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Empleados administrativos de la PNC son detenidos por un faltante de $239,085 en el área de talleres
Diez empleados administrativos de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron detenidos en las últimas horas en San Salvador por un faltante de $239,085.88 en el área de talleres.
Los detenidos son: Lorgio Antonio Campos Quintanilla, Lisandro Ramírez Abarca, Nestor Agustín Mejía Berrios, Jerónimo Salvador Pineda Torres, José Ángel Orellana Duran, Cristina Jamilette Rivas, Manuel Antonio Flores y José Moisés Mata Rivera.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la Unidad Penal del Estado de esa entidad, ordenó la detención del jefe y ex jefe del almacén institucional de la PNC, así como empleados administrativos, luego de realizada una auditoría entre 2013 y 2014 en la que se reflejaba dicho faltante en concepto de repuestos y lubricantes.
También la fuente fiscal detalla que en este caso existe un faltante en almacén de la PNC de repuestos y lubricantes, es decir que estos estaban inventariados, pero físicamente no se encontraban. Entre este faltante estaban 56 barriles de aceite para motor.
Los faltantes en el almacén de la Policía son de $132,907.90; los productos adquiridos no registrados en el sistema de suministros, $71,396.44; deficiencias en hojas de material entregado en stock utilizados para realizar ajustes en almacén fueron de $34,781, totalizando los $239,085.88, de acuerdo a la Fiscalía.
Además, la Policía sostuvo que las investigaciones se han venido desarrollando por parte de la Unidad de Asuntos Internos de la corporación, como parte del trabajo de contraloría y fortalecimiento a la transparencia de la institución.
Serán acusados de los delitos de incumplimiento de deberes en su modalidad agravada, peculado y falsedad ideológica.
Por: El Salvador Times.
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Identifican a los 3 socorristas de Cruz Roja fallecidos tras brutal choque en la carretera Litoral
La familia de Cruz Roja Salvadoreña se encuentra de luto tras el fallecimiento de tres de sus miembros en un fatal percance de tránsito.
Los miembros de Cruz Roja perdieron la vida después que volcara el microbús en el que viajaban.
El terrible accidente sucedió en el kilómetro 74 de la carretera Litoral, Santa Cruz Porrillo, departamento de San Vicente.
Los fallecidos fueron identificados como Sandra Nohemy Benítez, presidenta de la seccional de Cruz Roja La Unión; Josué Álvarez Rodríguez, socorrista; y Wilfredo Bonilla, coordinador de socorrismo.
Los fallecidos regresaban de participar en la prueba “El Paso del Hombre” cuando el conductor del microbús perdió el control del vehículo y volcó dejando el fatal saldo.
Esta tarde, la Fiscalía General de la República dio a conocer que el exalcalde y exdiputado Roberto d’Aubuisson fue condenado por enriquecimiento ilícito y deberá restituir $450,729.39 al Estado.
Según el fallo, no logró justificar su incremento patrimonial durante sus gestiones como diputado (2012-2015) y alcalde de Santa Tecla (2015-2021), registrando 82 irregularidades en sus declaraciones.
Además, la resolución también declara culpable a su grupo familiar, quienes deberán devolver: su esposa Jackeline de d’Aubuisson $511,247.72, su hija Johanna d’Aubuisson $12,939.87 y su hijo Roberto d’Aubuisson $15,480.00.
Por último, el exfuncionario queda inhabilitado para ejercer cargos públicos por 10 años, según la Cámara Ambiental de Santa Tecla
El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra Óscar David Deleon Portillo, de 26 años, acusado del delito de acoso a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, contemplado en la Ley Especial Contra Delitos Informáticos y Conexos, en perjuicio de una víctima.
Los hechos presentados en la audiencia inicial, el pasado 11 de marzo de 2026 un miembro de la Policía Nacional Civil destacado en la delegación Sur de San Salvador se encontraba en las duchas comunes de los dormitorios cuando notó la presencia de un teléfono celular que estaba grabando por encima de la división entre los baños.
Al percatarse de la situación, el agente reaccionó de inmediato y logró identificar a la persona que realizaba la grabación, reconociendo al ahora procesado, quien se desempeñaba como personal de mantenimiento en la delegación policial.
Según el informe presentado en sede judicial, la víctima solicitó el teléfono celular al sospechoso y al revisarlo constató la presencia de los videos en la galería del dispositivo.
La acusación también sostiene que en el teléfono habría otros videos presuntamente relacionados con policías, los cuales formarían parte de los elementos bajo análisis dentro del proceso.
Durante la audiencia inicial, la jueza consideró que existen indicios suficientes sobre la posible existencia del delito y la probable participación del imputado, por lo que ordenó que el caso continúe a la etapa de instrucción con la medida de detención provisional mientras avanzan las investigaciones.
