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Gobierno mantiene lucha contra la delincuencia para mejorar la seguridad en el país
Una guerra sin precedentes contra la delincuencia en El Salvador mantiene el Gobierno del Presidente Nayib Bukele con el propósito de generar seguridad y tranquilidad a la población.
La estrategia de seguridad implementada por el Gobierno se llama Plan Control Territorial, con la cual se ha fortalecido la operatividad de la Policía Nacional Civil (PNC).
Como resultado de ello, los policías han logrado incautar más de 3,500 armas de diferente calibre, desde el inicio la gestión del Presidente Bukele.
“Recientemente le dimos un duro golpe a un político traficante de armas. Lamentablemente la “justicia” de este país lo ha dejado suelto. ¿Quién sabe si algunas de estas armas decomisadas pasaron por sus manos? ¿Quién sabe cuánto daño pudieron haber hecho al país y a la gente?”, dijo el ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, en relación al proceso judicial iniciado en contra de los exministros de la Defensa Nacional, David Munguía Payés (actos arbitrarios, peculado, falsedad documental agravada) y José Atilio Benítez (Peculado), además contra el expresidente del partido ARENA, Carlos Gustavo Roberto López Davidson (Cómplice no necesario en el delito de peculado), y otros dos militares.
Las cifras entre el 1 de enero al 21 de agosto contabilizan 1,671 armas decomisadas. La Policía ha destacado un aumento en la incautación de armas automáticas.
El ecosistema tecnológico salvadoreño continúa expandiéndose con el lanzamiento oficial de AuthenticDoc, una plataforma de firmas digitales desarrollada sobre el protocolo descentralizado Nostr y diseñada para cumplir plenamente con la normativa nacional de firma electrónica. Su propuesta apunta a establecer un nuevo estándar de seguridad y autenticidad criptográfica en documentos y contratos, en un contexto global marcado por los desafíos de verificación que plantean la inteligencia artificial y la centralización de datos.
Fabián Vleer, cofundador de AuthenticDoc, explicó que su llegada a El Salvador hace tres años fue determinante para impulsar esta iniciativa. «He estado en el espacio tecnológico por mucho tiempo. Soy bitcoiner, entiendo la tecnología descentralizada y entiendo dónde está el mundo hoy», afirmó.
Su trayectoria incluye desarrollo de software en Australia y un profundo entendimiento de los riesgos de privacidad y manipulación presentes en plataformas centralizadas.
Roberto Funes, pandillero de la MS-13, recibió una condena de 14 años de cárcel por el delito de organizaciones terroristas.
Este sujeto operaba en distintos sectores del distrito El Rosario, municipio La Paz Centro.
La fiscalía ha logrado individualizar la participación de Funes en varios crímenes y actos terroristas, por los cuales también será condenado y se le sumarán años a esta condena recibida.
A siete años de prisión fueron condenados tres hermanos traficantes de personas, quienes por $40,000, prometieron llevar a Estados Unidos, a dos víctimas con régimen de protección.
Al finalizar la vista pública, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, emitió un fallo de responsabilidad penal para Marvin Orlando, José Daniel y Luis Antonio, los tres de apellido Dueñas Fuentes.
El juez los condenó en calidad de prófugos, ya que en la fase de instrucción los declararon rebeldes, por el delito de tráfico ilegal de personas, tras una investigación que inició por denuncia de las personas afectadas.
Además de los años de cárcel, el tribunal ordenó que deben pagar $21,600 a cada una de las víctimas en concepto de responsabilidad civil.
Las dos personas denunciantes, declararon que contactaron a los hermanos Dueñas Fuentes, uno de ellos residentes en Estados Unidos, con el fin de acordar el viaje de manera irregular hacia ese país.
En las pesquisas se detalla que las dos víctimas comenzaron el viaje el 17 de octubre de 2022 y que tras llegar a Estados Unidos, fueron deportadas hacia México en dos ocasiones.
A raíz de lo ocurrido, los imputados exigieron más dinero y las amenazaron con entregarlas a los cárteles mexicanos si no pagaban, ante esa amenaza las personas tomaron la decisión de regresarse a El Salvador por sus propios medios.
