Internacionales
Sale a la luz polémico video que muestra la muerte de un joven a manos de cinco guardias en un centro de menores en España
El 1 de julio de 2019, el director del centro de menores Tierras de Oria (en Almería) y cinco guardias de seguridad se disponen a inmovilizar a Iliass Tahiri, un interno de 18 años de origen marroquí. Para ello, lo introducen esposado en una habitación y lo tienden bocabajo sobre una cama. Uno de los guardias de seguridad presiona con su rodilla en una zona próxima a la cabeza del joven, que a partir de cierto momento deja de moverse.
Cuando terminan de atarle a la cama, como parte del denominado «protocolo de contención mecánica», se percatan de que Tahiri ya no tiene pulso. Las maniobras de reanimación improvisadas inmediatamente no tienen éxito: el joven ha fallecido.
La investigación judicial abierta a raíz de estos hechos fue archivada el pasado 29 de enero por la jueza Teresa Inés Sánchez Gisbert, del juzgado de la localidad de Purchena, que dictaminó en su auto que lo ocurrido en el centro de menores fue una «muerte accidental violenta», resultado de la «correcta» aplicación de un protocolo que estaba en todo caso aprobado por las autoridades locales.
El informe forense remitido al juzgado detalla que mientras era reducido, «el joven se encuentra con la cabeza apoyada en la almohada y el colchón y se le ejerce presión con una rodilla en la escápula izquierda y con una mano en la espalda, aparte de sujetarle la cabeza (da la impresión que está aprisionada contra la almohada y el colchón)». El texto, que define la muerte de Tahiri como «súbita», no descarta «la compresión abdominal o la sofocación con almohada/colchón» como causa del deceso.
Los agentes de la Guardia Civil que investigaron las controvertidas circunstancias del fallecimiento de Tahiri concluyeron que la actuación del personal del centro de internamiento fue «correcta» y ajustada al protocolo vigente. Por otra parte, el análisis de 10 fotogramas obtenidos de las imágenes de las cámaras de seguridad del centro no levantaron sospechas de irregularidad a lo largo de la instrucción de la causa. Pero hay un detalle relevante: en ninguno de esos fotogramas se aprecia a los vigilantes sobre el cuerpo del interno.
Sin embargo, el video completo que recoge los 13 minutos que duró la intervención, publicado el miércoles por el diario El País, muestra claramente cómo los guardias de seguridad aplican a Tahiri la llamada «contención mecánica prolongada», contradiciendo las declaraciones y los informes sobre los que la jueza de Purchena fundamentó su veredicto.
En uno de esos informes, entregado a la Guardia Civil por uno de los responsables del centro de menores, se detalla que intentaron colocar al chico boca arriba –la postura recomendada por los expertos para evitar daños y lesiones– pero que «era tal su resistencia» que se vieron obligados a colocarlo bocabajo. Las imágenes del video no muestran, en cambio, ningún signo de resistencia por parte del menor en los momentos previos a que lo tumben en la cama.
El gobierno de Honduras ordenó que los empleados públicos realicen teletrabajo por un brote de Covid-19 y otras enfermedades respiratorias que ya dejaron más de 200 muertos este año.
«Se ha dispuesto que todas las dependencias del gobierno central, [y] las instituciones descentralizadas (…) pasen a la modalidad de teletrabajo los días jueves y viernes», dijo el ministerio en un comunicado.
Argumentó que son «recomendaciones de la Secretaría de Salud», porque hay «un acelerado y sostenido incremento de enfermedades respiratorias altamente contagiosas» como «el Sar-Covid-19, el virus sincitial respiratorio, la influenza o el resfriado común».
El jefe de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, Lorenzo Pavón, aseguró a medios locales que 216 personas han fallecido en lo que va del año a causa de infecciones respiratorias, cinco por Covid-19, en «una letalidad realmente bien considerable».
El gobierno había recomendado a la población «retomar el uso de la mascarilla, lavado frecuente de manos o uso de desinfectantes», así como «evitar concentraciones masivas en espacios reducidos», igual que en 2020 y 2021 durante la pandemia de coronavirus.
Una mujer embarazada de seis meses resultó herida de bala tras un intento de asalto registrado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El hecho ocurrió en la intersección de la 6ª avenida y 8ª calle, donde sujetos armados habrían interceptado a la víctima con intenciones de robo. La mujer fue identificada como Jimena Vickers, de 31 años, quien se desempeña como visitadora médica.
De acuerdo con versiones preliminares, los atacantes abrieron fuego luego de que Vickers se opusiera al asalto. En el parabrisas del vehículo, del lado del conductor, se observaron al menos tres impactos de bala.
La víctima fue auxiliada por cuerpos de socorro y trasladada a un centro asistencial. Su estado de salud, así como el del bebé que espera, no ha sido detallado por las autoridades.
La PNC inició un operativo en el sector para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se reportan capturas.
Internacionales
Crisis humanitaria en Gaza deja a niños y madres gravemente afectados por la desnutrición en medio del conflicto
La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó este viernes que uno de cada cuatro niños entre seis meses y cinco años, así como mujeres embarazadas y lactantes atendidos en sus clínicas en Gaza, presenta signos de desnutrición, en lo que califican como una emergencia sanitaria y humanitaria de alto nivel.
En un comunicado, MSF acusó a las autoridades israelíes de usar deliberadamente el hambre como un arma de guerra. “Los propios pacientes y profesionales de la salud sufren de hambre”, señaló la ONG, que mantiene presencia médica en Ciudad de Gaza.
Caroline Willemen, coordinadora del proyecto de MSF en esa ciudad, aseguró que están recibiendo alrededor de 25 nuevos casos de desnutrición diariamente. Desde el 18 de mayo, los registros se han cuadruplicado y la desnutrición severa en menores de cinco años se ha triplicado.
MSF afirma que esta situación se debe a una “hambruna deliberada”, consecuencia directa del bloqueo impuesto por Israel sobre el enclave palestino. Aunque a finales de mayo se flexibilizó el cerco, las carencias de alimentos, medicinas y productos básicos persisten.
Israel, por su parte, responsabiliza a Hamas de manipular la ayuda humanitaria, acusándolo de apropiarse de suministros para revenderlos a precios desorbitados o de atacar a las personas que esperan recibir alimentos.
La ONG también denunció ataques en los centros de distribución de alimentos gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Israel y Estados Unidos. “Estas distribuciones no son ayuda humanitaria, son crímenes de guerra cometidos a plena luz del día bajo el disfraz de compasión”, afirmó Mohammed Abu Mughaisib, coordinador médico adjunto de MSF en Gaza.
La ONU ha documentado más de 1.000 muertes desde finales de mayo en puntos de ayuda humanitaria, la mayoría cerca de los centros operados por la GHF.
