero a bordo de un vehículo propiedad de la alcaldía capitalina, policías encubiertos lo capturaron y le decomisaron varios celulares y dinero en efectivo. Horas más tarde fue capturado Rafael.
El 17 de enero del 2019, el Juzgado Primero de Sentencia de San Salvador desarrolló el juicio donde ambas partes acordaron una conciliación económica que también implica que los imputados no se acercaran a la víctima durante cuatro años.
Nota original de El Salvador Times.
El Juzgado Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a 17 años de cárcel a Josué Eduardo Platero Mina, acusado de asesinar a su pareja, José Antonio Hernández Paz, en medio de una discusión por supuestas infidelidades.
El crimen ocurrió a inicios de enero de 2024 en el cantón El Matazano, distrito de San Juan Opico, en el departamento de La Libertad. Platero Mina, quien tenía 20 años al momento de los hechos, atacó a la víctima con golpes y un arma blanca, según determinó la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).
Las autoridades señalaron que la noche del 31 de diciembre de 2023, Platero Mina llegó a la vivienda de Hernández Paz alrededor de las 11:00 p. m., pero se retiró sin previo aviso. Luego, Hernández Paz le comunicó que llegaría a su casa más tarde. Testigos afirmaron que ambos discutieron en al menos dos ocasiones antes del homicidio.
Según la FGR, Platero Mina golpeó e hirió con arma blanca a Hernández Paz y posteriormente arrojó su cuerpo cerca de la quebrada conocida como cuesta Los Conacastes, en el mismo cantón. El cadáver fue localizado el 2 de enero por un ciudadano que recolectaba leña en la zona.
Tras ser identificado como principal sospechoso, Platero Mina fue detenido por el delito de resistencia, mientras las investigaciones continuaban. Durante un registro en su vivienda, las autoridades encontraron en una fosa séptica el teléfono, la cartera y los documentos personales de la víctima, además del arma utilizada en el crimen.
Con base en estas evidencias, la Fiscalía formalizó la acusación por homicidio simple. El tribunal validó los elementos presentados y emitió la condena contra el imputado.
Judicial
Motorista que condujo en sentido contrario y amenazó con un corvo es condenado a trabajo comunitario
Hugo Antonio Flores Rivas, motorista de la ruta 106, fue condenado a un año de prisión por el delito de conducción peligrosa de vehículos automotores, luego de ser captado en video manejando en sentido contrario sobre una carretera en el departamento de La Libertad Oeste.
El hecho ocurrió el pasado 27 de abril en la vía que conduce hacia Quezaltepeque. En las imágenes que circularon en redes sociales, se observa a Flores Rivas conduciendo de forma temeraria. Al notar que estaba siendo grabado, el imputado sacó un arma blanca tipo corvo y amenazó al ciudadano que lo filmaba.
Tras la difusión del video, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una acusación formal ante el tribunal correspondiente. Durante la audiencia preliminar, el procesado aceptó los hechos y se sometió a un procedimiento abreviado, lo que permitió al juez imponer una pena alternativa.
En lugar de cumplir el año de cárcel, la pena fue sustituida por trabajo de utilidad pública, medida contemplada en la legislación salvadoreña para ciertos delitos y bajo condiciones específicas. Las autoridades no precisaron en qué consistirán las labores comunitarias que deberá realizar el condenado.
El Tribunal de Sentencia de Cojutepeque condenó a Nefthaly Adonay Muñoz Pérez y Fredy Antonio Hidalgo Azucena a 20 años de cárcel por el delito de extorsión agravada contra un comerciante en el departamento de Cuscatlán.
Según informó la Fiscalía General de la República, los imputados amenazaban de muerte a la víctima para obligarla a entregar dinero de forma mensual, además de mercadería que comercializaba. “La coacción en la entrega de dinero y productos, así como la falta de utilidades en su negocio, obligaron a la víctima a cerrar su única fuente de ingresos”, explicó el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Santa Cruz Michapa entre diciembre de 2022 y 2023. Las investigaciones establecieron que ambos sujetos exigían pagos regulares como parte de su actividad delictiva.
Esta es la segunda condena por extorsión que enfrentan los acusados. En febrero de este mismo año, ya habían sido sentenciados a 15 años de prisión por extorsionar a otra víctima.
Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas documentales, testimoniales y periciales que permitieron al tribunal declarar culpables a los dos acusados.
