Nacionales
El Salvador tiene suficiente abastecimiento de granos básicos
El paso de la tormenta Tropical Julia, que golpeó al país a principios de octubre, se convirtió en la excusa para que algunos agentes de la cadena de comercialización de alimentos intentarán incrementar el precio de productos como frijol, maíz o arroz, informaron las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y de la Defensoría del Consumidor (DC).
Ante esto, el titular de Agricultura, Enrique Parada, descartó que el país tenga algún nivel de riesgo de desabastecimiento de granos básicos, según datos arrojados en las inspecciones realizadas a escala nacional en los agentes de la cadena de comercialización luego del impacto del fenómeno climático.
«El mensaje del presidente Nayib Bukele es que como Gobierno vamos a garantizar la disponibilidad de alimentos, no hay riesgo de escasez y, por tanto, no hay razón de aumentos en los precios. Ante cualquier incremento pedimos denunciar ante la Defensoría del Consumidor», aseveró.
Parada reiteró además que el producto que se encuentra actualmente en el mercado es parte de la cosecha pasada, por lo que no existe justificante para que los precios incrementen, usando como justificación los daños de la tormenta Julia.
En todo caso, explicó, está implicación se vería el próximo año, pero el Gobierno se encuentra realizando una serie de acciones para rescatar los cultivos que quedaron vulnerables a hongos y enfermedades debido a la saturación de humedad. Las medidas incluyen la entrega de fungicidas a los productores, mientras en los casos de las plantaciones perdidas se ejecutará un proceso de resiembra.
Para estas acciones, el Gobierno ha destinado $27 millones, de los cuales este año invertirá $9 millones destinados para adquirir insumos, como fungicidas y semilla mejorada.
«Luego de la estimación de los daños, comenzó la ejecución de un plan de emergencia para recuperar los cultivos afectados, a fin de mantener e, incluso, aumentar la producción proyectada este año y garantizar el abastecimiento y la seguridad alimentaria de la población», afirmó el funcionario.
Agregó que la inversión ha sido determinada en función del registro oficial de daños, y destacó que la cuantificación fue menor de lo que potencialmente pudo haber ocurrido por la cantidad de agua que cayó sobre el territorio, siendo el oriente del país la zona más afectada.
La inversión total destinada por el Gobierno a toda la rehabilitación y reconstrucción tras Julia asciende a alrededor de $116 millones, de los cuales $98.2 millones se ejecutarán este año y lo restante el próximo, informó esta semana el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya.
«La afectación ha sido amplia, pero el país cuenta con mecanismos de contingencia», aseveró el funcionario.
Una parte de esos fondos provienen de un crédito de $300 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para desastres naturales, más donaciones provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), entre otras fuentes de recursos.
La prolonganción de esta herramienta legal fue avalada con los votos de 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, que consideraron válidos los argumentos planteados por el Órgano Ejecutivo al solicitar la extensión por 30 días, entre esos que «existen intentos de reorganización de grupos criminales».
En el decreto se expone que las autoridades recientemente capturaron a sujetos que tenían la aspiración de formar y operar pandillas cerca de los centros escolares, o sus entornos, a través de acciones como la «intimidación, reclutamiento y promoción de actividades ilícitas».
Agrega que el contexto regional demanda de atención especial, debido a que se «ha elevado y acelerado la actuación criminal en distintos países de la región, particularmente en la República de Guatemala».
Se subraya que «estos acontecimientos evidencian un incremento progresivo de la actividad de las pandillas en la región, y ponen en riesgo la paz, el orden y la seguridad en El Salvador».
Durante la discusión de la iniciativa, en la sesión plenaria 95, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó el respaldo de los diputados que han acompañado el proyecto de seguridad del presidente Bukele, desde el 27 de marzo de 2022, cuando se aprobó por primera vez el régimen de excepción con «votos que están cambiando la vida de los salvadoreños».
Castro añadió que el clima de seguridad permite que ahora los niños puedan jugar frente a sus casas, las comunidades recuperar sus canchas, entre otras actividades que se han retomado y han mejorado la convivencia.
Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas, puntualizó que en 2025 se registraron 82 homicidios a escala nacional, y todos fueron resueltos, alcanzando una tasa de efectividad del 100 %.
Agregó que antes nadie se preocupaba los homicidios y quedaban en la impunidad «ahora hablamos con números y los números no mienten», detalló.
Con 54 votos el congreso autorizó ayer al Ministerio de Hacienda para que suscriba un contrato de préstamo, por $16.7 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El decreto aprobado permitirá al país recibir el denominado «segundo financiamiento adicional del Programa Crecer y Aprender Juntos, desarrollo de la primera infancia de El Salvador».
Dicho programa plantea el propósito de continuar mejorando las prácticas de enseñanza, educación y cuidado en la primera infancia a escala nacional, así como los ambientes físicos de aprendizaje de centros seleccionados de educación y primera infancia.
En el decreto aprobado se establece que el contrato que suscriba Hacienda, o quien designe, deberá someterse al aval posterior de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa del Ejecutivo, a través de Hacienda, fue ingresada ayer a la plenaria a través de modificación de agenda, en la que se solicitó su aprobación con dispensa de trámite.
Principal
Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
