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Al final de este año El Salvador habrá efectuado un millón y medio de pruebas PCR para la detección de Covid-19
El programa de tamizajes comunitarios es de las primeras acciones que el Gobierno del Presidente Nayib Bukele emprendió en la lucha contra el Covid-19 y a casi dos años se mantiene en vigor.
El examen de PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa, por sus siglas en inglés) sirve para la confirmación de positivos al virus.
Cada día, el Gobierno desarrolla un promedio de 2,500 exámenes, en diferentes zonas del país, el paciente se somete a un examen nasofaríngeo que permite a los laboratoristas el análisis antígeno para confirmar la infección.
El permanente testeo médico en las diferentes comunidades del país funciona como si fuera una brújula, para que las autoridades del Ministerio de Salud (MINSAL) diseñen los programas de atención a la pandemia. Sin estos exámenes, la historia de Covid-19 en el país sería muy diferente a la que se conoce.
Los primeros resultados de los exámenes tomados en el país, a principios de 2020, fueron tardados porque eran procesados en otros países, al cabo de unas semanas se empezaron a efectuar por equipos salvadoreños y se avanzó en los tiempos de entrega hasta llegar a lo que se conoce en la actualidad.
A esta fecha, El Salvador contabiliza 1,440,742 pruebas COVID-19 efectuadas a escasas semanas de cumplir el segundo año de la circulación del virus en el mundo y se continuará con el desarrollo, de las mismas, hasta que haya una instrucción oficial de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Cabe recordar que del 100 % de las pruebas PCR desarrolladas cada día, el 80 % son pacientes asintomáticos, y del 20 % restante presenta síntomas de leves a críticos, con problema de respiración que requieren asistencia médica de inmediato.
El programa de tamizajes comunitarios del Gobierno funciona todos los días, el Equipo Interdisciplinario de Contención Epidemiológica (EICE) de El Salvador viaja a diferentes municipios para acercar el servicio gratis a los pobladores. Este plan le ha valido al Gobierno para obtener el reconocimiento de la comunidad internacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
El Juzgado de Instrucción de Soyapango resolvió que Flor Marina Romero Orellana, acusada del delito de hurto en perjuicio de una empresa financiera, enfrente vista pública.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía General de la República, la mujer, quien fungía en la empresa como jefa de la agencia del distrito de Soyapango, municipio de San Salvador Este, se aprovechó de su cargo para sustraer una alta cantidad de dinero.
«Aprovechándose de su cargo, el 10 de octubre de 2025 la mujer sustrajo al menos $29,030 de la caja fuerte de la sociedad. Además, la imputada contrató un servicio de transporte, por medio de aplicación móvil, para mandarle una parte del dinero a otra persona, quién se presume es cómplice; el resto del monto total lo depositó en una cuenta de criptomonedas», mencionó el ministerio público.
La imputada fue detenida en flagrancia, luego de la denuncia de las autoridades de la empresa financiera. Posteriormente, este caso fue judicializado por el ministerio público en 2025.
