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Gobierno enfrenta otra alerta nacional con “Iota”, sin los fondos de emergencia de FOPROMID por falta de aprobación legislativa
El gobierno declaró alerta roja a nivel nacional desde el pasado lunes y todas las instituciones de la Comisión Nacional de Protección Civil se activaron, para la logística y desarrollo de diversas actividades encaminadas a la prevención en las zonas de mayor riesgo, ante la llegada del huracán Iota a tierras centroamericanas.
Iota, es otra emergencia con Alerta Roja a nivel nacional, con la que el Gobierno no podrá hacer uso del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMYD), cuya creación está contemplada para la atención de desastres o eventos catastróficos como los que puede atravesar el país.
El ejecutivo tampoco pudo hacer usos de esos recursos económicos para el huracán Eta y actualmente se atiende la pandemia del COVID-19, sin esas erogaciones.
La comisionada presidencial para Operaciones y Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos, afirmó que la Asamblea Legislativa ha negado este refuerzo presupuestario, pese a que las emergencias han sido recurrentes en este 2020: «El FOPROMID destinado para el 2020 fue utilizado para el combate al COVID y cuando se ha llevado nuevamente una petición a la Asamblea desde junio, hasta este momento, no se ha aprobado nada», afirmó.
Según detalla la funcionaria, se ha hecho uso de reajustes presupuestarios y de montos que estaban destinados para otras actividades, a fin de atender las emergencias: «Este Gobierno no ha contado con la colaboración del Legislativo, pues no ha aprobado nada del FOPROMID. Contamos con el presupuesto ordinario 2020 y de las instituciones. No tenemos fondos de emergencia»
La comisionada recordó que los gobiernos anteriores sí hicieron uso de los recursos establecidos en el fondo: “FOPROMID es una ley que la usaron muchos con millones, no solo la hemos usado nosotros, nosotros sí hemos trabajado por la gente” dice Recinos.
El Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro; el Ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy; y el Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, brindaron detalles sobre la incautación de droga más grande registrada en la historia de El Salvador.
De acuerdo con la información oficial, fueron decomisadas 6.6 toneladas de cocaína, con un valor estimado de 165 millones de dólares, distribuidas en 330 bultos. La operación fue ejecutada a 380 millas náuticas al suroeste de las costas nacionales, como parte de acciones de vigilancia y control en aguas internacionales.
El ministro Villatoro destacó que, más allá del valor económico, la cantidad incautada representa aproximadamente 19.8 millones de dosis que, según explicó, estaban destinadas a ser distribuidas en distintas ciudades.
Las autoridades resaltaron el trabajo coordinado de las instituciones de seguridad y defensa, subrayando que este tipo de resultados reflejan la capacidad operativa del país en el combate al narcotráfico.
En el procedimiento fueron detenidas las siguientes personas de distintas nacionalidades:
José Martín Cerda Cea, 60 años (Nicaragua)
Roberto Adolfo Díaz, 64 años (Nicaragua)
Francisco Javier García Duval, 63 años (Nicaragua)
José Ramiro Valencia Fox, 59 años (Ecuador)
Luis Enrique Rodelo Osorio, 59 años (Colombia)
Antonio José Angulo Narváez, 59 años (Colombia)
Mario Alonso Pérez Hernández, 58 años (Colombia)
Miguel Antonio Galeano Ariza, 71 años (Colombia)
Yareth Samir Carr Garcés, 29 años (Panamá)
Vicente Ramos, 60 años (Panamá)
Los detenidos serán puestos a disposición de las autoridades competentes para enfrentar el proceso judicial correspondiente.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador llevó a cabo la vista pública en contra de José René Ventura Alvarado, acusado del delito de estafa agravada.
De acuerdo con la investigación, entre diciembre de 2018 y enero de 2019, el imputado se reunió con la víctima, presentándose como propietario de una sociedad importante de talleres y negoció la adquisición de una cantidad masiva de llantas.
José Ventura propuso recibir la mercadería y efectuar el pago en un tiempo estipulado. La víctima, confiando en la supuesta reputación de la sociedad, cumplió lo acordado y entregó cuatro pedidos en diversas sucursales de los talleres, cuyo valor total ascendió a $375,360.04.
Transcurrido el tiempo pactado, el imputado no realizó el pago. Tras varios intentos fallidos por recuperar el dinero y ante múltiples excusas por parte del procesado, la víctima interpuso la denuncia correspondiente.
Durante el desfile probatorio, el tribunal determinó que el imputado solicitó la entrega de las llantas haciéndose pasar por un empresario confiable y afirmando poseer dos sociedades; sin embargo, dichas sociedades ni siquiera estaban constituidas legalmente.
Asimismo, se estableció que no tenía intención de cumplir con el pago de la mercadería. Por estos hechos, el tribunal le impuso una pena de cinco años de prisión, que podrían aumentar si Ventura Alvarado no cumple con el pago de $375,360.04 en concepto de responsabilidad civil.
El Ministerio de Obras Públicas informó sobre la transformación de 8 kilómetros de la calle que conecta desde El Ceibillo hacia San José El Naranjo, en el departamento de Ahuachapán. La obra busca mejorar la conectividad y garantizar un tránsito más seguro para las comunidades de la zona.
Con la pavimentación de esta vía, niños, jóvenes y adultos podrán movilizarse en condiciones óptimas, facilitando el acceso a centros educativos, comercios y servicios básicos. La intervención forma parte de los proyectos de infraestructura impulsados para fortalecer el desarrollo local.
Más de 28,000 habitantes son beneficiados directamente con la mejora de la calle que conduce a San José El Naranjo, en Jujutla, Ahuachapán Sur, impactando positivamente en la calidad de vida y dinamizando la economía del sector.
