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Gobierno sigue garantizando el acceso a los salvadoreños a la vacuna anti-COVID-19
El Plan Nacional de Vacunación anti-COVID-19 en El Salvador, iniciado el pasado 17 de febrero, sigue avanzando a paso firme, gracias al trabajo articulado de las distintas instituciones que conforman el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, que tiene como objetivo inmunizar a 4.5 millones de ciudadanos.
El Megacentro de Vacunación, habilitado en el Hospital El Salvador y que fue inaugurado el 12 de abril, juega un rol esencial en la estrategia de inmunización y ha permitido ampliar la cifra de dosis aplicadas diariamente.
Este viernes continuaron desarrollándose las jornadas de inmunización en los 162 puntos autorizados y en el Megacentro de Vacunación, lugares donde desde muy tempranas horas llegaron los adultos mayores de 60 años y personas con enfermedades crónico degenerativas no controladas que tenían agendadas sus citas para hoy.
Al igual que la ciudadanía, los funcionarios de Gobierno y políticos del país están cumpliendo con todos los pasos establecidos para que la población en general acceda al fármaco contra el COVID-19. Este día, el presidente del Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (Proesa), Salvador Gómez, llegó al punto de vacunación del Hospital El Salvador para que se le aplicara su primera dosis.
Gómez instó a la ciudadanía a no temer a la vacuna y aprovechar esta oportunidad que el Gobierno salvadoreño ha puesto a disposición de todos, ya que solo así obtendrán protección ante esta enfermedad y se podrá superar la pandemia.
“Un trato especial para todo el mundo. Uno se puede dar cuenta que lo que dice el Presidente Bukele es cierto, tratan a todo el mundo igual”, manifestó sobre la atención de calidad que brinda todo el personal de Salud y el equipo interinstitucional que colabora en la logística de la estrategia de inmunización.
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Diputado del PCN, Francisco Merino, recibe la vacuna contra el COVID-19
El diputado del Partido de Conciliación Nacional (PCN), Francisco Merino, también llegó al Megacentro de Vacunación para iniciar su proceso de inmunización. Él reconoció que la iniciativa es “admirable” y que está llevándose a cabo de forma sumamente ordenada.
Además, señaló la importancia de la vacunación para frenar el avance de la pandemia, la cual, dijo, ha logrado controlarse en el país, gracias a las medidas efectivas y oportunas puestas en marcha por el Presidente Bukele.
Como ellos, miles de salvadoreños acudieron a recibir su primera dosis contra el coronavirus. Alicia Cárcamo Ortiz, de 73 años, es una de las personas que no dudó en responder al llamado para vacunarse gratuitamente y agradeció por todas las acciones que el Gobierno está ejecutando en beneficio de los sectores más vulnerables.
“Cómo no me la voy a poner (la vacuna), talvez los ricos no quieren, y ya que mi Presidente me la regala. Aquí la atención es de calidad ¡Qué hospital más bello nos hizo el Presidente! (…) Él es bien inteligente, Dios le da gran inteligencia”, opinó la septuagenaria que fue atendida en el Megacentro de Vacunación.
El Presidente Bukele informó que en la jornada de vacunación del jueves se aplicaron 49,441 dosis; de ellas, 8,244 solo en el centro habilitado en el Hospital El Salvador. Con esto, la cifra de salvadoreños que ya recibieron el fármaco contra el COVID-19 asciende a 410,810.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
