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Corte de Cuentas rinde informe de resultados de Fiscalización 2024
El titular de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Walter Salvador Sosa, entregó hoy al Presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro y a todo el pleno, el Informe de Labores 2024 de esta Entidad Fiscalizadora Superior, dando así cumplimiento a los artículos 199 de la Constitución de la República y 111 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa.
Este Organismo Superior de Control se encarga de fiscalizar, en su doble aspecto, administrativo y jurisdiccional, la Hacienda Pública en general y la ejecución del Presupuesto en particular, entre otras atribuciones.
“Trabajamos para consolidarnos como una entidad eficiente y moderna que, cumpliendo con el marco legal y técnico aplicable, contribuye al desarrollo de la sociedad salvadoreña, por medio de una efectiva labor asesora que ayude a erradicar la corrupción en la Administración Pública”, externó el Presidente Sosa.
Este documento técnico detalla las principales acciones y logros obtenidos el año pasado en materia de fiscalización de los recursos públicos, para beneficio de los ciudadanos.
En el ámbito de la auditoría gubernamental, se destaca que durante este periodo se ejecutaron 670 acciones de control, de las cuales, 599 fueron exámenes especiales y 71 de tipo financiera y operativa o de gestión.
Este informe resalta el cumplimiento al 100% del Plan Masivo de Fiscalización Municipal 2024, actualizando al 30 de abril de 2024 todas las auditorías en los municipios y distritos del país. Asimismo, se destaca la presencia de la CCR en el traspaso de los gobiernos municipales y de auditores como observadores en los comicios del año anterior; modernización del Juicio de Cuentas, adopción de la Firma Electrónica, actualización de la normativa institucional y la capacitación continua del talento humano interno y del sector público.
En el área jurisdiccional, las siete Cámaras de Primera Instancia administraron 720 expedientes y emitieron 342 sentencias. En concepto de multas por responsabilidades administrativas y en el caso de responsabilidad patrimonial, los servidores públicos y terceros según corresponda, pagaron un total de $362,743.16, que fueron recuperados para el Estado.
Con el propósito de mejorar la productividad, la Corte de Cuentas de la República suscribió convenios de cooperación con la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública, el Registro Nacional de las Personas Naturales, el Centro Nacional de Registros, entre otras alianzas estratégicas que coadyuvan a la profesionalización del proceso de fiscalización gubernamental.
“Construimos alianzas con otras entidades del Estado para hacer un solo frente a la corrupción y garantizar mayores niveles de transparencia, rendición de cuentas y buena gobernanza, ejerciendo con dedicación y profesionalismo nuestra misión fiscalizadora”, recalcó el titular de la CCR.
En el ámbito internacional, la CCR siguió formando parte y contribuyendo en instancias como la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS); Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS) y del Consejo Fiscalizador Regional del Sistema de la Integración Centroamericana (CFR-SICA). Además, participó en foros y webinarios de talla internacional, resalta el Informe de Labores.
Un accidente de tránsito múltiple se registró esta tarde en el distrito de Nueva Guadalupe, San Miguel Oeste, involucrando a un autobús de la ruta 333, un microbús de la ruta 16 y un camión.
Según informes de los socorristas de Comandos de Salvamento, tres personas resultaron lesionadas en el incidente. Las primeras investigaciones sugieren que la excesiva velocidad y la falta de distancia entre los vehículos podrían haber sido factores determinantes en el choque.
Hasta el momento, se desconoce el estado de salud y la identidad de las víctimas. Las autoridades continúan trabajando en el lugar para esclarecer los hechos.
Johao Carlos Marín Fuentes fue condenado a 26 años y 8 meses de prisión por haber abusado sexualmente y constantemente de una menor de edad de febrero a agosto del año 2024, en una colonia del distrito de Mejicanos, San Salvador Centro, departamento de San Salvador.
Con las abundantes pruebas presentadas en juicio por la Fiscalía, se evidenció que el imputado convivía con varios familiares de la víctima, por lo que aprovechaba cuando se quedaba solo con la menor afectada para agredirle sexualmente en reiteradas ocasiones y de diferentes maneras.
Marín Fuentes amedrentaba a la víctima para que no dijera nada a nadie de lo que estaba sucediendo, a la vez que le ofrecía usar una tableta electrónica, a cambio de su silencio.
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador validó todas las pruebas presentadas por los fiscales del caso e impuso la pena de prisión en mención y el imputado está obligado a $2,000 dólares en concepto de responsabilidad civil.
A Fuentes se le procesó por el delito de agresión sexual en menor o incapaz, en su modalidad de delito continuado.
La Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC), desarticuló una estructura de cuatro venezolanos y un ecuatoriano que estafaron a diez víctimas con la falsa promesa de venta de vehículos.
Los detenidos son los venezolanos: Daniel Alejandro Guzmán, Bryan José Eduardo Salazar, Bryan Alexander Camacho Melean y el ecuatoriano Gabriel Andrés Ponce Ruiz.
Según las investigaciones, desde octubre del año 2024 a la fecha, los extranjeros crearon la corporación Venicars para la supuesta compra y venta de automóviles, y a las víctimas les hicieron creer que les podían otorgar créditos, financiamientos o compras programadas por los automotores que elegían.
Las víctimas hicieron pagos o depósitos desde los $5,000 a $10,000 dólares para adquirir los vehículos; sin embargo, luego les aseguraron que esos pagos eran en concepto de derecho para participar en asambleas en donde rifarían las compraventas de los vehículos. Ninguna de las víctimas recibió documento ni los autos, ni la devolución del dinero.
Los extranjeros serán procesados por cometer los delitos de estafa agravada y agrupaciones ilícitas.
Las capturas y registros, realizados en San Salvador, se efectuaron con el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Dirección de Migración y Extranjería.
