Nacionales
Arrestan a exempleada de la PGR acusada de recibir sobornos

La Fiscalía General de la República (FGR) giró una orden de captura contra Loyda Margarita Arévalo Portillo, a quien le atribuyen el delito de cohecho propio, es decir, por recibir sobornos, informó el ministerio público.
De acuerdo a voceros de la FGR, la hoy detenida es una exempleada de la Procuraduría General de la República (PGR), en Zacatecoluca, cabecera departamental de La Paz.
Para no entorpecer las investigaciones, que se encuentran en la etapa inicial, la representación fiscal no ha revelado mayores detalles sobre a cambio de qué es que Loyda Margarita Arévalo Portillo cobraba sobornos, ni en cuantas ocasiones cometió el ilícito.
En el transcurso de las próximas 72 horas, la representación del ministerio público presentará la acusación correspondiente en el juzgado de Paz contra Arévalo Portillo, quien enfrentará la justicia por el cargo de cohecho propio.
Nacionales
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Judicial
Exdiputada de ARENA, Silvia Ostorga, es demandada por enriquecimiento ilícito junto a su familia

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una demanda por enriquecimiento ilícito contra Silvia Estela Ostorga de Escobar, exdiputada propietaria de la Asamblea Legislativa por el partido ARENA. La acción judicial también alcanza a su esposo, Marco Tulio Escobar Méndez, y a su hija, Katherine Tatiana Escobar Ostorga.
La investigación se originó tras una resolución de la Corte Suprema de Justicia que detectó indicios de enriquecimiento no justificado durante los tres períodos legislativos de Ostorga (2012-2015, 2015-2018 y 2018-2021). De acuerdo con el Ministerio Público, se le atribuyen 40 irregularidades financieras que suman $4,287,490.91, incluyendo depósitos bancarios, compras de vehículos, pagos de tarjetas de crédito y préstamos bancarios.
A su cónyuge se le señalan 25 irregularidades por un monto de $520,465.96, también vinculadas a movimientos bancarios, adquisición de bienes y manejo de créditos. En el caso de su hija, se reporta un depósito bancario de $2,000 cuyo origen no fue justificado.
La FGR solicita que los acusados restituyan los fondos al Estado y ha pedido a la Cámara de lo Civil que inhabilite a la exlegisladora para ejercer cargos públicos durante 10 años, conforme a la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.