Dice @RevistaFactum que el objetivo era conseguir ilegalmente el ROS para afectar al ex Presidente Flores. El ROS no fue obtenido en forma ilegal y lo que acaba incriminando a Flores fue el recorrido de los fondos Taiwán en el sistema financiero. El ROS solo fue un referente
Judicial
CASO ROS – Acusan a expresidente Funes, un ex fiscal y un periodista por revelar información que llevó a Francisco Flores a los tribunales
La FGR presentara requerimiento ante los juzgados y de llegar a ser condenados podrían ser sancionados de cuatro a seis años de prisión.
El expresidente de la República, Mauricio Funes, y otros dos fueron acusado por revelar el reporte que Estados Unidos emitió sobre el expresidente Francisco Flores y que lo llevó a los tribunales acusado de extraer las donaciones provenientes de Taiwán.
Según la documentación entragada al Juzgado Quinto de Paz de San Salvador. Funes junto a Diego Balmore Escobar Portillo y Lafitte Fernández Rojas, son señalados por la revelación del Reporte de Operaciones Sospechas (ROS) que dio inicio a un proceso judicial en contra de Flores.
El ROS fue el documento con el cual Funes se valió para señalar irregularidades de la administración Flores, algo que lo hizo llegar hasta la Asamblea Legislativa en donde se creó una comisión especial para evaluar el desvío de la donación de $10 millones.
FGR presentó requerimiento en Juzgado 5o de Paz de SS., contra Mauricio Funes, Diego Escobar y Lafitte Fernández, por la divulgación del ROS. Declaraciones del fiscal del caso. pic.twitter.com/VhFUch9ylK
— Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) 4 de enero de 2019
La presión política y mediática provocó que el arenero aceptara que dicho monto fue recibido, algo que le valió para permanecer detenido hasta su muerte en febrero de 2016 sin ser condenado.
A Funes, Escobar Portillo y Fernández Rojas se les atribuyen los delitos de revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial, según la Fiscalía General de la República (FGR), podrían ser sancionados con cuatro a seis años de prisión.
En febrero de 2015, Funes colocó un tuit donde respondía las razones por las cuales había hecho público el informe «para destapar la forma cómo gobiernos de ARENA se apropiaban de fondos públicos y los trasladaban a bolsillos privados», señaló. La acción fue aplaudida por sus seguidos, uno de ellos el político, Walter Araujo, quien ahora es uno de sus principales detractores.
A finales de 2018, la revista Factum reveló una serie de audios que marcaban una reunión entre Funes, el expresidente de la República, Elías Antonio Saca, su hermano, Herbert Saca y el empresario, Miguel Menéndez, para exponer juridicamente a Flores.
Según este medio el ROS fue obtenido de manera ilegal pero Funes, desde su cuenta de Twitter, señaló el 19 de diciembre que este había sido conseguido de forma legitima «que acaba incriminando a Flores fue el recorrido de los fondos Taiwán en el sistema financiero. El ROS solo fue un referente», dijo.
Mauricio Funes@FunesCartagena
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Fiscalía El Salvador@FGR_SVA las 2:00 pm Unidad Especializada Contra el Lavado de Dinero y Activos presentará requerimiento en el Juzgado 5o. Paz en contra de Carlos Mauricio Funes Cartagena, Diego Balmore Escobar Portillo y Lafitte Fernández Rojas por la revelación del ROS. 1
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TOMADO DE EL SALVADOR TIMES
La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.
Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.
Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.
Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.
La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.
Baltazar Rivera fue sentenciado a 12 años de prisión por haber agredido sexualmente a una niña desde que tenía cinco años. Los abusos se cometieron durante 2016 al 2020 en Sacacoyo, La Libertad Oeste, así lo dictó el Tribunal Primero de Sentencia de Sonsonate.
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, Rivera habitaba en el mismo terreno dónde vivía la víctima y cuando ella salía al sanitario, él la tomaba por la fuerza y la abusaba sexualmente. En otras ocasiones, la obligaba a entrar a su casa para agredirla.
El fiscal del caso informó que Rivera tenía medidas sustitutivas a la detención por orden judicial, sin embargo, durante el juicio fueron revocadas por el referido Tribunal, el cual ordenó su detención al condenarlo por el delito de agresión sexual en menor o incapaz en modalidad continuada.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
