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Judicial

Inicialmente empleados de Alcadía de San Salvador fueron acusados de extorsión ahora son acusados por amenazas

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Dos empleados de la alcaldía de San Salvador fueron acusados de extorsión, pero el juez de instrucción decidió cambiar el caso por amenazas. Posteriormente, el juez de Sentencia avaló una conciliación.

Los empleados amenazaron a la mujer que le habían prestado $400 y se valieron de la necesidad económica de la mujer a quien tras conseguirle un préstamo terminaron extorsionando bajo amenaza de muerte.

Cuando Katerin (nombre modificado por seguridad) fue despedida de su trabajo y se quedó sin dinero para suplir las necesidades de sus hijas buscó ayuda en Rudifram A., un amigo de más de 20 años que trabajaba en la alcaldía de San Salvador, y que le consiguió un préstamo de $400 con Rafael S., un compañero de trabajo que también era usurero.

En septiembre del 2017, Katerin se encontró con Rudifram y entre los temas que hablaron estuvo el de las dificultades económicas que ella atravesaba y para las cuales no encontraba ninguna salida.

Fue en ese momento que el hombre le comentó a su amiga sobre un prestamista que la podía ayudar, no obstante, le advirtió que tendría que pagarle el 20% mensual en interés, algo que la interesada aceptó sin pensarlo.

El acuerdo

Tres días después de la reunión, la víctima recibió el dinero, esto pese a que se negó a firmar un documento en el que detectó irregularidades como la falta de firma y sello de un notario, intereses elevados y sobre todo que el nombre del prestamista era una mujer que, según las explicaciones del hombre, era la esposa de Rafael. 

La insistencia de Rudifram y la necesidad de la misma Katerin la llevaron a cerrar el trato; pero únicamente de manera verbal fijando como plazo el mes de octubre para que la deuda fuera saldada.

Tal como se acordó de palabra, la ofendida pagó el préstamo en octubre; pero para su sorpresa su amigo le notificó que el interés pasó a ser del 40% por lo que la deuda seguía pendiente.

No tener un documento firmado vulneró a la mujer a quien los empleados de la comuna le exigían $600, cantidad que terminó pagando sin saber que este sería el inicio de una extorsión.

La extorsión

Para enero de 2018, Rudifram se presentó frente a la casa de Katerin y no precisamente para saludarla, ya que se limitó a decirle: “No sabes con quien te estas metiendo y no sabes lo que te puede pasar a vos y a tu familia”.

El acoso de los imputados continuó, la mujer recibió mensajes de texto de Rafael quien con prepotencia le dijo que debía de pagarle $700 de los cuales $200 eran para pagarles a unos pandilleros que la tenían vigilada.

 “La verdad es que estoy sin trabajo y estoy viendo como hago para darle el dinero. No tengo ni para la comida”, contestó la angustiada la mujer quien recibió como respuesta: “Esas son cosas que no me interesan”.

La ofendida se armó de valor y acudió a una delegación de la Policía Nacional Civil (PNC) para interponer la denuncia en contra de sus extorsionistas que le ordenaron llevar el dinero a la entrada de la octava etapa de Metocentro.

Rudifram llegó a recoger el dinero a bordo de un vehículo propiedad de la alcaldía capitalina, policías encubiertos lo capturaron y le decomisaron varios celulares y dinero en efectivo. Horas más tarde fue capturado Rafael.

El 17 de enero del 2019, el Juzgado Primero de Sentencia de San Salvador desarrolló el juicio donde ambas partes acordaron una conciliación económica que también implica que los imputados no se acercaran a la víctima durante cuatro años.

Nota original de El Salvador Times.

Judicial

Exdiputada de ARENA, Silvia Ostorga, es demandada por enriquecimiento ilícito junto a su familia

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La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una demanda por enriquecimiento ilícito contra Silvia Estela Ostorga de Escobar, exdiputada propietaria de la Asamblea Legislativa por el partido ARENA. La acción judicial también alcanza a su esposo, Marco Tulio Escobar Méndez, y a su hija, Katherine Tatiana Escobar Ostorga.

La investigación se originó tras una resolución de la Corte Suprema de Justicia que detectó indicios de enriquecimiento no justificado durante los tres períodos legislativos de Ostorga (2012-2015, 2015-2018 y 2018-2021). De acuerdo con el Ministerio Público, se le atribuyen 40 irregularidades financieras que suman $4,287,490.91, incluyendo depósitos bancarios, compras de vehículos, pagos de tarjetas de crédito y préstamos bancarios.

A su cónyuge se le señalan 25 irregularidades por un monto de $520,465.96, también vinculadas a movimientos bancarios, adquisición de bienes y manejo de créditos. En el caso de su hija, se reporta un depósito bancario de $2,000 cuyo origen no fue justificado.

La FGR solicita que los acusados restituyan los fondos al Estado y ha pedido a la Cámara de lo Civil que inhabilite a la exlegisladora para ejercer cargos públicos durante 10 años, conforme a la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.

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Judicial

FGR entrega a Eluzur Rumpler a autoridades de Israel por abuso contra menores

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La Fiscalía General de la República (FGR) entregó ayer miércoles a Eluzur Rumpler, ciudadano con doble nacionalidad estadounidense e israelí, solicitado por el Estado de Israel por delitos de abuso y violencia contra menores y violación a orden legal.

Según informó el Ministerio Público, Rumpler está acusado en Israel de maltratar a estudiantes en centros educativos donde se desempeñó como director.

Tras cometer los hechos, el imputado huyó, pero fue detenido el 30 de diciembre en la frontera entre Guatemala y El Salvador, gracias a una notificación roja emitida por INTERPOL.

Las autoridades salvadoreñas detallaron que Rumpler pertenece a la secta judía ultraortodoxa Lev Tahor, conocida por sus prácticas extremas y lesivas hacia sus propios miembros.

Antes de su entrega a Israel, la Fiscalía salvadoreña verificó que el hombre no tuviera procesos judiciales pendientes en El Salvador.

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Judicial

Localizan restos de joven desaparecido en 2020; pandilleros enfrentan juicio por el crimen

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La Fiscalía General de la República (FGR) informó este miércoles que, en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), localizaron restos humanos en un cementerio clandestino ubicado en el municipio de Nuevo Cuscatlán, departamento de La Libertad.

Según las autoridades, los restos corresponden a un joven de 24 años que fue privado de libertad en abril de 2020 y posteriormente asesinado por miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), específicamente de las clicas Teclas Locos Salvatruchos (TLS) y Ayagualos Locos Salvatruchos.

Los presuntos responsables ya enfrentan juicio por este hecho. El procedimiento de exhumación fue autorizado por el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador. Fiscales y agentes policiales continúan trabajando en el sitio para recolectar evidencia que respalde el proceso judicial.

La localización del cuerpo fue posible gracias a diligencias de investigación desarrolladas como parte del combate a estructuras criminales.

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