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FAES tiene asignado el 60 % de su personal en las acciones del Plan Control Territorial
Con el nuevo contingente de 1,000 soldados que se incorporará a las filas de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) se fortalecerá la presencia militar en diferentes comunidades del país, tal como lo establecen las acciones de la fase 4 del Plan Control Territorial.
«Con ellos (nuevos soldados) que se incorporarán al Plan Control Territorial, vamos a poder cubrir a otras colonias muy importantes de San Salvador, que la gente nos está pidiendo y que sepan que cuando nos escriben en redes sociales y nos piden esa presencia, nosotros lo consideramos, solo que necesitábamos el tiempo para formarlos, pero vamos a llegar a esos lugares para llevarle esa tranquilidad a la población», aseguró el ministro de la Defensa, René Merino.
El funcionario informó que la Fuerza Armada está conformada por 19,215 miembros operativos, de ellos, 11,636 soldados están asignados de lleno en las acciones propias de la estrategia de seguridad del Gobierno, lo que constituye un promedio del 60 %; mientras que el otro 40 % desarrolla actividades de apoyo hacia instituciones del Gobierno tales como los ministerios de Turismo, Educación, Agricultura, entre otros.
Después del adiestramiento durante 15 semanas que reciben los jóvenes aspirantes a formar parte de las filas de la FAES, todos pasan a reforzar el trabajo de seguridad tal como lo ordenó el Presidente Nayib Bukele el pasado 19 de julio, cuando inició la implementación de la fase 4 del referido plan.
Los nuevos miembros de la FAES apoyarán a los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) durante los patrullajes y otras actividades con el propósito de prevenir delitos y en la lucha frontal contra la criminalidad.
Eso significa que un grupo de más de 1,000 militares se estará incorporando cada tres meses a las filas del Ejército para apoyar directamente al Plan Control Territorial. A pesar de la frecuencia con la que se sumarán más elementos, esto no significa que los filtros de nuevo ingreso sean más flexibles.
Durante la gestión del Presidente Nayib Bukele, el estándar en el proceso de selección del personal se ha fortalecido para evitar el ingreso de miembros de pandillas o que puedan tener algún vínculo con las mismas.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
