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Sujeto se saltó la cuarentena y contagió de coronavirus a más de 20 personas. Ahora piden cárcel para él por violar decreto presidencial
Eric Luciano Torales Pereyra es un joven de 24 años que regresó el 13 de marzo de Estados Unidos y a los dos días fue a la fiesta de 15 de su prima en la ciudad de Moreno (Buenos Aires) donde supuestamente contagió de coronavirus a más de 20 personas.
Está acusado de tres delitos: propagar una enfermedad, violar el decreto presidencial de la cuarentena, y ahora, según pudo saber Infobae, se suma el de homicidio culposo: su propio abuelo de 78 años murió luego de haberse infectado en la fiesta.
Según consta en los registros de Migraciones, Torales viajó a los Estados Unidos el 25 de febrero y regresó el 13 de marzo en el vuelo AR1313 de Aerolíneas Argentinas. El día anterior se emitió un decreto que en su artículo 7 establecía que las personas que retornaban al país, debían permanecer obligatoriamente aisladas por 14 días. Torales no lo cumplió.
Dos días después de su llegada Buenos Aires, el 15 de marzo, el acusado abandonó su departamento en Palermo y fue al cumpleaños de 15 de su prima. A la fiesta asistieron casi 100 personas entre familiares, amigos de la agasajada, mozos y cocineros.
Posteriormente, el fiscal federal Santiago Marquevich confeccionó una serie de preguntas relacionadas a la actitud de Torales durante la fiesta y se las envío por correo electrónico a la mayoría de los asistentes del cumpleaños. Respondieron, hasta el momento, 13 personas que relataron cómo vieron a Eric.
Una de las amigas de la cumpleañera escribió en su respuesta que “no saludaba porque nos decía que había venido de viaje”. Otra de las chicas dijo haberlo visto mientras tosía. Quienes también respondieron el mail de la Justicia fueron la prima del padre de Eric y su esposo: “Lo vimos que saludaba con un gesto desde lejos pero además lo vimos bailando, celebrando y disfrutando de la fiesta”
Al día siguiente del evento, el 16 de marzo, exactamente a las 18:27, Eric Torales ingresó a la Clínica Adventista de Belgrano con síntoma compatibles con coronavirus. En su historia clínica que es parte de la causa del fiscal Marquevich se describe cómo se sentía: “Paciente de 24 años quien refiere viaje reciente (EE.UU.) con retorno el día viernes 13 de marzo consulta por tos seca asociado a registros febriles (38º) de aproximadamente 24 horas de evolución”.
Cinco días después de la internación, y tras haber sido aislado preventivamente en una habitación de la clínica, llegaron los resultados del Instituto Malbrán donde se confirmaba que Torales había dado positivo por COVID-19. El desastre ya estaba desatado y la noticia llegó rápidamente a oídos de los funcionarios de salud del municipio de Moreno que se contactaron con la mamá de la cumpleañera para corroborar si efectivamente el joven había asistido a la fiesta.
Tras recibir la confirmación de la mujer y de solicitar el listado de los invitados se puso en marcha el protocolo para aislar a todos los asistentes lo antes posible. A través de distintas comunicaciones telefónicas se constató que para ese momento ya había al menos cinco personas infectadas.
La intendente de Moreno, Mariel Fernández, realizó la denuncia en la Justicia federal y rápidamente se inició una causa por el delito de propagar una enfermedad y por desobedecer el DNU. El fiscal Marquevich pidió además la prisión domiciliaria que fue concedida por el juez y se hizo efectiva cuando el paciente abandonó la clínica y continuó con el tratamiento en su departamento porteño.
A medida que pasaban los días la salud del detenido iba mejorando, pero también se iban conociendo más y más casos de contagiados que habían asistido a la fiesta. Primero el discjockey, después la cumpleañera y hasta su madre.
El 24 de marzo, es decir 9 días después de la fiesta, ingresó a la Clínica Mariano Moreno, Luis María Suarez, el abuelo del propio Torales. El hombre de 78 años tenía síntomas de coronavirus. Así quedó registrado en la historia clínica a la que accedió Infobae: “Ingreso con fecha 24.03.20 por cuadros de picos febriles que se asoció a accesos de tos productiva y sensación de cansancio. El paciente ingresa en contexto de COVID-19 debido a familiar quien es COVID-19 positivo”. Unos días después llegaría la confirmación del Malbrán y el 1 de abril Suarez falleció a causa de una falla multiorgánica.
En el pedido de indagatoria, el fiscal Marquevich es categórico al marcar la imprudencia de Torales y relacionar su accionar directamente con la muerte de su abuelo materno: “Considero que el análisis global de las pruebas permite dar cuenta que Eric Torales sabía o se podía representar perfectamente que su actuación podría conducir la propagación del virus. El fatal desenlace verificado respecto de Luis María Suarez fue resultado y encuentra íntima vinculación con el comportamiento desplegado por Torales”.
Para la fiscalía, el acusado estaba al tanto de tres cuestiones centrales al momento de haber decidió asistir a la fiesta de cumpleaños de su prima:
1. Sabía que venía de una zona de riesgo y debía permanecer aislado
2. Estaba al tanto que podía ser un posible portador del virus
3. Conocía el poder de contagio del COVID-19
Para sustentar estas afirmaciones, el fiscal se apoya en las pruebas que se fueron recolectando: la declaración jurada firmada por Torales antes de bajar del avión, las imágenes de las cámaras de seguridad de Ezeiza donde se lo ve con barbijo, la amplia difusión que tuvo y tiene la pandemia en todos los medios del mundo y en las respuestas vía mail de los asistentes a la fiesta donde aseguran que saludaba de lejos.
En caso de que Eric Torales decida hablar y contestar preguntas en la indagatoria de mañana deberá decirle a la justicia, básicamente, por qué no se quedó en su casa los 14 días que establecía el decreto presidencial para las personas que regresaban de países de riesgo. También deberá explicar por qué pesar de que las recomendaciones y obligaciones eran claras tomó la decisión de poner en riesgo a tantas personas, lo que derivó en más de 20 contagiados y la muerte de su abuelo.
La imputación en su contra, por otra parte, abre otro precedente que podrá ser aprovechado por fiscales y jueces a nivel nacional. Por primera vez, una persona que según la Justicia contagió a otra de coronavirus sabiendo los riesgos y le causó la muerte es un potencial homicida, como si lo hubiese atropellado con su automóvil, la misma acusación.
Al menos 25 personas murieron en un incendio que arrasó un club nocturno muy frecuentado del balneario de Goa, en el oeste de India, anunció el domingo el ministro en jefe de la región, Pramod Sawant.
Varios turistas figuran entre las víctimas del incendio, que se desató en una discoteca de Arpora, en el distrito de Goa Norte, según la policía, citada por la agencia Press Trust of India.
«Hoy es un día muy doloroso para todos nosotros en Goa», escribió Sawant en X, quien agregó que «25 personas han perdido sus vidas y seis resultaron heridas».
Sawant dijo a los periodistas en el lugar que «tres o cuatro» turistas habían fallecido. Además, explicó que tres personas murieron por quemaduras, mientras que las demás fallecieron por asfixia.
«Visité el lugar del incidente y he ordenado una investigación sobre este suceso», aseguró el ministro.
Y agregó que «los responsables enfrentarán las acciones más estrictas bajo la ley; cualquier negligencia será tratada con firmeza».
El primer ministro Narendra Modi dijo en un comunicado que las muertes eran «profundamente lamentables».
Por su parte, el legislador local Michael Lobo anunció una auditoría en sitios similares para evitar que ocurran nuevos accidentes, según la agencia noticiosa PTI.
Goa, una antigua colonia portuguesa en las costas del Mar Arábigo, atrae a millones de turistas cada año con su vida nocturna, playas de arena y ambiente costero relajado.
Medios locales citaron a fuentes policiales diciendo que el incendio pudo haber sido causado por la «explosión de un cilindro», pero que está bajo investigación
Los incendios son frecuentes en India debido a las deficientes prácticas de construcción, la sobreocupación de inmuebles y la poca adhesión a las normas de seguridad.
En mayo pasado murieron 17 personas en un incendio en un edificio de la ciudad sureña de Hyderabad.
Un exgobernador opositor de Venezuela procesado por «terrorismo» e «instigación al odio» murió en prisión, informaron el sábado a la AFP representantes de organizaciones de derechos humanos.
Alfredo Díaz, exgobernador de Nueva Esparta (2017-2021), fue arrestado en medio de la crisis poselectoral desatada tras la reelección del presidente Nicolás Maduro. La oposición denuncia fraude y reivindica el triunfo del opositor Edmundo González Urrutia, en el exilio.
La proclamación de Maduro para un tercer mandato consecutivo desató protestas que dejaron 28 muertos y unos 2,400 detenidos, la mayoría acusados de «terrorismo». Unas 2,000 personas han sido excarceladas desde entonces, según cifras oficiales.
Díaz «llevaba un año preso y aislado, solo permitieron una visita de su hija», indicó Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal que se dedica a defender a detenidos por razones políticas.
Desde 2014 han muerto 17 presos políticos bajo la custodia del Estado venezolano, confirmó Romero a la AFP. «La represión básicamente se ha convertido en un mecanismo o una estrategia del régimen para intimidar», agregó.
Con Díaz, de 55 años, suman al menos seis opositores muertos en prisión desde noviembre de 2024, que fueron arrestados en el contexto de la crisis poselectoral tras los comicios disputados en julio de ese año.
«¿Quién asume responsabilidad de eso y de las otras muertes que han ocurrido?», señaló Romero.
La dirigente opositora María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz, dijo que la muerte de Díaz «se suma a una alarmante y dolorosa cadena de fallecimientos de presos políticos detenidos en el contexto de la represión poselectoral del 28 de julio».
«Las circunstancias de estas muertes -que incluyen la negación de atención médica, condiciones inhumanas, aislamiento y torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes- revelan un patrón sostenido de represión estatal», indicó Machado en un comunicado conjunto firmado además por González Urrutia.
Díaz estaba preso en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en El Helicoide, Caracas. El lugar es tachado como un «centro de torturas» por la oposición venezolana y activistas de derechos humanos.
Díaz «había sido acusado, pero su juicio estaba paralizado», informó a la AFP el abogado Gonzalo Himiob, también de la ONG Foro Penal. «Nosotros fuimos designados por su familia como sus representantes legales, pero el gobierno le impuso un defensor público», dijo.
Según el recuento más reciente de Foro Penal, en Venezuela hay al menos 887 presos políticos.
La explosión de un automóvil frente a un edificio policial en el convulso estado mexicano de Michoacán (oeste) dejó al menos tres muertos y seis heridos, informaron este sábado autoridades.
El estallido ocurrió minutos antes de las 12:00 pm (hora local), frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria del municipio de Coahuayana, con costas en el Pacífico, una región en la que operan diversos cárteles del narcotráfico.
«Un vehículo con su conductor explotó» en el centro de esa localidad, reportó la Fiscalía General de México en la red social X.
La conflagración causó la muerte del conductor del automóvil y dos personas más, quienes fallecieron en un hospital mientras eran atendidas por las lesiones que sufrieron, añadió la Fiscalía.
Peritos especializados en explosivos trabajan para «obtener la identidad» de los responsables, agregó la institución.
El fuerte estruendo se percibió en distintos puntos del municipio, el cual es resguardado por fuerzas de seguridad federales.
En Michoacán operan al menos cinco cárteles narcotraficantes, entre ellos el poderoso Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Nueva Familia Michoacana, designados como «organizaciones terroristas extranjeras» por el presidente estadounidense, Donald Trump, en febrero.
En esa región, en octubre fue asesinado el líder de los limoneros locales, Bernardo Bravo, quien había denunciado ser víctima de extorsiones por parte de grupos criminales.
El mes siguiente, el popular alcalde Carlos Manzo, famoso por hacer frente a las mafias que operan en ese estado, fue abatido a balazos en un acto público.
Estos crímenes de alto perfil llevaron a la presidenta, Claudia Sheinbaum, a lanzar un plan de seguridad para Michoacán, en el que fueron desplegados más de 10.000 soldados.
Ambos atentados provocaron protestas antigubernamentales, inclusive en Ciudad de México, donde el 15 de noviembre pasado ocurrió la movilización más violenta a la fecha contra la administración de Sheinbaum y su política de seguridad.
