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Gobierno advierte a otros órganos del Estado sobre desbordamiento de casos de COVID-19
Desde el 31 de enero, el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, declaró la emergencia preventiva a nivel nacional previamente a la amenaza del covid-19, incluso antes de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) catalogara los contagios del virus como pandemia mundial.
En ese momento el país no registraba ningún caso de covid-19. Sin embargo, el Gobierno activó el Gabinete de Salud Ampliado para trabajar de forma articulada y enfrentar la enfermedad.
El Gobierno del Presidente Bukele propuso un decreto de régimen de excepción para prevenir la propagación del virus, en medio de tensiones y la oposición de varios diputados de la Asamblea Legislativa, que aprobaron con 58 votos esta solicitud a mediados de marzo, a excepción del FMLN, que votó en contra.
Luego de esto, el Presidente Bukele denunció un intento de desmantelar las medidas contempladas en la cuarentena domiciliar nacional, algo que con el tiempo y a más de 100 días de que inició la lucha contra el covid-19 queda demostrado que el confinamiento es el mejor método de prevención.
“Veo a diputados amenazando bloquear las medidas que estamos tomando, personas que violan la cuarentena y quejas que serán llevados a cuarentena. Veo a unos políticos tratando de desmantelar la única protección que tenemos contra una catástrofe sanitaria, veo unos diciendo que no hay que preocuparse porque hay pocos casos”, razonó el jefe de Gobierno, a finales de marzo.
Ya en abril, el Decreto del Régimen de Excepción fue prorrogado. Sin embargo, la Sala de lo Constitucional lo anuló y, tras esta medida, comenzaron a debilitarse los cuerpos legales que el Gobierno emitió para implementar las políticas sanitarias. Todo esto sucedió entre intentos de diálogo y acuerdos por parte del Órgano Ejecutivo, que frustró la Asamblea Legislativa, entre mayo y junio.
Fue así que el Gobierno del Presidente Bukele perdió facultades legales para enfrentar la pandemia del covid-19, a tal punto que hoy lo único con lo que se cuenta es con el Decreto Ejecutivo 31, que está más enfocado en aspectos de reapertura económica que sanitarios, confirmado por el auge de casos a partir del 16 de junio, día que inició la primera fase del proceso escalonado de reactivación de varios sectores del país.
El jefe de Estado fue enfático en advertir el desbordamiento e incremento de los casos por covid-19 en el país, si le quitaban al Gobierno las herramientas legales y solicitó, tanto a la Asamblea Legislativa y a la Corte Suprema de Justicia, que le devolvieran las facultades para enfrentar la pandemia.
“El vector de esta enfermedad es el ser humano, la única forma de detener o al menos reducir su expansión es controlando la movilidad de los seres humanos”, explicó el mandatario, a inicios de junio.
Sin embargo, la negativa del Órgano Legislativo para aprobar una nueva cuarentena ha sido constante, pese a las propuestas del Gobierno, lo que demuestra que no están del lado de defender la vida y quieren desgastar al Órgano Ejecutivo, quitándole las herramientas para desempeñar la responsabilidad constitucional de defender la salud de los salvadoreños.
A la fecha han transcurrido 107 días desde que se registró el primer caso de covid-19 en El Salvador, cobrando la vida de 202 personas. Solo en el periodo de la reapertura económica, que inició el 16 de junio, se han registrado 3,326 casos y han fallecido 128 personas.
Un niño de un año de edad falleció este día en la hacienda Atalaya, en el distrito de Acajutla, Sonsonate, luego de caer de manera accidental en una canaleta de agua, según reportes preliminares.
De acuerdo con la información inicial, el menor habría sufrido el percance dentro del sector, por causas que aún se encuentran bajo investigación. Autoridades competentes se desplazaron a la zona para realizar las diligencias correspondientes y determinar con exactitud cómo ocurrieron los hechos.
Familiares, amigos y vecinos del menor expresaron su pesar por lo sucedido, un hecho que ha generado consternación entre los habitantes de la comunidad. Las autoridades reiteraron que será el proceso investigativo el que establezca las circunstancias del incidente.
Kevin Israel Corea Carabantes, de 27 años, acusado de hurto agravado, en perjuicio patrimonial de una víctima, seguirá en prisión provisional, así resolvió el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador.
El hecho ocurrió el 12 de enero de 2026, en una discoteca ubicada en el bulevar Del Hipódromo, colonia San Benito, en San Salvador. La investigación fiscal detalla que Corea hurtó de una habitación una mochila y un maletín de mano que contenían diversos objetos, entre ellos, perfumes, además de una cartera de mano con documentos personales de la víctima.
«La acusación sostiene que el imputado fue visto por una empleada cuando salía por la ventana del baño que colinda con el jardín. Asimismo, los empleados del establecimiento encontraron una caja fuerte dañada, cielos falsos, vidrios y cámaras de seguridad averiados, daños que ascienden a una responsabilidad civil de aproximadamente $4,000», informaron fuentes judiciales.
El imputado fue reconocido por la gerencia de la discoteca a través de la cámara de seguridad, señalando que trabajó en el lugar durante cuatro días. Además, en los documentos presentados para aspirar al puesto se encontraba su identificación.
En la audiencia inicial, la juzgadora consideró que existen indicios suficientes para establecer la existencia del delito y la probable participación del procesado. El caso fue remitido al Juzgado de Instrucción de San Salvador.
Juan Francisco Grande Hernández, de 41 años, fue condenado a 12 años de prisión por el delito de tráfico ilícito, así resolvió el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador.
Grande Hernández fue capturado el 29 de noviembre de 2024, en la calle antigua a Huizúcar, en la colonia Lomas de Versalles de San Salvador, cuando agentes policiales realizaban un patrullaje en busca de personas que delinquían con la venta de droga.
El imputado intentó huir, pero fue en vano. Los policías le encontraron en un bolso una porción grande y otras medianas de material vegetal, además de $3,044.75 en efectivo y una báscula digital color rojo. También en el asiento del vehículo en el que se trasladaba tenía más porciones de droga.
La prueba de campo determinó que el material vegetal era marihuana, en total se sumaron 1.52 kilogramos, valuados en $3,446.70. Asimismo, un análisis de espectrometría determinó que la báscula y el dinero presentaban rastros de metanfetamina, marihuana y cocaína.
Recientemente, por posesión y tenencia con fines de tráfico, en perjuicio de la salud pública, también fue condenado a seis años de prisión Emerson Joel Moz Cruz, de 24 años. La pena fue impuesta por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
A Moz Cruz, agentes policiales le incautaron 178.4 gramos de marihuana y 1.8 gramos de cocaína en diciembre de 2024. Fue interceptado cuando se conducía en una motocicleta sobre la Autopista Norte, frente al Registro de Armas, ubicado en el distrito de San Salvador.
