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Hacienda cuestiona la no fiscalización de los $191 millones usados por las alcaldías para atender la pandemia
El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, dijo que las actuaciones de la Corte de Cuentas de la República (CCR) podrían tener criterio político, pues de momento no han auditado los fondos que han recibido las municipalidades.
“Se le han entregado $191 millones a las alcaldías y ninguno de ellos ha rendido cuentas de cómo han usado esos fondos”, aseguró Zelaya, durante la Entrevista AM de Canal 10.
El titular de Hacienda explicó que se trata de fondos públicos, por lo que la población debería conocer cómo se han utilizado los $191 millones. A la fecha, sin embargo, ninguna institución contralora de fondos ha presentado informes al respecto, dijo.
En este caso, debería ser la Corte de Cuentas de la República quien se tendría de encargar de este tema, sin embargo, lo que han hecho fue enviar auditores señalados por limpiar informes de auditoría del caso El Chaparral para investigar los fondos o movimientos realizados en el Ministerio para atender la pandemia por Covid-19, indicó Zelaya.
“No estoy criticando a la Corte de Cuentas como institución, pero los magistrados como tal, quienes dirigen la institución creo que están actuando con criterio político”, aseguró el ministro de Hacienda.
Al final, según la voluntad de los diputados de la Asamblea, las alcaldías hubieran recibido cerca de $366 millones, pero esto habría sido un desfalco para la población salvadoreña, sobre todo, cuando falta cerca de un mes para las próximas elecciones de alcaldes y diputados, detalló Zelaya. “Me parece que es un tema para usarlos durante las elecciones”.
El ecosistema tecnológico salvadoreño continúa expandiéndose con el lanzamiento oficial de AuthenticDoc, una plataforma de firmas digitales desarrollada sobre el protocolo descentralizado Nostr y diseñada para cumplir plenamente con la normativa nacional de firma electrónica. Su propuesta apunta a establecer un nuevo estándar de seguridad y autenticidad criptográfica en documentos y contratos, en un contexto global marcado por los desafíos de verificación que plantean la inteligencia artificial y la centralización de datos.
Fabián Vleer, cofundador de AuthenticDoc, explicó que su llegada a El Salvador hace tres años fue determinante para impulsar esta iniciativa. «He estado en el espacio tecnológico por mucho tiempo. Soy bitcoiner, entiendo la tecnología descentralizada y entiendo dónde está el mundo hoy», afirmó.
Su trayectoria incluye desarrollo de software en Australia y un profundo entendimiento de los riesgos de privacidad y manipulación presentes en plataformas centralizadas.
Roberto Funes, pandillero de la MS-13, recibió una condena de 14 años de cárcel por el delito de organizaciones terroristas.
Este sujeto operaba en distintos sectores del distrito El Rosario, municipio La Paz Centro.
La fiscalía ha logrado individualizar la participación de Funes en varios crímenes y actos terroristas, por los cuales también será condenado y se le sumarán años a esta condena recibida.
A siete años de prisión fueron condenados tres hermanos traficantes de personas, quienes por $40,000, prometieron llevar a Estados Unidos, a dos víctimas con régimen de protección.
Al finalizar la vista pública, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, emitió un fallo de responsabilidad penal para Marvin Orlando, José Daniel y Luis Antonio, los tres de apellido Dueñas Fuentes.
El juez los condenó en calidad de prófugos, ya que en la fase de instrucción los declararon rebeldes, por el delito de tráfico ilegal de personas, tras una investigación que inició por denuncia de las personas afectadas.
Además de los años de cárcel, el tribunal ordenó que deben pagar $21,600 a cada una de las víctimas en concepto de responsabilidad civil.
Las dos personas denunciantes, declararon que contactaron a los hermanos Dueñas Fuentes, uno de ellos residentes en Estados Unidos, con el fin de acordar el viaje de manera irregular hacia ese país.
En las pesquisas se detalla que las dos víctimas comenzaron el viaje el 17 de octubre de 2022 y que tras llegar a Estados Unidos, fueron deportadas hacia México en dos ocasiones.
A raíz de lo ocurrido, los imputados exigieron más dinero y las amenazaron con entregarlas a los cárteles mexicanos si no pagaban, ante esa amenaza las personas tomaron la decisión de regresarse a El Salvador por sus propios medios.
