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Ingeniero ligado al caso El Chaparral y ARENA está encargado del sistema informático del TSE
El encargado del sistema informático del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Eduardo Geovanny Lozano Navarrete, está vinculado al caso El Chaparral y se le ha señalado como un amigo cercano del magistrado nombrado por ARENA, Guillermo Wellman, según consta en documentos oficiales.
Este ingeniero figura como responsable de la obra, según los detalles del proyecto de construcción de la central hidroeléctrica El Chaparral, con fecha 29 de enero de 2019.
Este proyecto está bajo una trama de corrupción en la que el Gobierno de Mauricio Funes habría desviado más de 45 millones de dólares.
Además, Lozano Navarrete es asesor del magistrado Wellman, uno de los mayores defensores del sistema informático que experimentó fallas en un 93 % del proceso de transmisión de resultados durante el simulacro del domingo pasado, lo cual ha disparado las alarmas sobre un posible intento de fraude electoral.
Lozano Navarrete también es señalado como socio de negocios de Wellman, al contratar a compañías que no brindan servicios adecuados en el TSE, además de hacer tratos con empresas informáticas que aprovechan sus plataformas para hacer espionaje.
Uno de lo partidos que ha mostrado su preocupación por las deficiencias en el sistema informático del TSE es Nuevas Ideas, que ha solicitado una auditoría internacional a la plataforma de la entidad.
Wellman es uno de los magistrados que más ha insistido en asegurar que el día de la elección no habrá fraude, aun cuando no se lo preguntan periodistas o entrevistadores de distintos medios.
A este magistrado se le ha visto muy de cerca de su colega Guillermo Olivo, expresidente de ese organismo colegiado, quien fue nombrado por el FMLN y se ha declarado abiertamente opositor al Gobierno del presidente Nayib Bukele.
Este día, representantes del Sistema Nacional de Protección Civil, brindaron un balance de las emergencias que han atendido las instituciones de primera respuesta durante las vacaciones agostinas.
Por su parte, el Cuerpo de Bomberos ha atendido 17 emergencias durante el periodo del 1 al 5 de agosto, dos más que el año pasado en estas mismas fechas, según informó el director de la institución, Baltazar Solano.
El director de la entidad también explicó que han sido desplegados 800 bomberos operativos en todo el territorio nacional, para atender emergencias durante el periodo vacacional.
Solano resaltó que dentro del Plan Vacación también han priorizado las inspecciones en restaurantes, gasolineras y otros establecimientos, para constatar el cumplimiento de normas básicas y evitar incendios estructurales.
Mientras tanto, el director general de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, destacó que se han realizado 12 rescates acuáticos simples, de igual forma, dos más que el año pasado durante el mismo periodo de tiempo.
«Rescates profundos hay 19 en 2025, y en 2024 hubo 24. En total tenemos 31», informó Luis Alonso Amaya.
Finalmente, el director general de Protección Civil, Luis Alonso Amya, reporta que en el periodo de vacaciones hay registro de 161 lesionados en accidentes de tránsito, 16 fallecidos y 33 detenciones por conducción peligrosa.
Durante siete meses han estado vigentes diferentes reformas legislativas que han establecieron la intolerancia al delito de la conducción peligrosa, con el propósito de evitar accidentes de tránsito, lesionados o muertes.
El 20 de diciembre de 2024, la Asamblea Legislativa aprobó reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con el propósito de prohibir que los motoristas de cualquier vehículo ingieran licor, cualquier tipo de sustancia o medicamentos que puedan afectar la capacidad de conducir. En esa misma línea se incrementaron las multas.
Con el propósito de robustecer las leyes en ese tema, la Asamblea Legislativa también aprobó un pliego de reformas al Código Penal, propuestas por el Ejecutivo, en el sentido se incrementen las condenas por el delito de conducción peligrosa. Se estableció una condena de 2 a 5 años, por el delito de conducción peligrosa cuando el percance es con un vehículo liviano; y de 5 a 10 años, si el accidente es con transporte público o pesado.
Ese mismo día, la Asamblea también reformó al Código Procesal Penal para garantizar la justicia para las víctimas de percances viales y sus familiares.
Desde que se aprobaron estas medidas han transcurrido siete meses, tiempo en que las autoridades de transporte han reportado una reducción de casos de conducción peligrosa.
El viceministro de transporte, Nelson Reyes, aseguró en una conferencia que «hay una reducción de alrededor del 10 % de disminución de personas detenidas por conducción peligrosa, si lo comparamos con 2024, desde el 1 de enero a la fecha».
La remoción de más de 20 árboles fue parte de las emergencias atendidas ayer por la noche, a raíz de las fuertes tormentas ocurridas en el municipio de Cuscatlán Norte, informó el gobernador de Cuscatlán, Eduardo Alas.
La mayoría de árboles caídos se reportó en el distrito de Suchitoto, y para la intervención se activó toda la comisión departamental de Protección Civil que está en función del monitoreo y atención de eventualidades, detalló el funcionario.
«En conjunto con la municipalidad de Cuscatlán Norte, coordinamos para enviar los equipos para atender las emergencias», añadió Alas, quien afirmó que se trabaja de forma articulada en los territorios.
Los árboles cayeron sobre calles y carreteras, por lo que era de urgencia retirarlos para garantizar el paso y la seguridad en las vías, indicó.
Por otra parte, la alcaldía de Cuscatlán Sur informó que un árbol de gran tamaño también cedió ante las lluvias, quedando sobre la calle principal al barrio Nuevo, en la ciudad de San Ramón.
A las labores de remoción que realizó personal del distrito se sumaron elementos del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM), que tras los trabajos despejaron la vía restableciendo el paso que había quedado completamente bloqueado.
