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Gobierno exhorta a la población a cumplir con ley transitoria y así disminuir la cantidad de contagios por COVID-19 en el país
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele exhorta a la población en general a cumplir con el decreto legislativo 90, que contiene “Disposiciones especiales y transitorias de suspensión de concentraciones y eventos públicos y privados” por 90 días, tales como conciertos, espectáculos deportivos abiertos al público, fiestas patronales y mítines, que se establecen en el artículo 1.
Los titulares de los ministerios de Salud, Francisco Alabi, y de Turismo, Morena Valdez, así como la presidenta del Instituto Salvadoreño de Turismo, Eny Aguiñada, enfatizaron en el mensaje de que, el cumplimiento de esta ley; así como la implementación de los protocolos de bioseguridad en el resto de actividades cotidianas, permitirán la disminución de la cantidad de casos positivos por COVID-19 que se registran a diario.
“De esta manera avanzaremos en las acciones necesarias para disminuir la cantidad de casos que se ha visto a nivel mundial, regional y de país. Pasamos entre 125 y 170 casos, a más de 230. El 11 de julio se registraron 246 casos”, señaló el ministro Alabi. Al mismo tiempo agregó: “El cumplimiento de los protocolos no incrementa el riesgo de contagios por COVID-19. Esto permite que continúe siento viable la actividad económica”.
Por su parte, la ministra Valdez apuntó: “de nosotros depende” y añadió “vamos a estar vigilantes junto al Ministerio de Salud y el FOSALUD (Fondo Solidario para la Salud) de que los rubros cumplan con las medidas de bioseguridad, porque de eso dependerá que combatamos de mejor manera la situación. Todos debemos ser vigilantes”.
A medida avanzó la lucha contra la pandemia, el Gobierno del Presidente Nayib Bukele fue implementando acciones efectivas que han permitido al país ser reconocido por las organizaciones internacionales y salir adelante ante esta pandemia como el establecimiento de protocolos de bioseguridad y plan de vacunación.
Sobre esto último, el ministro envió una felicitación “a quienes se están vacunando”, así como a los empresarios que están dando incentivos por aplicarse la dosis del fármaco. “Son estrategias que generarán que los salvadoreños que no han recibido su vacuna, lo hagan”, añadió.
Alabi reforzó que las disposiciones sanitarias disminuirán en intensidad y en la cantidad de casos por COVID-19, y valoró que el decreto transitorio en cuestión “es la decisión más equilibrada para no afectar a la mayoría de los sectores”.
“Se busca no cerrar al país ni tomar una cuarentena, sino acciones que disminuyan los casos de COVID-19. Acciones equilibradas con el objetivo de salvaguardar la vida de la población”, amplió.
Finalmente, la ministra Valdez pidió a los empresarios de los sectores de comida, transporte y turismo, así como a la población en general, a no bajar la guardia en la implementación de los protocolos.
“Todas las actividades no incluidas en el artículo 1 deben cumplir con las medidas de bioseguridad, nosotros somos responsables de cumplirlas”, dijo.
“Pedimos al sector que cumpla, debemos usar la mascarilla, tener higiene, distanciamiento social, ya se tienen todos los protocolos de bioseguridad, solo así podremos salir juntos de esto” , puntualizó.
Una pareja fue sorprendida la noche de este viernes realizando actos indebidos en las inmediaciones del centro comercial Metrocentro, en San Salvador.
Según la denuncia difundida en redes sociales, el hecho ocurrió en un horario de alta afluencia, cuando numerosas personas transitaban por la zona tras salir de cenas, actividades religiosas y reuniones familiares.
La situación generó múltiples reacciones entre los usuarios, algunos de los cuales comentaron el incidente con referencias al próximo concierto de Shakira programado para este sábado. No obstante, el suceso provocó molestia e indignación entre quienes se encontraban en el lugar al momento de lo ocurrido.
Un menor de edad falleció y al menos tres personas resultaron lesionadas tras un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 77 de la carretera que conecta Metapán con Santa Ana, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
En el percance estuvieron involucrados una motocicleta, un vehículo particular y un camión, lo que provocó la restricción parcial del paso vehicular en la zona.
Según el reporte oficial, las personas lesionadas fueron trasladadas a un centro asistencial para recibir atención médica, sin que hasta el momento se haya detallado su condición de salud.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 26 imputados, entre ellos exmiembros del concejo municipal de Coatepeque, enfrenten juicio por presuntos delitos de corrupción relacionados con el manejo de fondos públicos destinados a obras de infraestructura, informa el Ministerio Público en la red social X.
Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2012 y 2018, período en el que se habrían autorizado proyectos como pavimentación de calles, construcción de cordón cuneta y obras de concreto que, pese a ser pagadas con fondos estatales, nunca se ejecutaron. Casos previos vinculados a este expediente señalan irregularidades en al menos una decena de proyectos municipales que habrían sido cancelados sin comprobar su realización.
Los procesados enfrentan cargos por peculado y negociaciones ilícitas, delitos asociados al uso indebido de recursos públicos y a posibles acuerdos ilegales en la adjudicación de contratos. Investigaciones fiscales anteriores también apuntaron a montos que superaban los $400,000 en proyectos inexistentes dentro del mismo esquema municipal.
Coatepeque | 📣Juzgado de paz instala audiencia inicial en contra del alcalde de dicha localidad y su concejo municipal acusados de
⚠️Peculado y
⚠️Negociaciones Ilícitas. pic.twitter.com/fJLwq2zezu— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 28, 2019
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana admitió todas las pruebas presentadas por la Fiscalía, con las que el Ministerio Público busca demostrar la responsabilidad penal de los acusados y exigir la devolución del dinero al Estado salvadoreño.
El caso forma parte de los procesos judiciales impulsados por la FGR contra actos de corrupción municipal, en los que se investiga la adjudicación irregular de contratos y el uso indebido de recursos públicos destinados a obras comunitarias.
