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Al final de este año El Salvador habrá efectuado un millón y medio de pruebas PCR para la detección de Covid-19
El programa de tamizajes comunitarios es de las primeras acciones que el Gobierno del Presidente Nayib Bukele emprendió en la lucha contra el Covid-19 y a casi dos años se mantiene en vigor.
El examen de PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa, por sus siglas en inglés) sirve para la confirmación de positivos al virus.
Cada día, el Gobierno desarrolla un promedio de 2,500 exámenes, en diferentes zonas del país, el paciente se somete a un examen nasofaríngeo que permite a los laboratoristas el análisis antígeno para confirmar la infección.
El permanente testeo médico en las diferentes comunidades del país funciona como si fuera una brújula, para que las autoridades del Ministerio de Salud (MINSAL) diseñen los programas de atención a la pandemia. Sin estos exámenes, la historia de Covid-19 en el país sería muy diferente a la que se conoce.
Los primeros resultados de los exámenes tomados en el país, a principios de 2020, fueron tardados porque eran procesados en otros países, al cabo de unas semanas se empezaron a efectuar por equipos salvadoreños y se avanzó en los tiempos de entrega hasta llegar a lo que se conoce en la actualidad.
A esta fecha, El Salvador contabiliza 1,440,742 pruebas COVID-19 efectuadas a escasas semanas de cumplir el segundo año de la circulación del virus en el mundo y se continuará con el desarrollo, de las mismas, hasta que haya una instrucción oficial de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Cabe recordar que del 100 % de las pruebas PCR desarrolladas cada día, el 80 % son pacientes asintomáticos, y del 20 % restante presenta síntomas de leves a críticos, con problema de respiración que requieren asistencia médica de inmediato.
El programa de tamizajes comunitarios del Gobierno funciona todos los días, el Equipo Interdisciplinario de Contención Epidemiológica (EICE) de El Salvador viaja a diferentes municipios para acercar el servicio gratis a los pobladores. Este plan le ha valido al Gobierno para obtener el reconocimiento de la comunidad internacional.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
