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Empleados administrativos de la PNC son detenidos por un faltante de $239,085 en el área de talleres
Diez empleados administrativos de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron detenidos en las últimas horas en San Salvador por un faltante de $239,085.88 en el área de talleres.
Los detenidos son: Lorgio Antonio Campos Quintanilla, Lisandro Ramírez Abarca, Nestor Agustín Mejía Berrios, Jerónimo Salvador Pineda Torres, José Ángel Orellana Duran, Cristina Jamilette Rivas, Manuel Antonio Flores y José Moisés Mata Rivera.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la Unidad Penal del Estado de esa entidad, ordenó la detención del jefe y ex jefe del almacén institucional de la PNC, así como empleados administrativos, luego de realizada una auditoría entre 2013 y 2014 en la que se reflejaba dicho faltante en concepto de repuestos y lubricantes.
También la fuente fiscal detalla que en este caso existe un faltante en almacén de la PNC de repuestos y lubricantes, es decir que estos estaban inventariados, pero físicamente no se encontraban. Entre este faltante estaban 56 barriles de aceite para motor.
Los faltantes en el almacén de la Policía son de $132,907.90; los productos adquiridos no registrados en el sistema de suministros, $71,396.44; deficiencias en hojas de material entregado en stock utilizados para realizar ajustes en almacén fueron de $34,781, totalizando los $239,085.88, de acuerdo a la Fiscalía.
Además, la Policía sostuvo que las investigaciones se han venido desarrollando por parte de la Unidad de Asuntos Internos de la corporación, como parte del trabajo de contraloría y fortalecimiento a la transparencia de la institución.
Serán acusados de los delitos de incumplimiento de deberes en su modalidad agravada, peculado y falsedad ideológica.
Por: El Salvador Times.
El ecosistema tecnológico salvadoreño continúa expandiéndose con el lanzamiento oficial de AuthenticDoc, una plataforma de firmas digitales desarrollada sobre el protocolo descentralizado Nostr y diseñada para cumplir plenamente con la normativa nacional de firma electrónica. Su propuesta apunta a establecer un nuevo estándar de seguridad y autenticidad criptográfica en documentos y contratos, en un contexto global marcado por los desafíos de verificación que plantean la inteligencia artificial y la centralización de datos.
Fabián Vleer, cofundador de AuthenticDoc, explicó que su llegada a El Salvador hace tres años fue determinante para impulsar esta iniciativa. «He estado en el espacio tecnológico por mucho tiempo. Soy bitcoiner, entiendo la tecnología descentralizada y entiendo dónde está el mundo hoy», afirmó.
Su trayectoria incluye desarrollo de software en Australia y un profundo entendimiento de los riesgos de privacidad y manipulación presentes en plataformas centralizadas.
Roberto Funes, pandillero de la MS-13, recibió una condena de 14 años de cárcel por el delito de organizaciones terroristas.
Este sujeto operaba en distintos sectores del distrito El Rosario, municipio La Paz Centro.
La fiscalía ha logrado individualizar la participación de Funes en varios crímenes y actos terroristas, por los cuales también será condenado y se le sumarán años a esta condena recibida.
A siete años de prisión fueron condenados tres hermanos traficantes de personas, quienes por $40,000, prometieron llevar a Estados Unidos, a dos víctimas con régimen de protección.
Al finalizar la vista pública, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, emitió un fallo de responsabilidad penal para Marvin Orlando, José Daniel y Luis Antonio, los tres de apellido Dueñas Fuentes.
El juez los condenó en calidad de prófugos, ya que en la fase de instrucción los declararon rebeldes, por el delito de tráfico ilegal de personas, tras una investigación que inició por denuncia de las personas afectadas.
Además de los años de cárcel, el tribunal ordenó que deben pagar $21,600 a cada una de las víctimas en concepto de responsabilidad civil.
Las dos personas denunciantes, declararon que contactaron a los hermanos Dueñas Fuentes, uno de ellos residentes en Estados Unidos, con el fin de acordar el viaje de manera irregular hacia ese país.
En las pesquisas se detalla que las dos víctimas comenzaron el viaje el 17 de octubre de 2022 y que tras llegar a Estados Unidos, fueron deportadas hacia México en dos ocasiones.
A raíz de lo ocurrido, los imputados exigieron más dinero y las amenazaron con entregarlas a los cárteles mexicanos si no pagaban, ante esa amenaza las personas tomaron la decisión de regresarse a El Salvador por sus propios medios.
