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Empleados de alcaldía de San Salvador sería coaccionados a entregar su DUI para que otros voten en internas de ARENA
Por medio de Twitter la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales (ASTRAM), denunció que empleados de la Alcaldía de San Salvador han sido amenazados con ser despedidos si no entregan su Documento Único de Identidad (DUI), para que otras personas voten por ellos en las elecciones internas que el partido ARENA va a realizar este domingo 25 de julio.
ASTRAM señala a Gustavo Moreno y a Juan Carlos Montes, que se han encargado de amenazar a los empleados para que entreguen su DUI o de lo contrario serán despedidos de sus labores.
“Andan amenazando a los empleados para que entreguen su DUI o de lo contrario serán despedidos. Y que sus documentos serán regresados el día lunes a las 10:00 am. Esto con el fin de que los encargados del Troll Center que tienen pagado con fondos municipales sean los que van a votar con los DUI expropiados por estos malhechores”, expresó ASTRAM por medio de una publicación en redes sociales.
De igual forma, la asociación de trabajadores instó a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Policía Nacional Civil (PNC) a investigar de inmediato este atropello y acciones delictivas contra los empleados municipales.
“Alertamos a todas nuestras bases a prepararnos para no dejarnos intimidar por estos delincuentes liderados por Ernesto Muyshondt”, detalla ASTRAM.
La precandidatura de Francisco Manzur para competir por gobernar la alcaldía de San Salvador preocupa mucho al actual edil y aspirante a buscar una reelección.
La jueza dos del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso una condena de 397 años de prisión a Pedro Melara Romero, alias Caballo, por los delitos de proposición y conspiración en homicidio agravado, extorsión agravada, actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas, además de agrupaciones ilícitas, en perjuicio de la paz pública.
Asimismo, Wilfredo Alonso Mancía Alberto, alias Frijol, fue condenado a 180 años de cárcel por proposición y conspiración en homicidio agravado, privación de libertad, extorsión agravada y agrupaciones ilícitas.
De igual forma, Miriam Elizabeth Gutiérrez, alias La Miriam, recibió una pena de 109 años de prisión por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas.
En total, otras 44 personas fueron sentenciadas con penas que van desde tres hasta 94 años de prisión.
De acuerdo con la Fiscalía, todos forman parte de la hengla Sexta Quebranta Huesos Locos Sureños, perteneciente a la pandilla 18 Sureños, que operaba en diversos sectores de San Salvador Centro.
Entre los condenados se encuentran cuatro líderes de la clica, entre ellos:
•José David Ayala Renderos, alias Morro, corredor de cancha de las canchas Modelo 2 y 3.
•Alias Caballo, como corredor de tribu.
•Hugo Armando Chávez Murcia y Jonathan Ernesto Hernández Vides, alias Yoster, ambos palabreros de la estructura.
Ismael Alexander Hernández Rivera, alias Saiper, es un pandillero de la 18S que venía en un vuelo comercial desde México.
Equipos policiales fueron notificados por la oficina de atención ciudadana de la terminal aeroportuaria.
Es miembro de la clica Tiny Locos Sureños del distrito de Jiquilisco, Usulután Oeste.
Posee varios tatuajes de su pandilla.
Una pandillera de la MS fue condenada a 245 años de cárcel por los delitos de extorsión agravada y agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública.
Se trata de Claudia Margarita Juárez, quien era parte de la clica Viroleños Locos Salvatruchos.
Recibió la pena por parte del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, jueza dos.
Juárez fue hallada culpable de cobrar extorsiones a empresarios del transporte público del distrito de Zacatecoluca, en el municipio de La Paz Este.
Tambien, Manuel Antonio Martínez Mena, alias ‘Yegua’, fue condenado a 240 años de prisión por el delito de extorsión agravada.
Juárez y Mena operaban como parte de la clica Viroleños Locos Salvatruchos de la MS-13.
El tribunal dio por acreditados 24 casos de extorsión, ocurridos entre 2018 y 2019, mediante los cuales las víctimas fueron obligadas a entregar sumas de dinero bajo amenazas.
