Nacionales
FOTOS: Inspector policial atropella a un motociclista y lo amenaza a punta de pistola en calle al Volcán, en Mejicanos
Un accidente de tránsito entre un pick up y un motociclista tuvo como protagonista principal a un supuesto inspector de la Policía Nacional Civil (PNC), el pasado domingo 9 de diciembre en el municipio de Mejicanos.
En información recababa con los testigos del hecho aseguran que el inspector de la PNC atropelló a un repartidor de gas que se conducía entre la calle Barcelona y calle al Volcán, en San Ramón, Mejicanos, siendo arrastrado por varios metros y resultando con lesiones en su hombro y rodilla derecha.
“Ahora en la colonia Barcelona, calle al Volcán, un inspector de la policía atropelló a un muchacho de una moto, el inspector llevaba a una mujer y dos niñas, a las cuales bajó inmediatamente. Luego de eso amenazó al muchacho de la moto a punta de pistola para que se fuera, el cual estaba bastante golpeado”, relató un ciudadano que presenció el percance y que pidió reserva de identidad.
Antes de producirse el hecho, el motociclista habría decidido dar paso al inspector que según otro testigo, el supuesto inspector se conducía a toda prisa y esquivando a más vehículos desde la avenida Bernal, pero ambos se encontraron más adelante, en la misma ruta, hasta llegar al referido lugar donde fue atropellado el repartidor de gas. Según trascendió, el oficial dijo que supuestamente era perseguido por el hombre de la moto.
Tras el accidente y con la víctima lesionada, el inspector intentó darse a la fuga, pero otros conductores le cerraron el paso, no sin antes ser amenazados a punta de pistola al igual que su víctima relataron los ciudadanos.
Posteriormente, se llamó a una ambulancia para que se atendiera al motociclista, pero unos agentes policiales informaron que solo se habían producido daños materiales por lo que la ambulancia desistió del apoyo.
Sin embargo, una segunda llamada de auxilio alertó que el sujeto se encontraba con golpes de consideración y fue en ese momento que llegó la ambulancia para trasladar al lesionado a un centró médico.
Al final del accidente se llevaron al inspector a las instalaciones de la PNC Zacamil, sede en la que supuestamente «saludó» a los agentes quienes no lo detuvieron tras el hecho, según lo informó por las personas.
Extraoficialmente se mencionó que al inspector se le hallaron en su poder bebidas alcohólicas que fueron «desaparecidas» por dos señoritas que lo acompañaban, pero esta versión no fue confirmada durante el proceso por las autoridades.
Diario Digital Cronio intentó obtener información sobre este hecho llamando a la Subdelegación de la PNC Zacamil en la que se nos dijo desconocer del hecho y no tener reporte alguno en los últimos días en ese sector.
Posteriormente, se nos refirió a la Delegación de la División de Tránsito Terrestre de la PNC, sede que podría tener dato alguno sobre el nombre del inspector y del posible procedimiento al que tenía que ser sometido el inspector, sin embargo se nos informó que solo conocían del hecho a través de las redes sociales y no tener detalle alguno del este caso por lo que no se sabe si el inspector permanece bajo arresto o fue liberado luego del accidente con el motociclista.
La prolonganción de esta herramienta legal fue avalada con los votos de 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, que consideraron válidos los argumentos planteados por el Órgano Ejecutivo al solicitar la extensión por 30 días, entre esos que «existen intentos de reorganización de grupos criminales».
En el decreto se expone que las autoridades recientemente capturaron a sujetos que tenían la aspiración de formar y operar pandillas cerca de los centros escolares, o sus entornos, a través de acciones como la «intimidación, reclutamiento y promoción de actividades ilícitas».
Agrega que el contexto regional demanda de atención especial, debido a que se «ha elevado y acelerado la actuación criminal en distintos países de la región, particularmente en la República de Guatemala».
Se subraya que «estos acontecimientos evidencian un incremento progresivo de la actividad de las pandillas en la región, y ponen en riesgo la paz, el orden y la seguridad en El Salvador».
Durante la discusión de la iniciativa, en la sesión plenaria 95, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó el respaldo de los diputados que han acompañado el proyecto de seguridad del presidente Bukele, desde el 27 de marzo de 2022, cuando se aprobó por primera vez el régimen de excepción con «votos que están cambiando la vida de los salvadoreños».
Castro añadió que el clima de seguridad permite que ahora los niños puedan jugar frente a sus casas, las comunidades recuperar sus canchas, entre otras actividades que se han retomado y han mejorado la convivencia.
Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas, puntualizó que en 2025 se registraron 82 homicidios a escala nacional, y todos fueron resueltos, alcanzando una tasa de efectividad del 100 %.
Agregó que antes nadie se preocupaba los homicidios y quedaban en la impunidad «ahora hablamos con números y los números no mienten», detalló.
Con 54 votos el congreso autorizó ayer al Ministerio de Hacienda para que suscriba un contrato de préstamo, por $16.7 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El decreto aprobado permitirá al país recibir el denominado «segundo financiamiento adicional del Programa Crecer y Aprender Juntos, desarrollo de la primera infancia de El Salvador».
Dicho programa plantea el propósito de continuar mejorando las prácticas de enseñanza, educación y cuidado en la primera infancia a escala nacional, así como los ambientes físicos de aprendizaje de centros seleccionados de educación y primera infancia.
En el decreto aprobado se establece que el contrato que suscriba Hacienda, o quien designe, deberá someterse al aval posterior de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa del Ejecutivo, a través de Hacienda, fue ingresada ayer a la plenaria a través de modificación de agenda, en la que se solicitó su aprobación con dispensa de trámite.
Principal
Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
