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Hacienda cuestiona la no fiscalización de los $191 millones usados por las alcaldías para atender la pandemia
El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, dijo que las actuaciones de la Corte de Cuentas de la República (CCR) podrían tener criterio político, pues de momento no han auditado los fondos que han recibido las municipalidades.
“Se le han entregado $191 millones a las alcaldías y ninguno de ellos ha rendido cuentas de cómo han usado esos fondos”, aseguró Zelaya, durante la Entrevista AM de Canal 10.
El titular de Hacienda explicó que se trata de fondos públicos, por lo que la población debería conocer cómo se han utilizado los $191 millones. A la fecha, sin embargo, ninguna institución contralora de fondos ha presentado informes al respecto, dijo.
En este caso, debería ser la Corte de Cuentas de la República quien se tendría de encargar de este tema, sin embargo, lo que han hecho fue enviar auditores señalados por limpiar informes de auditoría del caso El Chaparral para investigar los fondos o movimientos realizados en el Ministerio para atender la pandemia por Covid-19, indicó Zelaya.
“No estoy criticando a la Corte de Cuentas como institución, pero los magistrados como tal, quienes dirigen la institución creo que están actuando con criterio político”, aseguró el ministro de Hacienda.
Al final, según la voluntad de los diputados de la Asamblea, las alcaldías hubieran recibido cerca de $366 millones, pero esto habría sido un desfalco para la población salvadoreña, sobre todo, cuando falta cerca de un mes para las próximas elecciones de alcaldes y diputados, detalló Zelaya. “Me parece que es un tema para usarlos durante las elecciones”.
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Identifican a los 3 socorristas de Cruz Roja fallecidos tras brutal choque en la carretera Litoral
La familia de Cruz Roja Salvadoreña se encuentra de luto tras el fallecimiento de tres de sus miembros en un fatal percance de tránsito.
Los miembros de Cruz Roja perdieron la vida después que volcara el microbús en el que viajaban.
El terrible accidente sucedió en el kilómetro 74 de la carretera Litoral, Santa Cruz Porrillo, departamento de San Vicente.
Los fallecidos fueron identificados como Sandra Nohemy Benítez, presidenta de la seccional de Cruz Roja La Unión; Josué Álvarez Rodríguez, socorrista; y Wilfredo Bonilla, coordinador de socorrismo.
Los fallecidos regresaban de participar en la prueba “El Paso del Hombre” cuando el conductor del microbús perdió el control del vehículo y volcó dejando el fatal saldo.
Esta tarde, la Fiscalía General de la República dio a conocer que el exalcalde y exdiputado Roberto d’Aubuisson fue condenado por enriquecimiento ilícito y deberá restituir $450,729.39 al Estado.
Según el fallo, no logró justificar su incremento patrimonial durante sus gestiones como diputado (2012-2015) y alcalde de Santa Tecla (2015-2021), registrando 82 irregularidades en sus declaraciones.
Además, la resolución también declara culpable a su grupo familiar, quienes deberán devolver: su esposa Jackeline de d’Aubuisson $511,247.72, su hija Johanna d’Aubuisson $12,939.87 y su hijo Roberto d’Aubuisson $15,480.00.
Por último, el exfuncionario queda inhabilitado para ejercer cargos públicos por 10 años, según la Cámara Ambiental de Santa Tecla
El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra Óscar David Deleon Portillo, de 26 años, acusado del delito de acoso a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, contemplado en la Ley Especial Contra Delitos Informáticos y Conexos, en perjuicio de una víctima.
Los hechos presentados en la audiencia inicial, el pasado 11 de marzo de 2026 un miembro de la Policía Nacional Civil destacado en la delegación Sur de San Salvador se encontraba en las duchas comunes de los dormitorios cuando notó la presencia de un teléfono celular que estaba grabando por encima de la división entre los baños.
Al percatarse de la situación, el agente reaccionó de inmediato y logró identificar a la persona que realizaba la grabación, reconociendo al ahora procesado, quien se desempeñaba como personal de mantenimiento en la delegación policial.
Según el informe presentado en sede judicial, la víctima solicitó el teléfono celular al sospechoso y al revisarlo constató la presencia de los videos en la galería del dispositivo.
La acusación también sostiene que en el teléfono habría otros videos presuntamente relacionados con policías, los cuales formarían parte de los elementos bajo análisis dentro del proceso.
Durante la audiencia inicial, la jueza consideró que existen indicios suficientes sobre la posible existencia del delito y la probable participación del imputado, por lo que ordenó que el caso continúe a la etapa de instrucción con la medida de detención provisional mientras avanzan las investigaciones.
