Internacionales
Tráfico de personas obliga a Patrulla Fronteriza a reforzar dispositivos de seguridad
Debido a la operación de traficantes de personas y cárteles en McAllen, que marcan las rutas migratorias irregulares para llegar a Estados Unidos, la Patrulla Fronteriza mantiene un reforzado dispositivo de seguridad en el muro en el sur de Texas y en Valle del Río Grande. Los patrullajes los hacen en cielo, tierra y agua.
Antes de llegar a la infraestructura de cemento y hierro de 30 pies de altura, los migrantes deben tratar de sobrevivir al río Grande, que tiene una profundidad de hasta 40 pies y que se encuentra a solo 2 millas del muro.
Las autoridades en McAllen aseguran que los traficantes de personas exponen a niños, jóvenes, adultos y familias, a cruzar zonas extremadamente peligrosas y que muchas veces solo los abandonan en la orilla del río, sin importar las condiciones físicas de los migrantes después de un largo recorrido por México.
Según la Patrulla Fronteriza, los traficantes buscan sectores boscosos donde puedan movilizar hasta 100 personas para burlar las estrategias de seguridad. En el trayecto de este caudal se encuentran ropa, zapatos, flotadores y viñetas de colores que los traficantes asignan a sus víctimas en el recorrido.
A través de la vigilancia de 45 embarcaciones y el despliegue de más de 100 agentes en 54 millas del río, la Patrulla Fronteriza detiene a un promedio de 300 personas a diario. Aunque la cifra ha disminuido en comparación con años anteriores en los que se reportaba hasta 2,000 migrantes retenidos. La agencia exhortó a la población a no poner en riesgo su vida.
Las ciudades que conectan con el río Grande son Mission, Texas; y Reynosa, en México.
Uno de los oficiales, que prefirió mantenerse en anonimato, compartió con “Diario El Salvador” que los traficantes también se hacen pasar por pescadores, cuando en realidad trabajan con la red para notificar el momento idóneo de pasar a un grupo de migrantes.
Internacionales
Capturan a mujer que fingía embarazo con prótesis para traficar más de 5.600 dosis de cocaína
Una mujer de 27 años fue detenida en el sur de Cali, Colombia, tras ser descubierta utilizando una faja de látex que simulaba un embarazo para ocultar más de 5.600 dosis de cocaína.
El hecho se registró en el barrio Ciudad 2000, donde unidades de investigación criminal interceptaron a la sospechosa en el marco de un operativo de seguimiento. La mujer, que se movilizaba en taxi, planeaba continuar su viaje hasta Bogotá en transporte público, aparentando estar embarazada.
Sin embargo, su estrategia fue desmantelada cuando los agentes notaron irregularidades en su vientre y descubrieron que se trataba de una elaborada prótesis tipo “narcobarriga”, confeccionada con materiales similares a los utilizados en disfraces y efectos especiales.
Según las autoridades, este tipo de implementos puede costar hasta tres millones de pesos colombianos (aproximadamente 730 dólares) y se están convirtiendo en una nueva modalidad empleada por redes de narcotráfico para el transporte de estupefacientes sin levantar sospechas.
La mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y un juez le impuso medida de aseguramiento intramural por el delito de tráfico de drogas. La investigación continúa para establecer si forma parte de una estructura criminal más amplia.
Internacionales
¿Quién era María Fernanda Benítez, la joven embarazada hallada calcinada frente a la casa de su pareja?
María Fernanda Benítez, una adolescente paraguaya de 17 años y con seis meses de embarazo, fue hallada calcinada el pasado 1 de junio en un terreno baldío, cinco días después de haber sido reportada como desaparecida. El cuerpo fue localizado frente a la vivienda de su pareja, principal sospechoso del crimen.
El informe preliminar del médico forense Pablo Lemir, citado por medios locales, indica que el cadáver presentaba quemaduras en el 70 % de su superficie, además de signos de descomposición avanzada, lo que ha dificultado establecer la causa exacta de muerte. Sin embargo, se encontraron indicios de intoxicación por monóxido de carbono, lo que sugiere que la víctima pudo haber estado viva, aunque inconsciente, al momento de ser quemada.
También se detectaron golpes en la cabeza y fracturas en el brazo derecho, aunque no se ha determinado si ocurrieron antes o después del fallecimiento.
El Ministerio Público ha calificado el caso como feminicidio. Los principales sospechosos son su pareja, identificado como Bernardo, y una amiga cercana de la víctima, Mikhaela. La Fiscalía reveló mensajes entre ambos que evidencian una posible planificación del crimen. En uno de los textos, Bernardo expresa angustia por el avance del embarazo y plantea asesinar a María Fernanda. Mikhaela habría respondido con una sugerencia explícita sobre cómo hacerlo.
Las autoridades continúan investigando el caso, que ha generado conmoción en Paraguay. La familia de la víctima exige justicia y el máximo castigo para los responsables.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la prohibición de ingreso al país para la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, en respuesta a las órdenes de captura emitidas contra la fiscal general colombiana, Luz Adriana Camargo, y el exministro de Defensa, Iván Velásquez.
“Se prohíbe su entrada por denostar gente honesta colombiana y por burlarse de la dignidad colombiana”, expresó Petro durante un consejo de ministros televisado, en el que instruyó a la canciller Laura Sarabia a emitir el acto administrativo correspondiente.
Las capturas fueron ordenadas por el fiscal Rafael Curruchiche, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Guatemala, bajo acusaciones de asociación ilícita, obstrucción de la justicia, tráfico de influencias y colusión, vinculadas al caso Odebrecht.
El fiscal guatemalteco acusa a Camargo y Velásquez, excomisionado de la CICIG —entidad respaldada por la ONU— de integrar una estructura criminal que habría favorecido a Odebrecht, ocasionando pérdidas al Estado guatemalteco por más de $400 millones.
En respuesta, el secretario general de la ONU, António Guterres, recordó que ambos funcionarios gozan de inmunidad judicial por sus funciones en la CICIG, una protección que sigue vigente incluso después de finalizado su mandato.
La medida del gobierno colombiano profundiza las tensiones diplomáticas entre ambos países en torno al legado de la lucha contra la corrupción en Centroamérica.
