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Hacienda cuestiona la no fiscalización de los $191 millones usados por las alcaldías para atender la pandemia
El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, dijo que las actuaciones de la Corte de Cuentas de la República (CCR) podrían tener criterio político, pues de momento no han auditado los fondos que han recibido las municipalidades.
“Se le han entregado $191 millones a las alcaldías y ninguno de ellos ha rendido cuentas de cómo han usado esos fondos”, aseguró Zelaya, durante la Entrevista AM de Canal 10.
El titular de Hacienda explicó que se trata de fondos públicos, por lo que la población debería conocer cómo se han utilizado los $191 millones. A la fecha, sin embargo, ninguna institución contralora de fondos ha presentado informes al respecto, dijo.
En este caso, debería ser la Corte de Cuentas de la República quien se tendría de encargar de este tema, sin embargo, lo que han hecho fue enviar auditores señalados por limpiar informes de auditoría del caso El Chaparral para investigar los fondos o movimientos realizados en el Ministerio para atender la pandemia por Covid-19, indicó Zelaya.
“No estoy criticando a la Corte de Cuentas como institución, pero los magistrados como tal, quienes dirigen la institución creo que están actuando con criterio político”, aseguró el ministro de Hacienda.
Al final, según la voluntad de los diputados de la Asamblea, las alcaldías hubieran recibido cerca de $366 millones, pero esto habría sido un desfalco para la población salvadoreña, sobre todo, cuando falta cerca de un mes para las próximas elecciones de alcaldes y diputados, detalló Zelaya. “Me parece que es un tema para usarlos durante las elecciones”.
En el marco del proyecto presidencial Dos Escuelas por Día, la Dirección de Obras Municipales (DOM) inició la remodelación del Centro Escolar Cantón La Morita, en el distrito de San Jorge, en San Miguel Oeste
Este proyecto tiene el propósito de crear condiciones apropiadas para que niñas y niños abran su primera puerta hacia la educación y la superación, a través del desarrollo de sus capacidades cognitivas, emocionales y sociales.
Las obras se ejecutan en un área de 1,267.24 metros cuadrados, donde se intervienen seis módulos, 9 aulas desde parvularia hasta noveno grado, servicios sanitarios, oficinas administrativas, escenario, salón de usos múltiples y laboratorio de informática.
«El aula de parvularia tendrá a su interior sanitario infantil, ducha y lavamanos, también bodega para materiales educativos y externamente, área de juegos lúdicos», dió a conocer la DOM.
También, el proyecto incluye la construcción de un módulo que será exclusivo para cocina y comedor. Además como obras complementarias se construirá una cisterna con su cuarto de bombeo, 3 pozos de absorción, una fosa séptica, área de caminamiento, cambio de piso, puertas y ventanas, techo termoacústico, reparación de paredes, pintura y nuevos acabados, iluminación LED e Internet gratis.
Este proyecto no solo mejorará la infraestructura escolar de más de 200 estudiantes, sino que también generará empleo local, contribuyendo a la reactivación de la economía familiar.
Esta se convierte en la octava escuela en ser intervenida por la Dirección de Obras Municipales en el departamento de San Miguel, en el marco del proyecto presidencial.
Sandra Yamileth Amaya Morales fue condenada a seis años de cárcel y a pagar $ 4,000 en concepto de responsabilidad civil por cometer el delito de apropiación indebida de vehículo automotor, en San Miguel.
En la investigación, la Fiscalía General de la República (FGR) determinó que el el 20 de julio de 2022 la víctima le compró el vehículo a Amaya Morales por un monto de $8,000.
Luego de la compra, Amaya Morales se aprovechó de la amistad que tenía con la víctima y el 20 de octubre del mismo año le pidió prestado el vehículo para realizar unas diligencias personales.
«El vehículo se lo entregó (a la procesada) y cuando la víctima quiso registrar el vehículo a su nombre, le informaron que la imputada había vendido el vehículo a otra persona», dice el reporte fiscal.
Los hechos ocurrieron en el cantón Valle Alegre del distrito de San Miguel y la condena fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel.
Un empleado de la alcaldía de Morazán Sur falleció la tarde del pasado viernes en un supuesto accidente laboral ocurrido en la planta de desechos sólidos ubicada en San Francisco Gotera.
El hombre fue identificado como José David Membreño, quien se desempeñaba en el área de recolección de desechos de la oficina distrital de Osicala. La Policía Nacional Civil (PNC) acudió a la planta de Desechos Sólidos para realizar las respectivas indagaciones del caso.
Por su parte, la alcaldía lamentó la pérdida de Membreño, a quien reconocían por su esfuerzo y dedicación; sin embargo, la alcaldía no brindó información sobre los hechos de su fallecimiento.
«Recordaremos siempre su esfuerzo, humildad y dedicación en las labores de aseo y ordenanza pública, trabajo que realizaba con compromiso al servicio de nuestra gente», dice la nota de duelo de la comuna
