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Gobierno exhorta a la población a cumplir con ley transitoria y así disminuir la cantidad de contagios por COVID-19 en el país
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele exhorta a la población en general a cumplir con el decreto legislativo 90, que contiene “Disposiciones especiales y transitorias de suspensión de concentraciones y eventos públicos y privados” por 90 días, tales como conciertos, espectáculos deportivos abiertos al público, fiestas patronales y mítines, que se establecen en el artículo 1.
Los titulares de los ministerios de Salud, Francisco Alabi, y de Turismo, Morena Valdez, así como la presidenta del Instituto Salvadoreño de Turismo, Eny Aguiñada, enfatizaron en el mensaje de que, el cumplimiento de esta ley; así como la implementación de los protocolos de bioseguridad en el resto de actividades cotidianas, permitirán la disminución de la cantidad de casos positivos por COVID-19 que se registran a diario.
“De esta manera avanzaremos en las acciones necesarias para disminuir la cantidad de casos que se ha visto a nivel mundial, regional y de país. Pasamos entre 125 y 170 casos, a más de 230. El 11 de julio se registraron 246 casos”, señaló el ministro Alabi. Al mismo tiempo agregó: “El cumplimiento de los protocolos no incrementa el riesgo de contagios por COVID-19. Esto permite que continúe siento viable la actividad económica”.
Por su parte, la ministra Valdez apuntó: “de nosotros depende” y añadió “vamos a estar vigilantes junto al Ministerio de Salud y el FOSALUD (Fondo Solidario para la Salud) de que los rubros cumplan con las medidas de bioseguridad, porque de eso dependerá que combatamos de mejor manera la situación. Todos debemos ser vigilantes”.
A medida avanzó la lucha contra la pandemia, el Gobierno del Presidente Nayib Bukele fue implementando acciones efectivas que han permitido al país ser reconocido por las organizaciones internacionales y salir adelante ante esta pandemia como el establecimiento de protocolos de bioseguridad y plan de vacunación.
Sobre esto último, el ministro envió una felicitación “a quienes se están vacunando”, así como a los empresarios que están dando incentivos por aplicarse la dosis del fármaco. “Son estrategias que generarán que los salvadoreños que no han recibido su vacuna, lo hagan”, añadió.
Alabi reforzó que las disposiciones sanitarias disminuirán en intensidad y en la cantidad de casos por COVID-19, y valoró que el decreto transitorio en cuestión “es la decisión más equilibrada para no afectar a la mayoría de los sectores”.
“Se busca no cerrar al país ni tomar una cuarentena, sino acciones que disminuyan los casos de COVID-19. Acciones equilibradas con el objetivo de salvaguardar la vida de la población”, amplió.
Finalmente, la ministra Valdez pidió a los empresarios de los sectores de comida, transporte y turismo, así como a la población en general, a no bajar la guardia en la implementación de los protocolos.
“Todas las actividades no incluidas en el artículo 1 deben cumplir con las medidas de bioseguridad, nosotros somos responsables de cumplirlas”, dijo.
“Pedimos al sector que cumpla, debemos usar la mascarilla, tener higiene, distanciamiento social, ya se tienen todos los protocolos de bioseguridad, solo así podremos salir juntos de esto” , puntualizó.
A 20 años de cárcel fue condenado Francis Guadalupe Cruz Aguilar, por el delito de homicidio agravado cometido el 24 de diciembre de 2013, en el distrito de El Paisnal, municipio de San Salvador Norte.
La pena se la impuso el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, La Libertad, tras revisar la prueba que la Fiscalía General de la República presentó en el juicio y con la cual demostró que el prófugo asesinó a José Eladio Franco Moreno.
En la acusación expuesta por el ministerio público, Cruz Aguilar fue parte de un grupo de siete pandilleros que interceptó a la víctima para privarla de libertad en El Paisnal.
Fue hasta el 27 de diciembre que encontraron cuerpo de Franco Moreno, desmembrado a la orilla del río Acelhuate, en la jurisdicción de ese distrito.
Para probar la participación que Cruz Aguilar tuvo en el crimen, la Fiscalía presentó al tribunal la declaración de un testigo quien presenció el hecho, su declaración fue clave para que se emitiera la condena.
El testigo dijo que el ahora condenado hizo labores de vigilancia mientras los demás miembros de la pandilla estaban asesinando a la víctima, se apostó en lugar para alertar a los criminales sobre la presencia de autoridades policiales.
Al momento del fallo el tribunal dio validez y credibilidad a la declaración del testigo quien identificó a Cruz Aguilar como parte del grupo criminal y su participación fue activa y clave para ejecutar el crimen.
Por intento de homicidio, la Policía Nacional Civil (PNC), informó que capturó a dos hombres en Aguilares y Chalatenango.
Los arrestados son: Brandon Omar Castillo Rivera quien protagonizó una pelea con Juan Carlos Zamorano Callejas, propietario del bar donde ocurrió el incidente la madrugada del domingo.
Según el informe oficial, cuando la víctima los intentó separar, lo golpearon y apuñalaron de gravedad, tras lo ocurrido huyeron, pero las autoridades luego de llegar a verificar lo ocurrido comenzaron a investigarlos para detenerlos.
Castillo Rivera fue ubicado por agentes de Inteligencia Policial en la calle principal de la colonia Reubicación 2, de Chalatenango Centro.
«Juan Carlos Zamorano Callejas, dueño del local también se dio a la fuga, pero nuestras Fuerzas Especiales lo ubicaron en Aguilares, San Salvador Norte», destacó la PNC.
Los dos capturados serán puestos a la orden de la Fiscalía General de la República para que en los próximos 15 días sean acusados en el juzgado de Paz de Aguilares, por el delito de homicidio tentado.
A siete años de cárcel fueron condenados Wilmer Munguía, Julio Guzmán, Fernando Cruz, Oswaldo Rivera y Carlos Rodezno, por el delito de privación de libertad.
La pena se las impuso el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla, al encontrarlos responsables de la desaparición de dos personas el 13 de abril de 2018, en el cantón El Triunfo, distrito de Santa Tecla, municipio de La Libertad Sur.
Según la acusación de la Fiscalía General de la República, las víctimas se encontraban comprando verduras cuando fueron interceptadas por los ahora condenados, tras amenazarlas las sometieron y obligaron a bajar de su vehículo para privarlas de libertad.
El tribunal fundamentó la condena tras valorar la prueba anexada al expediente, sobre todo la declaración de un testigo con régimen de protección, quien señaló a los imputados y dijo la participación que tuvieron en el hecho.
