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FOTOS: De acuerdo a disposición presidencial, alcaldía de Quezaltepeque intensifica medidas contra el Covid-19
En apego a las disposiciones del Presidente de la República, Nayib Bukele, la Alcaldía Municipal de Quezaltepeque se ha sumado al esfuerzo por combatir el coronavirus con una serie de medidas preventivas.
El edil de Quezaltepeque, Salvador Saget, y la Comisión de Protección Civil local han atendido el llamado para establecer medidas adicionales a las que implementa el Gobierno Central, con la finalidad de mantener la seguridad y conciencia en los quezaltecos.
Entre las acciones que se realizan en dicho municipio se encuentra el control y sanitizacion para peatones en entrada del mercado. También se ha realizado entrega de alcohol gel y mascarillas.
De igual manera, la municipalidad efectúa desinfección de calles principales y colonias aledañas al municipio, entrega de víveres a las personas más necesitadas de los diferentes cantones del municipio.
El alcalde Saget se ha unido a los patrullajes constantes a partir de las 6:00 de la tarde en coordinación con el CAM, la PNC, Proteccion Civil y Fuerza Armanda, con el objetivo de hacer cumplir las medidas de cuarentena y prevención establecidas por el presidente Bukele.
De acuerdo con un boletín oficial, “el municipio implementará más medidas sanitarias, para proteger a sus ciudadanos” de posibles contagios del coronavirus. Cabe destacar que dicha localidad no cuenta con casos confirmados de esta enfermedad, según las estadísticas proporcionadas por el sitio oficial del Gobierno Central.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
Un aparatoso accidente de tránsito se registró este jueves en el distrito de San Miguel, cuando un microbús que circulaba a excesiva velocidad se estrelló contra el muro perimetral de una vivienda en la zona de Chirilagua.
El siniestro fue captado por la cámara de seguridad de la propiedad afectada, y en las imágenes se observa cómo el vehículo se aproxima a gran velocidad antes de impactar violentamente contra la estructura.
Según testigos, el microbús trasladaba a varios maestros que se dirigían hacia el centro escolar donde laboran. Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales, pero las autoridades investigan las causas del accidente y si hubo personas lesionadas.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
