Nacionales
Alcalde de Santa Tecla Roberto d’Aubuisson y su concejo perdieron el arbitraje en contra de la empresa MIDES S.E.M. de C.V.
En febrero pasado, el Tribunal Arbitral falló en contra de la Alcaldía de Santa Tecla, dirigida por Roberto d´Aubuisson, y le ordenó pagar cientos de miles de dólares por el incumplimiento de contrato con la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES).
D’Aubuisson incumplió el contrato vigente que tenía con MIDES, al firmar otro contrato con la empresa colombiana TECLASEO S.E.M. y con el botadero del señor Salume.
El alcalde tecleño no solo perdió el arbitraje contra MIDES, sino que además, ayer se conoció de una auditoria especial de la Corte de Cuentas de la República (CCR) que reveló que el contrato firmado por d’Aubuisson con TECLASEO “es improcedente” por ser lesivo para los tecleños. Además, estableció cláusulas en el acta constitutiva de TECLASEO S.E.M. que son desfavorables a los intereses de la municipalidad.
La auditoría revela además que la municipalidad recibió y manejó fondos por 1 millón 210 mil dólares, “sin que se identifique el origen de los mismos”. También se entregaron bienes municipales en uso a una Sociedad con fines de lucro; por lo que “la municipalidad omitió el cumplimiento de los principios legales para la gestión pública y administración de municipalidades con transparencia”.
El contrato con TECLASEO se dio de forma oscura, a tal grado que el alcalde le puso reserva al documento, y luchó por ponerle candados para que la población no conociera los precios a los cuales han contratado, generando la duda de si son precios que rayan con la corrupción, y quiénes son los personajes que se estarían aprovechando de esos fondos públicos.
La CCR emitió 2 auditorías especiales y al IAIP los ha conminado a hacer público ese contrato que son fondos de tasas de los habitantes y fondos del FODES que están mal utilizando en una clara malversación de fondos.
El ministro de Trabajo ha interpuesto denuncias en la Fiscalía General de la República, pero hasta el momento se desconocen procesos en contra del alcalde tecleño. Tampoco se conoce si ha iniciado investigación por malversación de fondos.
Nacionales
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Nacionales
Soyapango: vendedores dejan las calles antes del 20 de septiembre; arranca la fase 1 del reordenamiento
La Alcaldía de San Salvador Este informó que comerciantes informales siguen retirando sus puestos de las calles de Soyapango. Lo presenta como desalojo voluntario, primer paso de la revitalización de calles, aceras y espacios públicos. La fase 1 empieza el 20 de septiembre y cubre Calle Roosevelt, 2.ª Calle Oriente, avenida Cuba y los sectores frente a Walmart, Plaza Mundo y la Central de Abastos. En anuncios previos la comuna también incluyó avenida Rosario Sur y el bulevar del Ejército.
El plazo no nació ayer. Los vendedores recibieron notificaciones a inicios de septiembre: fecha límite, el 20. Varios dijeron a La Prensa Gráfica que no se oponen al orden, pero pidieron quedarse hasta diciembre para aprovechar las ventas de fin de año y pagar deudas. El concejal Cayetano Cruz (FMLN) habló de unas 450 familias afectadas y de alternativas poco claras. La alcaldía ha mencionado reubicación en el ex IRA de San Martín y en locales de Soyapango; los comerciantes insisten en que, al notificarlos, no les entregaron un puesto concreto.
Esto ya se ensayó. En junio la comuna retiró 33 puestos de la 8.ª avenida Norte y habló de espacios vacíos en el mercado central; parte de los afectados denunció que el nuevo sitio había que acondicionarlo con su propio dinero. El mismo tipo de reordenamiento se aplicó en los alrededores del Mercado Central de San Salvador Centro. Recuperar aceras es la tesis oficial: peatones y carros sin obstáculo. El otro lado es el ingreso diario de quien lleva años —a veces décadas— vendiendo en la vía pública.
Desde las 10:00 p. m. de este sábado 19 hasta las 6:00 a. m. del domingo 20 hay circulación controlada en 4.ª Avenida Sur (Cuba), 2.ª Calle Oriente, Franklin Roosevelt Oriente y 6.ª Avenida Norte. Quien circule por Soyapango debe buscar ruta alterna. El debate no se acaba el domingo: calles despejadas contra sustento informal. El dato que falta, y que van a exigir los vendedores, es dónde van a trabajar el lunes.

Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.




