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«Cinco personas no van a decidir la muerte de cientos de miles de salvadoreños”, presidente Bukele reacciona a resolución de la Sala de lo Constitucional
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió una resolución que prohíbe al Gobierno continuar con las detenciones de personas por el hecho de violar la cuarentena domiciliar o los decomisos de sus bienes por la emergencia del COVID-19.
La Sala explica que, mientras no haya una ley formal o no se cumplan requisitos del Código de Salud para confinar a una persona a cuarentena, estas acciones están prohibidas; advirtiendo que normarlas a través de decretos legislativos es “usurpar” las funciones del Legislativo.
Tres horas después, el presidente Nayib Bukele anunció en sus redes sociales que no puede acatar la resolución.
“Ninguna resolución está por encima del derecho constitucional a la vida y salud del pueblo salvadoreño”, tuiteó, una afirmación que anoche recibió 13,300 “me gusta” en la red social Twitter.
Así, el mandatario aclaró que su Gobierno “continuará ejecutando al 100 % el decreto ejecutivo 19”, señalando además que “5 personas no van a decidir la muerte de cientos de miles de salvadoreños”.
“Una cosa es interpretar la Constitución, otra muy diferente es ordenar la muerte del pueblo”, señaló.
Bukele argumentó que la facultad de implementar o quitar medidas sanitarias la tiene el Ministerio de Salud, conferida por el Código de Salud. La Sala, por su parte, indica que ninguna de las disposiciones del Código de Salud, habilita a “detener o retener a las personas por el mero incumplimiento a la cuarentena domiciliar”.
El Código de Salud, en su artículo 136, habilita a enviar a aislamiento o cuarentena a las personas que padezcan de enfermedades encuaretenables o que tengan o diseminen sus gérmenes o hayan sido expuestas a su contagio.
La Sala sostiene expresamente que “solo una ley formal”, es decir, “un decreto legislativo y publicado en debida forma” puede imponer un internamiento sanitario forzoso a quien desobedezca la orden de quedarse en casa.
Si no hay ley formal, advirtió, el Gobierno solo puede obligar a una persona que ande injustificadamente fuera de su vivienda a que regrese a su casa, aunque la Sala reconoce que hay sanciones administrativas contra estos infractores previstas en el Código de Salud y la Ley de Protección Civil, según el debido proceso.
El decreto ejecutivo 19 indica que quien “incumpla el resguardo domiciliar sin justificación” y que luego de haber sido evaluada por el personal médico se catalogue como sospechoso deberá guardar cuarentena controlada por 30 días mientras no se descarte la presencia de COVID-19 y su vehículo deberá remitirse para ser desinfectado.
Rosa Lilian Hidalgo fue declarada culpable de abusar de un adolescente de 14 años de edad en el distrito de Conchagua, La Unión Sur.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó en las últimas horas que la mujer fue condenada a 20 años de prisión.
El informe fiscal revela que Hidalgo se aprovechó de la confianza que existía y abusó del adolescente en varias ocasiones.
Dichos abusos fueron cometidos entre los meses de diciembre de 2023 y enero de 2024, hasta que un familiar de la víctima denunció lo que sucedía.
Un sujeto perteneciente a grupos de pandillas y que se dedicaba a la extorsión fue puesto bajo arresto por elementos de la Policía Nacional Civil (PNC).
La captura fue confirmada este jueves al mediodía por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien señaló que el detenido fue identificado como Carlos Daniel Martínez Pérez, alias Chocoyo.
El detenido pertenece a la pandilla MS13 con grado de homeboy y se dedicaba a las extorsiones y a mantener en zozobra a la población.
De igual forma, las autoridades señalaron que el sujeto tenía un tatuaje alusivo a grupos de pandillas, lo que confirmó su vinculación con estructuras terroristas.
Nacionales
Barney, líder de la MS y reclamado por Estados Unidos, recibe una condena de 12 años de prisión
Moris Alexander Bercián Machón, alias «Barney», cabecilla de la clica Normandis Locos Salvatruchos de Sonsonate y reclamado por Estados Unidos, fue condenado como imputado ausente a 12 años de cárcel, por el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que cometió el delito de tráfico ilícito cuando fue detenido con seis kilogramos de cocaína, valuados en $150,000, en un procedimiento en el Puerto de La Libertad.
El caso fue conocido por el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla, pero fue absuelto en la vista pública porque la droga no fue embalada debidamente por la Policía y tras una apelación se ordenó un nuevo juicio en los tribunales de San Salvador.
Estando el expediente en la capital, el pandillero también fue favorecido con medidas alternas a la detención por un delito grave como es el tráfico ilícito, pese a que la normativa menciona que por ese tipo de ilícitos no se puede otorgar beneficios.
«Barney» comenzó cumpliendo con las medidas y se presentaba a firmar, pero cuando se acercaba la fecha del juicio huyó. El 18 y 25 de septiembre de 2015, tenía que haber llegado a firmar al Tribunal Quinto de Sentencia, pero al no comparecer, el 1 de octubre de ese año le giraron orden de captura, la cual fue ratificada tras la condena, al mismo tiempo se ha ordenado a la Fiscalía tramitar la emisión de difusión rojo con la Oficina Central Nacional (OCN) de la Policía Internacional (Interpol).
El expediente contra «Barney» lleva 16 años en los tribunales, cuando fue exonerado en Santa Tecla, la Fiscalía presentó en la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con una casación solicitando que se anulara la sentencia.
En el 2014, el tribunal superior le dio la razón al ministerio público y se ordenó un nuevo juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia donde se suspendió ocho veces la vista pública tras una serie de escritos de la defensa, entre ellos una recusación, finalmente la causa llegó al Tribunal Quinto de Sentencia.
Entre el historial delictivo que tiene incluye expedientes abiertos en su contra por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), y en Washington, el Departamento de Justicia, le abrió otro proceso por el decomiso de 118 kilogramos de cocaína encontrados en una embarcación que estaba abandonada en la playa Metalío, Sonsonate; el 7 de noviembre del 2012.
En las indagaciones de la DEA descubrieron que el cabecilla de la MS estuvo enviando droga a Estados Unidos desde el 2010. De los 118 kilogramos, supuestamente «Barney» ya había retirado del sector 82 kilogramos que habría vendido al Cartel de Texis a principios del 2000.
