Internacionales
Pastor evangélico abusó de varias menores de edad mientras hacia cultos «especiales para niños y adolescentes»
El pastor se aprovechaba de la confianza de los padres de familia para que le dejaran a sus hijas, mientras las llevaba al segundo piso y abusaba de ellas.
Este pastor tenía su sede principal de la iglesia cristiana en el barrio La María, en Soacha, Cundinamarca, Colombia, en donde habría cometido los delitos por los que se le acusa. El capturado es el fundador de Misión de Avivamiento y Poder Fuego de Dios.
Se trata de Jesús Antonio Díaz López, un pastor que operaba con “cultos especiales para niños y adolescentes“, los que creaba para que los padres de familia que confiaban en él, le dejaran a los pequeños a su cargo, supuestamente porque les servía como “guía espiritual“.
Mientras se encontraba “predicándoles la palabra de Dios“, dirigía a las niñas al segundo piso de las instalaciones en donde tiene la iglesia, para realizar los abusos en su contra.
Según testimonios de algunas de las niñas, las amenazaba para que no denunciaran lo que estaba pasando, tanto fue así, que la captura se llevó a cabo simplemente por la denuncia de cuatro de las víctimas, pero luego de conocer lo que estaba pasando, fue que ocho más aparecieron para contar sus historias en contra de este pastor. Las primeras en llevarlo ante la justicia, fueron varias menores entre los 12 y 14 años.
Entre las denunciantes, se encuentra una mujer de 22 años, la cual manifestó, según la Fiscalía, que ella había sido abusada hasta la mayoría de edad, pero no acudía ante las autoridades, por el miedo que esto le representaba.
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El Vaticano anuncia primer nombramiento de un obispo chino bajo el pontificado de León XIV
El Vaticano informó este miércoles sobre el nombramiento del primer obispo chino desde el inicio del pontificado de León XIV, en un gesto que reafirma la continuidad del controvertido acuerdo firmado entre la Santa Sede y China en 2018.
Giuseppe Lin Yuntuan, de 73 años, fue designado por el papa como obispo auxiliar de Fuzhou, en la provincia de Fujian. La Santa Sede expresó su satisfacción por el reconocimiento oficial de las autoridades chinas a dicho nombramiento, al considerarlo “un nuevo fruto del diálogo” y “una etapa importante” en el camino hacia la unidad de los católicos chinos.
Desde los años 50, los cerca de 12 millones de católicos en China se han dividido entre una Iglesia oficial, controlada por el gobierno, y otra clandestina, fiel a Roma. El acuerdo entre el Vaticano y Pekín busca precisamente unificar a ambas comunidades, otorgando al papa la última palabra en los nombramientos episcopales, aunque su implementación ha sido criticada por algunos sectores eclesiásticos.
Durante el período de transición papal entre la muerte de Francisco y la elección de León XIV, el gobierno chino nombró sin aprobación vaticana a dos obispos, lo que fue interpretado como un intento del Partido Comunista de reafirmar su control sobre la Iglesia en el país.
El acuerdo, renovado por última vez en octubre de 2024, ha generado fuertes críticas, especialmente desde el ala conservadora de la Iglesia, que teme un avance del control estatal sobre la vida religiosa. A pesar de ello, el nuevo papa ha optado por mantener el entendimiento con Pekín, en un contexto en el que el Vaticano aún no mantiene relaciones diplomáticas oficiales con China, al reconocer a Taiwán como Estado independiente.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México informó sobre el desmantelamiento de un laboratorio de drogas sintéticas y una pista aérea clandestina en la comunidad de Carricitos, municipio de Tamazula, Durango.
El operativo, liderado por la Agencia de Investigación Criminal en coordinación con la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y otras dependencias, permitió el decomiso de 150 kilogramos de metanfetamina, más de 5 mil litros y 870 kilogramos de precursores químicos.
Según el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, con esta acción se evitó la producción de 2.88 toneladas de metanfetamina, lo que representa una pérdida económica estimada en más de 966 millones de pesos (unos 51 millones de dólares) para el crimen organizado.
Además, en el lugar fueron encontrados equipos como reactores, bidones, tinas, tanques de gas, ventiladores, quemadores, y otros utensilios utilizados para la elaboración de drogas. Todo lo incautado fue puesto a disposición del Ministerio Público federal, que continuará con las investigaciones.
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Colombia revive los fantasmas de la era de Pablo Escobar tras atentado contra candidato
El reciente atentado contra el aspirante presidencial Miguel Uribe, perpetrado por un adolescente de 15 años, ha reavivado en Colombia el debate sobre el uso de menores por parte de estructuras criminales, una práctica que remite a los años más oscuros del narcotráfico en el país.
Uribe fue atacado a tiros el sábado mientras se reunía con simpatizantes en un parque de Bogotá. Según la Fiscalía, el menor imputado le disparó en tres ocasiones, dejándolo en estado crítico. Imágenes difundidas muestran el momento exacto en que el atacante, camuflado entre la multitud, saca un arma y abre fuego, desatando el caos.
La fiscal general Luz Adriana Camargo advirtió que grupos delincuenciales utilizan a adolescentes debido a que la ley contempla penas más leves para ellos. En lo que va del año, casi 5,000 menores han sido procesados penalmente en Colombia, muchos por delitos graves como homicidio, según el Ministerio de Justicia.
Expertos coinciden en que los jóvenes reclutados provienen de entornos marginales, marcados por la pobreza, el abandono escolar y la falta de oportunidades. “Buscan soluciones inmediatas para llevar comida a casa”, explica Mathew Charles, exasesor de Unicef.
Investigaciones apuntan a que las bandas ofrecen entre 50 y 500 dólares por asesinato, aunque muchos menores nunca reciben el pago prometido. En el caso Uribe, el joven afirmó haber recibido órdenes desde un punto de venta de drogas, conocido en el país como «olla».
En Colombia, la pena máxima para un menor por homicidio es de ocho años, mientras que un adulto podría enfrentar hasta 50. El sistema judicial para adolescentes prioriza sanciones educativas y no penas privativas de libertad.
El atentado recordó asesinatos similares en décadas pasadas: en 1990, un joven de 16 años mató al candidato presidencial Bernardo Jaramillo, y en 1984, otro menor asesinó al ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla.
Aunque los responsables eran menores, muchas de esas muertes aún no han sido esclarecidas por completo, dejando una marca profunda en la memoria colectiva del país.
