Nacionales
Cuestionan la labor productiva de reos mientras el país transforma su infraestructura educativa
Una reciente polémica se ha generado a raíz de las declaraciones de Ingrid Escobar, militante del FMLN y autonombrada defensora de derechos humanos, quien calificó como “inconstitucional” el uso de privados de libertad para trabajos comunitarios, particularmente en labores de reconstrucción y mejora de escuelas públicas.
Escobar señaló que los reos que participan en estos programas son “obligados” a trabajar, lo cual, según su interpretación, contraviene preceptos constitucionales relacionados con los derechos humanos. Sus declaraciones han generado diversas reacciones, tanto en apoyo como en crítica, dentro del debate público nacional.
Lo que algunos sectores señalan como una violación de derechos, otros lo ven como una oportunidad de rehabilitación social para los privados de libertad, especialmente en un país donde históricamente se ha carecido de una política eficaz de reinserción penitenciaria.
Actualmente, cientos de reos en El Salvador participan en jornadas laborales en las que fabrican al menos 2,000 piezas diarias que son utilizadas para la construcción y renovación de centros escolares. Esta iniciativa forma parte de un programa gubernamental enfocado en dar una segunda oportunidad a quienes cumplen condena y, al mismo tiempo, mejorar las condiciones de infraestructura educativa en todo el país.
Los productos elaborados por los reos incluyen escritorios, ventanas, puertas, y otras estructuras metálicas que permiten avanzar en la dignificación de espacios educativos que durante décadas fueron abandonados por las autoridades.
Cabe recordar que durante los gobiernos del FMLN y de ARENA, muchas escuelas públicas fueron construidas con materiales precarios, incluyendo láminas metálicas y pisos de tierra. Esto fue duramente criticado por docentes, padres de familia y comunidades enteras que vieron limitada la calidad del proceso educativo.
Según informes oficiales, miles de estudiantes salvadoreños cursaron su educación básica en aulas improvisadas, sin ventilación adecuada, sin acceso a servicios sanitarios dignos y, en algunos casos, expuestos a condiciones de insalubridad que afectaban directamente su rendimiento académico.
La situación actual contrasta con esa realidad. El Gobierno ha priorizado la mejora de la infraestructura escolar y ha involucrado a los reos como parte activa del proceso, bajo estricta supervisión, con el objetivo de contribuir a la transformación social desde el sistema penitenciario.
Economia
Ministra de Vivienda destaca importancia del historial crediticio para acceder a una vivienda digna
La ministra de Vivienda, Michelle Sol, reiteró recientemente la relevancia de mantener un buen historial crediticio para quienes desean adquirir una vivienda a través del Fondo Social para la Vivienda (FSV). Según la funcionaria, esta calificación financiera es clave para acceder a créditos hipotecarios con condiciones favorables.
“Pagar puntualmente tus compromisos abre las puertas a mejores condiciones de vida”, afirmó Sol, al advertir que mantener un buen récord evita el riesgo de perder la casa adquirida. Añadió que el crédito accesible es una de las herramientas principales del Sistema de Vivienda para brindar desarrollo a las familias salvadoreñas.
El FSV considera el historial crediticio como un reflejo del comportamiento de pago del solicitante. Por ello, recomienda adoptar hábitos financieros responsables como pagar deudas a tiempo, evitar el sobreendeudamiento, revisar reportes de crédito y mantener un balance entre ingresos y gastos.
La ministra también explicó que el nivel de endeudamiento no debe superar el 40 % de los ingresos mensuales. Por ejemplo, si una persona gana $600, su carga de deuda ideal no debe pasar de los $240 mensuales.
La cuota de un crédito hipotecario depende del monto solicitado, el plazo y la tasa de interés, pero también de factores como los ingresos familiares y el endeudamiento. Un buen historial financiero permite acceder a mayores montos, mejores condiciones y más estabilidad.
Finalmente, Sol aconsejó realizar pagos adicionales al capital en la fecha establecida para acelerar la reducción de la deuda y mejorar aún más la calificación crediticia.
El Ministerio de Educación (Mined) ha lanzado, por primera vez, un curso preuniversitario en línea dirigido a estudiantes de bachillerato que se graduarán en 2025, tanto del sector público como privado. La iniciativa, completamente gratuita y de modalidad asincrónica, busca facilitar el tránsito hacia la educación superior.
El curso es impulsado por la Dirección Nacional de Educación Superior (DNES) bajo el formato MOOC (Massive Open Online Course), permitiendo a los jóvenes aprender a su propio ritmo y desde cualquier lugar. La propuesta incluye cuatro módulos con recursos interactivos como cápsulas en video, entrevistas y actividades dinámicas.
Los contenidos abarcan temas como orientación vocacional, técnicas de estudio, inteligencias múltiples y una introducción al sistema de educación superior. Además, incluye una prueba vocacional que ayudará a los participantes a tomar decisiones más informadas sobre su futuro académico.
Los interesados pueden inscribirse a través del sitio web https://preuniversitario.edu.sv utilizando su código de institución y número de identificación estudiantil (NIE). Para más información, el Mined ha habilitado el correo certificaciondnes@mined.gob.sv.
Según el Ministerio, el objetivo del curso es brindar una experiencia accesible y significativa que motive a más jóvenes a continuar sus estudios universitarios.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Jaqueline Carolina Cruz Martínez a 57 años de prisión por delitos cometidos en perjuicio de sus tres hijos. La mujer recibió una pena de 45 años por el homicidio agravado de su hija de 5 años, y 12 años adicionales por el abandono y maltrato de sus otros dos hijos menores de edad.
Durante el juicio, también fue procesado Carlos Francisco Sosa Pérez, pareja de Cruz Martínez, quien fue hallado culpable por comisión por omisión en los delitos de abandono, desamparo y maltrato infantil. El tribunal le impuso una condena total de 12 años de prisión, con tres años por cada menor y por cada delito.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el crimen ocurrió el 25 de abril de 2024, en el distrito de San Martín, donde la niña murió en su vivienda a causa de múltiples golpes propinados por su madre.
El Ministerio Público logró sustentar los hechos mediante pruebas documentales, periciales y testimoniales, las cuales demostraron que los tres menores eran víctimas frecuentes de maltrato y negligencia por parte de los acusados.
