Nacionales
El acceso a la información y la transparencia tienen un retroceso grande en El Salvador, asegura Eduardo Escobar
Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana se refirió a la transparencia, ética y acceso a la información pública en El Salvador, conceptos que dentro de la política juegan un papel fundamental de la administración pública, así como de todo funcionario público.
En El Salvador el tema de transparencia e información es un tanto celoso dentro de cualquier institución, sea pública o privada y sobre todo, cuando se trata del manejo y dinero público de cualquier ministerio, compañía o institución política.
En este aspecto, Acción Ciudadana se encarga de monitorear el desempeño de las instituciones en cómo cumple su función institucional y sus atribuciones legales orientadas al buen manejo de la gestión pública.
Bajo ese marco, Eduardo Escobar, destacó que la transparencia se refiere “a la acción que realizan las autoridades de darle acceso a la ciudadanía de cómo están manejando cosa pública, de cómo están tomando decisiones y los fondos”, dijo Escobar.
Ante la pregunta de si este concepto se apega a la realidad de las instituciones públicas en la actualidad el invitado destacó que con la ley de acceso a la información se venían dando pasos pequeños contra el combate a la corrupción y el mal manejo de fondos públicos, pero que hasta el 2019 esto tomó un retroceso con la administración del gobierno actual.
“En el 2019 las autoridades que asumen hacen aun lado el tema de la transparencia y esto ha ido como una bola de nieve progresivamente aumentándose y ahora ya información a la que no se puede acceder”, afirmó el director de Acción Ciudadana.
Para Escobar el reto de la transparencia en un país como El Salvador debe de construirse bajo “la voluntad política de los titulares de la instituciones e implementar mecanismos de rendiciones de cuentas, de acceso a la información y luego cumplir la ley”, aseveró el invitado de la entrevista El Salvador Today conducida por el periodista Edwin Góngora.
Judicial
Exsecretario privado de Funes y su esposa condenados a devolver $3.87 millones por enriquecimiento ilícito
La Fiscalía General de la Republica (FGR) logró que el exfuncionario Francisco José Cáceres Zaldaña y su esposa, Reyna Guadalupe Flores de Cáceres sean declarados culpables de enriquecimiento ilícito y deberán restituir al Estado $3,872,095.46 dólares.
Como parte de la condena civil, la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla resolvió que Francisco Cáceres deberá devolver $3,539,407.87 dólares, asimismo, lo inhabilitó por 10 años para ejercer cualquier cargo público.
En cuanto a su esposa, Reina Guadalupe Flores de Cáceres debe reintegrar US$332,687.59.
Cáceres fue secretario privado de la presidencia, durante la gestión de Mauricio Funes, entre el 1 de junio 2009 al 31 de mayo del 2014.
La condena civil ha sido impuesta por la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla.
Dos personas resultaron con lesiones leves tras un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 8 de la carretera Troncal del Norte, informaron los Comandos de Salvamento.
De acuerdo con el reporte, el conductor de un vehículo particular y su acompañante chocaron en la parte trasera de un camión, luego de que el motorista se distrajera al volante.
El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, recordó que la distracción sigue siendo la principal causa de percances viales en el país. Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron al lugar para inspeccionar la escena y establecer responsabilidades.
El Viceministro de Transporte, Nelson Reyes, informó que El Salvador contabiliza cerca de los dos millones de vehículos en circulación, lo que representa un crecimiento anual del 8.5 % en el parque vehicular del país.
“Nos estamos acercando a los dos millones de vehículos en nuestro parque vehicular. Actualmente, el número de vehículos es de 1.9 millones en el país”, detalló Reyes en la entrevista del programa Frente a Frente.
Según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, del total de 1,959,103 vehículos registrados, 1,299,043 corresponden a automóviles y 660,060 a motocicletas. Este incremento plantea nuevos desafíos en materia de tránsito y seguridad vial.
