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Gobierno del Presidente Nayib Bukele ratifica la creación de la Ley Crecer Juntos con lo establecido en la Convención de los Derechos del Niño
La Ley Crecer Juntos para la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, propuesta por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele ante la Asamblea Legislativa, ratifica lo establecido por la Convención de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dijo hoy la asesora jurídica del Despacho de la Primera Dama, Francesca de Apostolo.
“En la Convención de los Derechos del Niño están los principios rectores de cambiar la visión adultocentrista”, apuntó. “Se pasó de una doctrina tutelar, que se llamaba antes, hacia los principios que consideran a la niñez y adolescencia no como el futuro; sino realmente como el presente”, agregó.
Dicho tratado internacional de la ONU (que entró en vigor el 2 de septiembre de 1990) promueve que los Estados actúen en función de los niños; no viéndolos como objetos o personas que todavía no pueden emitir una opinión porque son niños, otro aspecto importante que también se cubre en este cuerpo jurídico.
“Todo este cambio surge a nivel internacional desde 1990. Este marco jurídico (Ley Crecer Juntos para la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia) se basa en eso. No habrá un vacío”, indicó Francesca de Apostolo.
La Ley Crecer Juntos también define la primera infancia, en contraste con instrumentos del pasado donde solo se hablaba en torno a niñez y adolescencia.
“Es un avance reciente, en el que se entiende la importancia de los primeros 1,000 días de vida”, indicó la asesora jurídica. “Esto es con base en el soporte científico y otros estudios que nos hacen entender la importancia de estos 1,000 días, y por eso lo separamos con un enfoque particular de la niñez, porque se requieren atenciones especiales y específicas en ese periodo de la vida”, completó.
Esta nueva ley dará continuidad a todas las acciones que se han implementado desde hace tres años por parte del Despacho de la Primera Dama y el Gobierno del Presidente Bukele en favor de la primera infancia, niñez y adolescencia.
El ecosistema tecnológico salvadoreño continúa expandiéndose con el lanzamiento oficial de AuthenticDoc, una plataforma de firmas digitales desarrollada sobre el protocolo descentralizado Nostr y diseñada para cumplir plenamente con la normativa nacional de firma electrónica. Su propuesta apunta a establecer un nuevo estándar de seguridad y autenticidad criptográfica en documentos y contratos, en un contexto global marcado por los desafíos de verificación que plantean la inteligencia artificial y la centralización de datos.
Fabián Vleer, cofundador de AuthenticDoc, explicó que su llegada a El Salvador hace tres años fue determinante para impulsar esta iniciativa. «He estado en el espacio tecnológico por mucho tiempo. Soy bitcoiner, entiendo la tecnología descentralizada y entiendo dónde está el mundo hoy», afirmó.
Su trayectoria incluye desarrollo de software en Australia y un profundo entendimiento de los riesgos de privacidad y manipulación presentes en plataformas centralizadas.
Roberto Funes, pandillero de la MS-13, recibió una condena de 14 años de cárcel por el delito de organizaciones terroristas.
Este sujeto operaba en distintos sectores del distrito El Rosario, municipio La Paz Centro.
La fiscalía ha logrado individualizar la participación de Funes en varios crímenes y actos terroristas, por los cuales también será condenado y se le sumarán años a esta condena recibida.
A siete años de prisión fueron condenados tres hermanos traficantes de personas, quienes por $40,000, prometieron llevar a Estados Unidos, a dos víctimas con régimen de protección.
Al finalizar la vista pública, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, emitió un fallo de responsabilidad penal para Marvin Orlando, José Daniel y Luis Antonio, los tres de apellido Dueñas Fuentes.
El juez los condenó en calidad de prófugos, ya que en la fase de instrucción los declararon rebeldes, por el delito de tráfico ilegal de personas, tras una investigación que inició por denuncia de las personas afectadas.
Además de los años de cárcel, el tribunal ordenó que deben pagar $21,600 a cada una de las víctimas en concepto de responsabilidad civil.
Las dos personas denunciantes, declararon que contactaron a los hermanos Dueñas Fuentes, uno de ellos residentes en Estados Unidos, con el fin de acordar el viaje de manera irregular hacia ese país.
En las pesquisas se detalla que las dos víctimas comenzaron el viaje el 17 de octubre de 2022 y que tras llegar a Estados Unidos, fueron deportadas hacia México en dos ocasiones.
A raíz de lo ocurrido, los imputados exigieron más dinero y las amenazaron con entregarlas a los cárteles mexicanos si no pagaban, ante esa amenaza las personas tomaron la decisión de regresarse a El Salvador por sus propios medios.
