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Cámaras de video de Centro Comercial revelan que empleada de Pollo Campestre desapareció luego de ver a un excompañero de trabajo
Luego de que El Salvador Times informara que Zuleyma Marisol Flores Guardado, de 24 años, desapareció el 30 de mayo pasado los alrededores del centro comercial Metrocentro de esta capital, la familia pudo tener acceso a las cámaras de videovigilancia del lugar que revelaron que la la joven se perdió después de ver a un excompañero de trabajo en ese lugar.
El padre de la víctima confirmó esta información a este medio, luego de tener acceso al video que le proporcionaron las autoridades del centro comercial, quienes lo contactaron a raíz de la publicación que se hizo. Fue entonces que le mostraron los videos, donde se observa a la joven por última vez.
«Las cámaras mostraron que ella andaba con un muchacho que se llama Wilber, de quien nosotros no sabemos nada de él ni lo conocemos», sostuvo el preocupado padre de familia.
El progenitor de Flores Guardado explicó que pudo reconocer al hombre debido a que días antes de que le mostraran los videos una amiga de su hija le llamó por teléfono y le contó que ella fue vista con un hombre que se llamaba Wilber. La amiga le envió vía WhatsApp el número y la fotografía del hombre.
La amiga también le contó que Wilber era un excompañero de su hija, pues había trabajado con ella en una sucursal del Pollo Campestre.
El padre aseguró que le estuvo marcando todos los días al hombre, pero siempre sonaba apagado. También continuó marcándole al teléfono a su hija, pero este se encontraba desactivado. Su insistencia fue en vano.
Sin embargo, cuando vio el video de inmediato pudo identificarlo. Era el mismo hombre que la amiga de su hija había reconocido como Wilber.
«En el vídeo se ve que él sale con ella por la parte donde están las letras rojas que dicen ‘Metro’, pero luego de ver eso, ya no pude ver más», detalló.
Fuentes del centro comercial explicaron a este medio que al padre se le mostraron las imágenes hasta que salieron del encuadre de las cámaras del lugar.
Este medio intentó hablar con la compañera de trabajo de Flores, pero no contestó el celular y en el lugar donde trabaja dijo una de las empleadas que ella estaba trabajando y no estaba autorizada para pasar llamadas personales en su turno laboral.
El padre aseguró que Wilber no se ha reportado como desaparecido, manifestó que fueron fuentes fiscales las que le informaron que el hombre se encuentra bien y que vive en una zona populosa al norte de la capital.
39 días desaparecida
La joven lleva ya 39 días desaparecida y de momento el padre no tiene información del paradero de ella, tampoco se ha comunicado a la casa donde reside. Las autoridades aún no le han dado detalles de la investigación sobre los hechos.
Flores salió el miércoles 30 de mayo de su casa ubicada al norte de San Salvador hacia Metrocentro. Ese día iba vestida con una camisa color morada del Real Madrid, un jeans celeste y zapatos deportivos color blancos. Lo único que llevaba era su tarjeta de débito y su Documento Único de Identidad (DUI).
Sostuvo que eran las 10:00 de la mañana cuando salió. «Voy a ir a Metro, ya regreso», fueron las últimas palabras que ella le dijo, según el relato del padre. Aseguró que intentaron llamarle al rededor de la 1:00 de la tarde, pero el celular estaba desactivado.
El hermano de la joven aseguró que la Policía les informó anteriormente que ella tomó un microbús de la ruta 38-C y que se bajó en la zona de El Diario de Hoy. Ahí, tomó otro bus y se bajó en el Centro Comercial.
Flores Guardado tiene tres años de trabajar en el área de cocina de la sucursal del Pollo Campestre, ubicada en El Salvador del Mundo. Es soltera, no tiene hijos y su padre detalla que no le conoce alguna relación sentimental
La prolonganción de esta herramienta legal fue avalada con los votos de 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, que consideraron válidos los argumentos planteados por el Órgano Ejecutivo al solicitar la extensión por 30 días, entre esos que «existen intentos de reorganización de grupos criminales».
En el decreto se expone que las autoridades recientemente capturaron a sujetos que tenían la aspiración de formar y operar pandillas cerca de los centros escolares, o sus entornos, a través de acciones como la «intimidación, reclutamiento y promoción de actividades ilícitas».
Agrega que el contexto regional demanda de atención especial, debido a que se «ha elevado y acelerado la actuación criminal en distintos países de la región, particularmente en la República de Guatemala».
Se subraya que «estos acontecimientos evidencian un incremento progresivo de la actividad de las pandillas en la región, y ponen en riesgo la paz, el orden y la seguridad en El Salvador».
Durante la discusión de la iniciativa, en la sesión plenaria 95, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó el respaldo de los diputados que han acompañado el proyecto de seguridad del presidente Bukele, desde el 27 de marzo de 2022, cuando se aprobó por primera vez el régimen de excepción con «votos que están cambiando la vida de los salvadoreños».
Castro añadió que el clima de seguridad permite que ahora los niños puedan jugar frente a sus casas, las comunidades recuperar sus canchas, entre otras actividades que se han retomado y han mejorado la convivencia.
Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas, puntualizó que en 2025 se registraron 82 homicidios a escala nacional, y todos fueron resueltos, alcanzando una tasa de efectividad del 100 %.
Agregó que antes nadie se preocupaba los homicidios y quedaban en la impunidad «ahora hablamos con números y los números no mienten», detalló.
Con 54 votos el congreso autorizó ayer al Ministerio de Hacienda para que suscriba un contrato de préstamo, por $16.7 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El decreto aprobado permitirá al país recibir el denominado «segundo financiamiento adicional del Programa Crecer y Aprender Juntos, desarrollo de la primera infancia de El Salvador».
Dicho programa plantea el propósito de continuar mejorando las prácticas de enseñanza, educación y cuidado en la primera infancia a escala nacional, así como los ambientes físicos de aprendizaje de centros seleccionados de educación y primera infancia.
En el decreto aprobado se establece que el contrato que suscriba Hacienda, o quien designe, deberá someterse al aval posterior de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa del Ejecutivo, a través de Hacienda, fue ingresada ayer a la plenaria a través de modificación de agenda, en la que se solicitó su aprobación con dispensa de trámite.
Principal
Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
