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Sale a la luz polémico video que muestra la muerte de un joven a manos de cinco guardias en un centro de menores en España
El 1 de julio de 2019, el director del centro de menores Tierras de Oria (en Almería) y cinco guardias de seguridad se disponen a inmovilizar a Iliass Tahiri, un interno de 18 años de origen marroquí. Para ello, lo introducen esposado en una habitación y lo tienden bocabajo sobre una cama. Uno de los guardias de seguridad presiona con su rodilla en una zona próxima a la cabeza del joven, que a partir de cierto momento deja de moverse.
Cuando terminan de atarle a la cama, como parte del denominado «protocolo de contención mecánica», se percatan de que Tahiri ya no tiene pulso. Las maniobras de reanimación improvisadas inmediatamente no tienen éxito: el joven ha fallecido.
La investigación judicial abierta a raíz de estos hechos fue archivada el pasado 29 de enero por la jueza Teresa Inés Sánchez Gisbert, del juzgado de la localidad de Purchena, que dictaminó en su auto que lo ocurrido en el centro de menores fue una «muerte accidental violenta», resultado de la «correcta» aplicación de un protocolo que estaba en todo caso aprobado por las autoridades locales.
El informe forense remitido al juzgado detalla que mientras era reducido, «el joven se encuentra con la cabeza apoyada en la almohada y el colchón y se le ejerce presión con una rodilla en la escápula izquierda y con una mano en la espalda, aparte de sujetarle la cabeza (da la impresión que está aprisionada contra la almohada y el colchón)». El texto, que define la muerte de Tahiri como «súbita», no descarta «la compresión abdominal o la sofocación con almohada/colchón» como causa del deceso.
Los agentes de la Guardia Civil que investigaron las controvertidas circunstancias del fallecimiento de Tahiri concluyeron que la actuación del personal del centro de internamiento fue «correcta» y ajustada al protocolo vigente. Por otra parte, el análisis de 10 fotogramas obtenidos de las imágenes de las cámaras de seguridad del centro no levantaron sospechas de irregularidad a lo largo de la instrucción de la causa. Pero hay un detalle relevante: en ninguno de esos fotogramas se aprecia a los vigilantes sobre el cuerpo del interno.
Sin embargo, el video completo que recoge los 13 minutos que duró la intervención, publicado el miércoles por el diario El País, muestra claramente cómo los guardias de seguridad aplican a Tahiri la llamada «contención mecánica prolongada», contradiciendo las declaraciones y los informes sobre los que la jueza de Purchena fundamentó su veredicto.
En uno de esos informes, entregado a la Guardia Civil por uno de los responsables del centro de menores, se detalla que intentaron colocar al chico boca arriba –la postura recomendada por los expertos para evitar daños y lesiones– pero que «era tal su resistencia» que se vieron obligados a colocarlo bocabajo. Las imágenes del video no muestran, en cambio, ningún signo de resistencia por parte del menor en los momentos previos a que lo tumben en la cama.
Una oficinista japonesa de 32 años, identificada como Kano, asegura haberse enamorado y casado con un chatbot de inteligencia artificial en el distrito de Kita, en Okayama.
Kano explicó que, tras romper su compromiso el año pasado con su pareja de más de tres años, comenzó a interactuar con ChatGPT, con quien —según dijo— encontró comprensión. La mujer nombró al chatbot como “Lune Klaus”, lo entrenó para que adoptara la personalidad y el estilo de comunicación que deseaba, e incluso creó una ilustración para representarlo.
Con el tiempo, afirmó haberse enamorado del personaje. En mayo le confesó sus sentimientos y, según su relato, la IA “le correspondió”. Un mes después, el chatbot supuestamente le propuso matrimonio y ambos “decidieron casarse”.
Un bebé fue encontrado abandonado en un basurero del sector de Rancho Guanacaste, en Costa Rica, según reportaron medios locales.
De acuerdo con la Policía, el menor habría permanecido dos días en el lugar, donde las condiciones eran insalubres. Tras ser rescatado, fue trasladado al Hospital Nacional de Niños, donde los médicos confirmaron que su estado de salud es estable.
“El niño se encuentra en el servicio de emergencias, viene en buena condición, venía un poco frío, ya se calentó, ya se alimentó y el examen físico inicial es totalmente normal”, declaró el director del hospital, Carlos Jiménez Herrera, citado por el medio CR Hoy.
El Gobierno de Perú reforzó las medidas del estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao para combatir la delincuencia y el crimen organizado. El Ejecutivo estableció más restricciones penales, prohibió la circulación de dos personas a bordo de una motocicleta, creó equipos para coordinar operativos y patrullajes, y aumentó la presencia policial en las calles, según el Decreto Supremo N.º 127-2025-PCM.
La norma entró en vigencia el 22 de octubre por 30 días; sin embargo, el presidente interino José Jerí anunció, el 7 de noviembre, la ampliación de las restricciones para restaurar la seguridad en las ciudades más afectadas.
«Estamos actualizando el estado de emergencia con medidas complementarias, basadas en los resultados obtenidos y en la realidad de nuestro país. Estamos corrigiendo y mejorando lo necesario», afirmó el presidente.
Con el decreto se creó el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), que es presidido por la Policía Nacional del Perú (PNP), para restablecer y mantener el orden interno con patrullajes y operativos en la vía pública. Este cuenta con el apoyo de cuatro comités y de las fuerzas de seguridad, que contribuyen con la tecnología en el monitoreo.
Su principal objetivo es reducir los índices de criminalidad y garantizar los derechos fundamentales de la población en Lima Metropolitana y Callao.
El presidente detalló que el puesto de control, con vigilancia las 24 horas los siete días de la semana, permitirá enfrentar a la delincuencia.
Fiscalía alerta sobre homicidios y extorsiones
Perú atraviesa una de sus peores crisis por el crimen organizado.
El lunes, el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público (Fiscalía) reportó que entre enero y la primera semana de noviembre de 2025 se registraron 56 homicidios de choferes y 30 mil extorsiones fueron denunciadas, en Lima Metropolitana y el Callao.
El estudio reveló que la mayoría de víctimas fueron atacadas por sicarios en motocicleta, una manera cada vez más frecuente para cometer los crímenes contra los transportistas en las zonas urbanas. Al menos ocho de cada 10 ataques se producen bajo esta modalidad, compartió la fiscalía.
Ante este contexto, el Ejecutivo ya había prohibido desde el viernes el tránsito de dos personas en una motocicleta. «Se encuentra prohibido el uso de cualquier elemento o accesorio adicional al casco que impida o limite la identificación del conductor», aclara en el decreto.
El documento señala también que habrá «intervención e internamiento de vehículos en los depósitos autorizados si exhiben documentación adulterada y/o placas ilegibles, deterioradas, adulteradas, dañadas, laminadas o con objetos que no permitan la identificación correcta del vehículo».
Más control en las prisiones
En cuanto a las cárceles, habrá apagones eléctricos en las celdas, desmontaje y destrucción de antenas de telecomunicación ilícitas, y operativos permanentes de incautación de tarjetas SIM (chips) telefónicos, armas blancas, y demás artículos prohibidos.
Las autoridades agregaron el monitoreo aéreo con drones donde están los establecimientos penitenciarios y zonas aledañas, y se permitió el traslado a otras cárceles a los reos que pongan en riesgo la seguridad de las prisiones o atenten contra la integridad de los guardias penitenciarios.
RECOMPENSAS
Intensificarán la difusión del sistema de recompensas para realizar capturas mediante la información que compartan los ciudadanos y que permita identificar y capturar personas
de la lista de los más buscados, integrantes de organizaciones criminales, extorsionadores y sicarios.
