La reducción en los índices de homicidios registrada durante la gestión del Presidente Nayib Bukele, como resultado del Plan Control Territorial, fue reconocida este miércoles por el fiscal General de la República, Raúl Melara.

“Gracias a Dios los homicidios han bajado, eso es una realidad; los homicidios han bajado, las desapariciones han bajado también. Nosotros esperamos que esto pueda seguir reduciéndose en el tiempo”, detalló el fiscal general en una entrevista.

El Salvador lleva 31 días sin homicidios durante la gestión presidencial, y 25 en lo que va de 2020. Pero el descenso no ha sido solo en ese delito, el fiscal enfatizó la disminución en la cifra de personas reportadas como desaparecidas en el país durante el Gobierno del Presidente Bukele en comparación con la pasada gestión.

“Estamos hablando que teníamos un promedio de 9 desaparecidos en enero y febrero del año pasado y hoy estamos hablando de cuatro desapariciones diarias. Es una reducción bastante considerable, el fenómeno ha ido reduciéndose en la medida que también los homicidios han ido bajando”, dijo Melara.

Además, el fiscal general señaló que la desaparición de una persona no significa necesariamente una muerte. “un 60% de las personas reportadas como extraviadas son encontradas, y algunas que se van del país, y otras qué sí son víctimas de delitos”, afirmó.

La implementación de la estrategia de seguridad por parte del Gobierno ha logrado dar tranquilidad a la población salvadoreña, y el reconocimiento nacional e internacional ante la disminución de la criminalidad que incluye la reducción de los asesinatos de mujeres, adolescentes, y niños, así como de las extorsiones,

Las autoridades del Gabinete de Seguridad han resaltado y agradecido el aporte de los agentes de la Policía Nacional Civil, soldados de la Fuerza Armada de El Salvador, y custodios de Centros Penales por el trabajo que hacen diariamente para brindar seguridad a la población salvadoreña.

El éxito alcanzado por la estrategia de seguridad se da a pesar del bloqueo de los diputados de la Asamblea Legislativa, que aún siguen sin aprobar los fondos para las fases 2 y 3 del Plan Control Territorial.