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Alcalde de Santa Tecla Roberto d’Aubuisson y su concejo perdieron el arbitraje en contra de la empresa MIDES S.E.M. de C.V.
En febrero pasado, el Tribunal Arbitral falló en contra de la Alcaldía de Santa Tecla, dirigida por Roberto d´Aubuisson, y le ordenó pagar cientos de miles de dólares por el incumplimiento de contrato con la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES).
D’Aubuisson incumplió el contrato vigente que tenía con MIDES, al firmar otro contrato con la empresa colombiana TECLASEO S.E.M. y con el botadero del señor Salume.
El alcalde tecleño no solo perdió el arbitraje contra MIDES, sino que además, ayer se conoció de una auditoria especial de la Corte de Cuentas de la República (CCR) que reveló que el contrato firmado por d’Aubuisson con TECLASEO “es improcedente” por ser lesivo para los tecleños. Además, estableció cláusulas en el acta constitutiva de TECLASEO S.E.M. que son desfavorables a los intereses de la municipalidad.
La auditoría revela además que la municipalidad recibió y manejó fondos por 1 millón 210 mil dólares, “sin que se identifique el origen de los mismos”. También se entregaron bienes municipales en uso a una Sociedad con fines de lucro; por lo que “la municipalidad omitió el cumplimiento de los principios legales para la gestión pública y administración de municipalidades con transparencia”.
El contrato con TECLASEO se dio de forma oscura, a tal grado que el alcalde le puso reserva al documento, y luchó por ponerle candados para que la población no conociera los precios a los cuales han contratado, generando la duda de si son precios que rayan con la corrupción, y quiénes son los personajes que se estarían aprovechando de esos fondos públicos.
La CCR emitió 2 auditorías especiales y al IAIP los ha conminado a hacer público ese contrato que son fondos de tasas de los habitantes y fondos del FODES que están mal utilizando en una clara malversación de fondos.
El ministro de Trabajo ha interpuesto denuncias en la Fiscalía General de la República, pero hasta el momento se desconocen procesos en contra del alcalde tecleño. Tampoco se conoce si ha iniciado investigación por malversación de fondos.
Información importante para todos los Miembros, Fundadores o Activos de la Sociedad de Comerciantes de Industriales Salvadoreños:
Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
