Dice @RevistaFactum que el objetivo era conseguir ilegalmente el ROS para afectar al ex Presidente Flores. El ROS no fue obtenido en forma ilegal y lo que acaba incriminando a Flores fue el recorrido de los fondos Taiwán en el sistema financiero. El ROS solo fue un referente
Judicial
CASO ROS – Acusan a expresidente Funes, un ex fiscal y un periodista por revelar información que llevó a Francisco Flores a los tribunales
La FGR presentara requerimiento ante los juzgados y de llegar a ser condenados podrían ser sancionados de cuatro a seis años de prisión.
El expresidente de la República, Mauricio Funes, y otros dos fueron acusado por revelar el reporte que Estados Unidos emitió sobre el expresidente Francisco Flores y que lo llevó a los tribunales acusado de extraer las donaciones provenientes de Taiwán.
Según la documentación entragada al Juzgado Quinto de Paz de San Salvador. Funes junto a Diego Balmore Escobar Portillo y Lafitte Fernández Rojas, son señalados por la revelación del Reporte de Operaciones Sospechas (ROS) que dio inicio a un proceso judicial en contra de Flores.
El ROS fue el documento con el cual Funes se valió para señalar irregularidades de la administración Flores, algo que lo hizo llegar hasta la Asamblea Legislativa en donde se creó una comisión especial para evaluar el desvío de la donación de $10 millones.
FGR presentó requerimiento en Juzgado 5o de Paz de SS., contra Mauricio Funes, Diego Escobar y Lafitte Fernández, por la divulgación del ROS. Declaraciones del fiscal del caso. pic.twitter.com/VhFUch9ylK
— Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) 4 de enero de 2019
La presión política y mediática provocó que el arenero aceptara que dicho monto fue recibido, algo que le valió para permanecer detenido hasta su muerte en febrero de 2016 sin ser condenado.
A Funes, Escobar Portillo y Fernández Rojas se les atribuyen los delitos de revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial, según la Fiscalía General de la República (FGR), podrían ser sancionados con cuatro a seis años de prisión.
En febrero de 2015, Funes colocó un tuit donde respondía las razones por las cuales había hecho público el informe «para destapar la forma cómo gobiernos de ARENA se apropiaban de fondos públicos y los trasladaban a bolsillos privados», señaló. La acción fue aplaudida por sus seguidos, uno de ellos el político, Walter Araujo, quien ahora es uno de sus principales detractores.
A finales de 2018, la revista Factum reveló una serie de audios que marcaban una reunión entre Funes, el expresidente de la República, Elías Antonio Saca, su hermano, Herbert Saca y el empresario, Miguel Menéndez, para exponer juridicamente a Flores.
Según este medio el ROS fue obtenido de manera ilegal pero Funes, desde su cuenta de Twitter, señaló el 19 de diciembre que este había sido conseguido de forma legitima «que acaba incriminando a Flores fue el recorrido de los fondos Taiwán en el sistema financiero. El ROS solo fue un referente», dijo.
Mauricio Funes@FunesCartagena
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Fiscalía El Salvador@FGR_SVA las 2:00 pm Unidad Especializada Contra el Lavado de Dinero y Activos presentará requerimiento en el Juzgado 5o. Paz en contra de Carlos Mauricio Funes Cartagena, Diego Balmore Escobar Portillo y Lafitte Fernández Rojas por la revelación del ROS. 1
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TOMADO DE EL SALVADOR TIMES
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
