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Gobierno enfrenta otra alerta nacional con “Iota”, sin los fondos de emergencia de FOPROMID por falta de aprobación legislativa
El gobierno declaró alerta roja a nivel nacional desde el pasado lunes y todas las instituciones de la Comisión Nacional de Protección Civil se activaron, para la logística y desarrollo de diversas actividades encaminadas a la prevención en las zonas de mayor riesgo, ante la llegada del huracán Iota a tierras centroamericanas.
Iota, es otra emergencia con Alerta Roja a nivel nacional, con la que el Gobierno no podrá hacer uso del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMYD), cuya creación está contemplada para la atención de desastres o eventos catastróficos como los que puede atravesar el país.
El ejecutivo tampoco pudo hacer usos de esos recursos económicos para el huracán Eta y actualmente se atiende la pandemia del COVID-19, sin esas erogaciones.
La comisionada presidencial para Operaciones y Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos, afirmó que la Asamblea Legislativa ha negado este refuerzo presupuestario, pese a que las emergencias han sido recurrentes en este 2020: «El FOPROMID destinado para el 2020 fue utilizado para el combate al COVID y cuando se ha llevado nuevamente una petición a la Asamblea desde junio, hasta este momento, no se ha aprobado nada», afirmó.
Según detalla la funcionaria, se ha hecho uso de reajustes presupuestarios y de montos que estaban destinados para otras actividades, a fin de atender las emergencias: «Este Gobierno no ha contado con la colaboración del Legislativo, pues no ha aprobado nada del FOPROMID. Contamos con el presupuesto ordinario 2020 y de las instituciones. No tenemos fondos de emergencia»
La comisionada recordó que los gobiernos anteriores sí hicieron uso de los recursos establecidos en el fondo: “FOPROMID es una ley que la usaron muchos con millones, no solo la hemos usado nosotros, nosotros sí hemos trabajado por la gente” dice Recinos.
A 20 años de cárcel fue condenado Francis Guadalupe Cruz Aguilar, por el delito de homicidio agravado cometido el 24 de diciembre de 2013, en el distrito de El Paisnal, municipio de San Salvador Norte.
La pena se la impuso el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, La Libertad, tras revisar la prueba que la Fiscalía General de la República presentó en el juicio y con la cual demostró que el prófugo asesinó a José Eladio Franco Moreno.
En la acusación expuesta por el ministerio público, Cruz Aguilar fue parte de un grupo de siete pandilleros que interceptó a la víctima para privarla de libertad en El Paisnal.
Fue hasta el 27 de diciembre que encontraron cuerpo de Franco Moreno, desmembrado a la orilla del río Acelhuate, en la jurisdicción de ese distrito.
Para probar la participación que Cruz Aguilar tuvo en el crimen, la Fiscalía presentó al tribunal la declaración de un testigo quien presenció el hecho, su declaración fue clave para que se emitiera la condena.
El testigo dijo que el ahora condenado hizo labores de vigilancia mientras los demás miembros de la pandilla estaban asesinando a la víctima, se apostó en lugar para alertar a los criminales sobre la presencia de autoridades policiales.
Al momento del fallo el tribunal dio validez y credibilidad a la declaración del testigo quien identificó a Cruz Aguilar como parte del grupo criminal y su participación fue activa y clave para ejecutar el crimen.
Por intento de homicidio, la Policía Nacional Civil (PNC), informó que capturó a dos hombres en Aguilares y Chalatenango.
Los arrestados son: Brandon Omar Castillo Rivera quien protagonizó una pelea con Juan Carlos Zamorano Callejas, propietario del bar donde ocurrió el incidente la madrugada del domingo.
Según el informe oficial, cuando la víctima los intentó separar, lo golpearon y apuñalaron de gravedad, tras lo ocurrido huyeron, pero las autoridades luego de llegar a verificar lo ocurrido comenzaron a investigarlos para detenerlos.
Castillo Rivera fue ubicado por agentes de Inteligencia Policial en la calle principal de la colonia Reubicación 2, de Chalatenango Centro.
«Juan Carlos Zamorano Callejas, dueño del local también se dio a la fuga, pero nuestras Fuerzas Especiales lo ubicaron en Aguilares, San Salvador Norte», destacó la PNC.
Los dos capturados serán puestos a la orden de la Fiscalía General de la República para que en los próximos 15 días sean acusados en el juzgado de Paz de Aguilares, por el delito de homicidio tentado.
A siete años de cárcel fueron condenados Wilmer Munguía, Julio Guzmán, Fernando Cruz, Oswaldo Rivera y Carlos Rodezno, por el delito de privación de libertad.
La pena se las impuso el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla, al encontrarlos responsables de la desaparición de dos personas el 13 de abril de 2018, en el cantón El Triunfo, distrito de Santa Tecla, municipio de La Libertad Sur.
Según la acusación de la Fiscalía General de la República, las víctimas se encontraban comprando verduras cuando fueron interceptadas por los ahora condenados, tras amenazarlas las sometieron y obligaron a bajar de su vehículo para privarlas de libertad.
El tribunal fundamentó la condena tras valorar la prueba anexada al expediente, sobre todo la declaración de un testigo con régimen de protección, quien señaló a los imputados y dijo la participación que tuvieron en el hecho.
