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Defensoría redobla despliegue en el oriente del país para proteger a los consumidores durante festividades
Este lunes, la Defensoría del Consumidor redobló su despliegue en los departamentos de San Miguel, La Unión, Morazán y Usulután, para proteger los derechos e intereses de los consumidores durante el comercio y las festividades de Navidad y de Año Nuevo.
El presidente de la Defensoría, Ricardo Salazar, detalló que el despliegue se realiza en los principales centros comerciales, para prevenir afectaciones al bolsillo de la población y garantizar que los proveedores cumplan las principales disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor.
“A la fecha, registramos 105,000 consumidores atendidos en lo que va del 2022. También, $10.2 millones recuperados de más de 13,000 consumidores que ha hecho efectivo sus derechos a través de la Defensoría del Consumidor”, detalló Salazar.
La Defensoría del Consumidor desarrolla, a escala nacional, jornadas de trabajo en diversos puntos de atención instalados en los principales centros comerciales, parques, plazas y alcaldías del país, así como en los lugares de mayor concentración poblacional para brindar apoyo jurídico a los consumidores.
Para ello, el titular de la Defensoría, invitó a la población a continuar denunciando publicidad engañosa, falta de información en promociones y ofertas, por ello recordó los canales de denuncia a través del teléfono 910 o al WhatsApp 7844 1482.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
Un aparatoso accidente de tránsito se registró este jueves en el distrito de San Miguel, cuando un microbús que circulaba a excesiva velocidad se estrelló contra el muro perimetral de una vivienda en la zona de Chirilagua.
El siniestro fue captado por la cámara de seguridad de la propiedad afectada, y en las imágenes se observa cómo el vehículo se aproxima a gran velocidad antes de impactar violentamente contra la estructura.
Según testigos, el microbús trasladaba a varios maestros que se dirigían hacia el centro escolar donde laboran. Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales, pero las autoridades investigan las causas del accidente y si hubo personas lesionadas.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
