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Cuestionan la labor productiva de reos mientras el país transforma su infraestructura educativa
Una reciente polémica se ha generado a raíz de las declaraciones de Ingrid Escobar, militante del FMLN y autonombrada defensora de derechos humanos, quien calificó como “inconstitucional” el uso de privados de libertad para trabajos comunitarios, particularmente en labores de reconstrucción y mejora de escuelas públicas.
Escobar señaló que los reos que participan en estos programas son “obligados” a trabajar, lo cual, según su interpretación, contraviene preceptos constitucionales relacionados con los derechos humanos. Sus declaraciones han generado diversas reacciones, tanto en apoyo como en crítica, dentro del debate público nacional.
Lo que algunos sectores señalan como una violación de derechos, otros lo ven como una oportunidad de rehabilitación social para los privados de libertad, especialmente en un país donde históricamente se ha carecido de una política eficaz de reinserción penitenciaria.
Actualmente, cientos de reos en El Salvador participan en jornadas laborales en las que fabrican al menos 2,000 piezas diarias que son utilizadas para la construcción y renovación de centros escolares. Esta iniciativa forma parte de un programa gubernamental enfocado en dar una segunda oportunidad a quienes cumplen condena y, al mismo tiempo, mejorar las condiciones de infraestructura educativa en todo el país.
Los productos elaborados por los reos incluyen escritorios, ventanas, puertas, y otras estructuras metálicas que permiten avanzar en la dignificación de espacios educativos que durante décadas fueron abandonados por las autoridades.
Cabe recordar que durante los gobiernos del FMLN y de ARENA, muchas escuelas públicas fueron construidas con materiales precarios, incluyendo láminas metálicas y pisos de tierra. Esto fue duramente criticado por docentes, padres de familia y comunidades enteras que vieron limitada la calidad del proceso educativo.
Según informes oficiales, miles de estudiantes salvadoreños cursaron su educación básica en aulas improvisadas, sin ventilación adecuada, sin acceso a servicios sanitarios dignos y, en algunos casos, expuestos a condiciones de insalubridad que afectaban directamente su rendimiento académico.
La situación actual contrasta con esa realidad. El Gobierno ha priorizado la mejora de la infraestructura escolar y ha involucrado a los reos como parte activa del proceso, bajo estricta supervisión, con el objetivo de contribuir a la transformación social desde el sistema penitenciario.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de José Francisco Sarceño Cañas, miembro de la pandilla 18S y señalado como “gatillero” de la estructura criminal.
Según las autoridades, Sarceño Cañas fue detenido tras amenazar con un arma de fuego, en estado de ebriedad, a los residentes de la colonia Paz 92 y sus alrededores, en Izalco, Sonsonate.
El detenido enfrentará el proceso judicial correspondiente por su vinculación con agrupaciones ilícitas.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que una adulta mayor falleció tras ser atropellada en el kilómetro 99 de la carretera a Sonzacate, cerca de la colonia La Chilena.
Según las autoridades, el accidente se produjo por la velocidad inadecuada del conductor, quien ya fue capturado y será remitido por homicidio culposo.
Policías de Tránsito se encuentran en el lugar atendiendo la escena.
Un fuerte accidente de tránsito se registró esta tarde en el kilómetro 54½ de la carretera que de San Salvador conduce hacia Santa Ana. Según el reporte preliminar, un vehículo volcó tras colisionar con un pick up, quedando ambos automotores obstaculizando la vía.
Equipos de Cruz Verde Salvadoreña se desplazaron al lugar para brindar asistencia a posibles personas lesionadas.
Hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas del percance, aunque no se descarta que el exceso de velocidad haya sido un factor determinante.
