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Gobierno sigue garantizando el acceso a los salvadoreños a la vacuna anti-COVID-19
El Plan Nacional de Vacunación anti-COVID-19 en El Salvador, iniciado el pasado 17 de febrero, sigue avanzando a paso firme, gracias al trabajo articulado de las distintas instituciones que conforman el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, que tiene como objetivo inmunizar a 4.5 millones de ciudadanos.
El Megacentro de Vacunación, habilitado en el Hospital El Salvador y que fue inaugurado el 12 de abril, juega un rol esencial en la estrategia de inmunización y ha permitido ampliar la cifra de dosis aplicadas diariamente.
Este viernes continuaron desarrollándose las jornadas de inmunización en los 162 puntos autorizados y en el Megacentro de Vacunación, lugares donde desde muy tempranas horas llegaron los adultos mayores de 60 años y personas con enfermedades crónico degenerativas no controladas que tenían agendadas sus citas para hoy.
Al igual que la ciudadanía, los funcionarios de Gobierno y políticos del país están cumpliendo con todos los pasos establecidos para que la población en general acceda al fármaco contra el COVID-19. Este día, el presidente del Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (Proesa), Salvador Gómez, llegó al punto de vacunación del Hospital El Salvador para que se le aplicara su primera dosis.
Gómez instó a la ciudadanía a no temer a la vacuna y aprovechar esta oportunidad que el Gobierno salvadoreño ha puesto a disposición de todos, ya que solo así obtendrán protección ante esta enfermedad y se podrá superar la pandemia.
“Un trato especial para todo el mundo. Uno se puede dar cuenta que lo que dice el Presidente Bukele es cierto, tratan a todo el mundo igual”, manifestó sobre la atención de calidad que brinda todo el personal de Salud y el equipo interinstitucional que colabora en la logística de la estrategia de inmunización.
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Diputado del PCN, Francisco Merino, recibe la vacuna contra el COVID-19
El diputado del Partido de Conciliación Nacional (PCN), Francisco Merino, también llegó al Megacentro de Vacunación para iniciar su proceso de inmunización. Él reconoció que la iniciativa es “admirable” y que está llevándose a cabo de forma sumamente ordenada.
Además, señaló la importancia de la vacunación para frenar el avance de la pandemia, la cual, dijo, ha logrado controlarse en el país, gracias a las medidas efectivas y oportunas puestas en marcha por el Presidente Bukele.
Como ellos, miles de salvadoreños acudieron a recibir su primera dosis contra el coronavirus. Alicia Cárcamo Ortiz, de 73 años, es una de las personas que no dudó en responder al llamado para vacunarse gratuitamente y agradeció por todas las acciones que el Gobierno está ejecutando en beneficio de los sectores más vulnerables.
“Cómo no me la voy a poner (la vacuna), talvez los ricos no quieren, y ya que mi Presidente me la regala. Aquí la atención es de calidad ¡Qué hospital más bello nos hizo el Presidente! (…) Él es bien inteligente, Dios le da gran inteligencia”, opinó la septuagenaria que fue atendida en el Megacentro de Vacunación.
El Presidente Bukele informó que en la jornada de vacunación del jueves se aplicaron 49,441 dosis; de ellas, 8,244 solo en el centro habilitado en el Hospital El Salvador. Con esto, la cifra de salvadoreños que ya recibieron el fármaco contra el COVID-19 asciende a 410,810.
La prolonganción de esta herramienta legal fue avalada con los votos de 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, que consideraron válidos los argumentos planteados por el Órgano Ejecutivo al solicitar la extensión por 30 días, entre esos que «existen intentos de reorganización de grupos criminales».
En el decreto se expone que las autoridades recientemente capturaron a sujetos que tenían la aspiración de formar y operar pandillas cerca de los centros escolares, o sus entornos, a través de acciones como la «intimidación, reclutamiento y promoción de actividades ilícitas».
Agrega que el contexto regional demanda de atención especial, debido a que se «ha elevado y acelerado la actuación criminal en distintos países de la región, particularmente en la República de Guatemala».
Se subraya que «estos acontecimientos evidencian un incremento progresivo de la actividad de las pandillas en la región, y ponen en riesgo la paz, el orden y la seguridad en El Salvador».
Durante la discusión de la iniciativa, en la sesión plenaria 95, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó el respaldo de los diputados que han acompañado el proyecto de seguridad del presidente Bukele, desde el 27 de marzo de 2022, cuando se aprobó por primera vez el régimen de excepción con «votos que están cambiando la vida de los salvadoreños».
Castro añadió que el clima de seguridad permite que ahora los niños puedan jugar frente a sus casas, las comunidades recuperar sus canchas, entre otras actividades que se han retomado y han mejorado la convivencia.
Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas, puntualizó que en 2025 se registraron 82 homicidios a escala nacional, y todos fueron resueltos, alcanzando una tasa de efectividad del 100 %.
Agregó que antes nadie se preocupaba los homicidios y quedaban en la impunidad «ahora hablamos con números y los números no mienten», detalló.
Con 54 votos el congreso autorizó ayer al Ministerio de Hacienda para que suscriba un contrato de préstamo, por $16.7 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El decreto aprobado permitirá al país recibir el denominado «segundo financiamiento adicional del Programa Crecer y Aprender Juntos, desarrollo de la primera infancia de El Salvador».
Dicho programa plantea el propósito de continuar mejorando las prácticas de enseñanza, educación y cuidado en la primera infancia a escala nacional, así como los ambientes físicos de aprendizaje de centros seleccionados de educación y primera infancia.
En el decreto aprobado se establece que el contrato que suscriba Hacienda, o quien designe, deberá someterse al aval posterior de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa del Ejecutivo, a través de Hacienda, fue ingresada ayer a la plenaria a través de modificación de agenda, en la que se solicitó su aprobación con dispensa de trámite.
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Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
