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MASACRE | Ataque aéreo del ejército deja al menos 80 muertos en un concierto en Myanmar
El bombardeo aéreo contra los asistentes a un festival de música el domingo en el norte de Myanmar, que provocó entre 50 y 80 víctimas mortales, es la última prueba de la escalada de violencia de la junta militar birmana y de su supuesta “desesperación” por mantener el poder.
Era el turno de Aurali, un famoso cantante de la etnia minoritaria kachin, cuando el domingo por la noche cuatro aviones de combate del ejército birmano transformaron un festival de música en una masacre, matando e hiriendo a decenas de civiles, en el que se considera como el peor ataque aéreo desde el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021.
Aurali sucumbió al fuego de artillería en el escenario, según el portal Kachin News, mientras conmemoraba el 62° aniversario de la fundación de la Organización para la Independencia de Kachin (KIO), en una región lindante con China controlada por una guerrilla de la etnia homónima que lleva décadas enfrentada al ejército birmano.
“Para los militares, toda la población kachin está conectada con la KIO (que tiene un brazo armado, el Ejército para la Independencia de Kachin), de modo que no distinguen entre civiles y rebeldes”, dice un portavoz del Gobierno de Unidad Nacional (NUG, por sus siglas en inglés).
El NUG, formado en parte por miembros del gobierno civil de la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, derrocado en 2021 por los militares, condenó rápidamente el ataque por parte del que tilda de “ejército terrorista”.
Horrific reports of 60 killed & 200 injured by Burmese military airstrikes on a music festival in Kachin State last night. We are trying to confirm details.
— Burma Campaign UK (@burmacampaignuk) October 24, 2022
We renew our call for aviation fuel sanctions to try to help stop these attacks.
Footage from WeChat. pic.twitter.com/l8BoX1kAcb
“Es posiblemente una táctica movida por la desesperación: cuanto más fuerte ataquen a la población, creen que antes se rendirán”, dice este portavoz desde el exilio, quien considera que el Ejército “está perdiendo terreno frente a los rebeldes y ya solo les queda utilizar sus fuerzas aéreas, de las que no dispone ningún grupo”.
Un análisis prácticamente imposible de verificar desde Myanmar, dado que el país ha quedado sometido a un semi apagón informativo desde el golpe, con una renovada persecución a disidentes, periodistas y un sistema de telecomunicaciones disfuncional que lo mantiene a oscuras.
Más aún en los lugares atacados: la localidad de Hpakant, donde ocurrió el bombardeo, se encuentra cercada y las telecomunicaciones cortadas, confirman fuentes desde el terreno que guardan el anonimato, que aseguran que los militares no permiten que los heridos sean trasladados a hospitales cercanos.
“Se habla de entre 50 y 80 fallecidos, pero es una cifra que previsiblemente va a crecer, porque hay muchos heridos graves y no pueden ser atendidos”, dicen estas fuentes.
El ataque, en general uno de los más cruentos desde que los militares se instalaron en el poder, poniendo fin a una década de transición democrática, ha sido condenado por representantes diplomáticos de diversos países, entre ellos Australia, España, Alemania, Estados Unidos y Reino Unido, así como varias ONG.
En un inusual comunicado, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) expresó hoy su “grave preocupación” por la reciente escalada de violencia en Myanmar e hizo un “llamamiento urgente a todas las partes involucradas” a tomar “medidas concretas”.
La declaración del grupo (formado por Myanmar, Tailandia, Vietnam, Camboya, Laos, Filipinas, Indonesia, Singapur, Malasia y Brunéi) se produce en la víspera de su reunión de emergencia este jueves en Yakarta para estudiar la situación en Myanmar.
En ella se espera que se revisen los cinco puntos de consenso alcanzados en abril del año pasado por los mandatarios de la ASEAN y el líder de la junta militar birmana, Min Aung Hlaing, entre los que se encuentra el “cese inmediato de la violencia” contra civiles.
Condena internacional
Un objetivo que, a tenor de lo ocurrido el domingo, parece difícil de alcanzar, entre críticas a la ASEAN y a la comunidad internacional por la falta de acción ante un conflicto con visos de enquistarse.
El golpe de Estado militar ha sumido a Myanmar en una profunda crisis política, social y económica, abriendo una espiral de violencia con nuevas milicias civiles, entre ellas el brazo armado del NUG, que ha exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas.
Desde el 1 de febrero de 2021, cerca de 2.400 civiles han muerto en manos de las fuerzas de seguridad birmanas, según la Asociación para la Asistencia de Prisioneros Políticos de Myanmar.
“Durante más de un año y medio, la junta ha perpetrado graves abusos contra millones de personas que se oponen a su mando, cometiendo crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra”, advierte en un comunicado sobre el ataque aéreo del domingo la organización Human Rights Watch (HRW).
“¿Cuánto más -añade HRW- tiene que subir el contador de muertes para que los gobiernos del mundo impongan medidas que impacten en el comportamiento de la junta?”.
El siniestro arrasó el lunes los edificios de una agencia de decoradores y una empresa de comida rápida, detalló a la AFP el ministro del gobierno del estado de Bengala Occidental a cargo de los bomberos, Sujit Bose.
«El incendio se declaró a primera hora de la mañana y sorprendió a quienes dormían en el edificio, antes de propagarse rápidamente a otro inmueble», explicó.
El balance del siniestro sigue siendo provisional, prosiguió Bose, ya que el viernes las familias de 27 personas seguían sin noticias de sus seres queridos.
El director de los servicios locales de emergencia, Ranvir Kumar, señaló que los edificios destruidos no estaban equipados con todos los dispositivos de seguridad exigidos por la ley.
Los incendios son frecuentes en India, debido al mal estado de las infraestructuras y a normas de seguridad y evacuación que no siempre se aplican.
En el atraco, los ladrones utilizaron gas pimienta para hacerse con el dinero alrededor de las 21H30 locales (12H30 GMT) del jueves cerca de la estación de Ueno, una zona muy popular entre los turistas, dijo a la AFP una portavoz de la policía capitalina bajo anonimato.
La vocera se negó a dar más detalles, pero la prensa japonesa asegura que las víctimas fueron cinco ciudadanos chinos y japoneses que intentaban subir a un vehículo las maletas, con unos 420 millones de yenes (2,7 millones de dólares) en su interior.
Aún no está claro por qué el grupo llevaba consigo tal cantidad de dinero.
La cadena Fuji Television informó que las víctimas dijeron a los investigadores que el efectivo iba destinado a casas de cambio.
En otros hechos, un hombre con 190 millones de yenes en efectivo (1,2 millones de dólares) también fue atacado con un espray de gas pimienta por tres hombres en la madrugada del viernes en un estacionamiento del aeropuerto Haneda de Tokio, según los medios.
La policía está investigando la relación entre los dos ataques, reportó la cadena TBS
Un cierre parcial del gobierno de Estados Unidos parece inminente, después de que un proyecto presupuestario fracasara en el Senado en medio de la indignación demócrata por las muertes de manifestantes contrarios a las redadas antinmigrantes ordenadas por Donald Trump.
La oposición expresó así su indignación por el asesinato en Mineápolis de dos personas que se manifestaban contra la política migratoria del presidente.
El fracaso en la aprobación de un paquete de gasto compuesto por seis proyectos de ley destinados a financiar más de tres cuartas partes del gobierno federal hace casi imposible evitar un cierre parcial a partir del sábado.
De todos modos, los demócratas y la Casa Blanca seguían buscando frenéticamente un acuerdo de última hora.
Sería el segundo cierre o «shutdown» -cuando la financiación de todo o de diferentes áreas del gobierno estadounidense se congela temporalmente- desde que Trump asumió nuevamente la presidencia hace un año.
Los demócratas habían prometido bloquear la medida a menos que se separara y renegociara la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para incluir salvaguardas sobre la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), la agencia de seguridad pública mejor financiada de Estados Unidos.
El ICE, encargado de las redadas antinmigrantes con fines de deportación, está en la picota por las muertes de manifestantes en Mineápolis.
Falta de acuerdo
La situación dejó a los 53 republicanos de la cámara cortos en votos: necesitaban 60 voluntades para que la legislación avanzara hacia su aprobación final.
Ahora Washington se prepara para otro cierre disruptivo de servicios a la medianoche del viernes.
«Lo que está haciendo ICE (…) es brutalidad avalada por el Estado y debe detenerse. Y el Congreso tiene la autoridad -y la obligación moral- de actuar», dijo el líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, antes de la votación.
Una modesta rebelión republicana se unió a los demócratas.
Debido a las normas vigentes en el Senado, se necesitan 60 votos de 100 para aprobar un texto presupuestario, y los republicanos, aunque tengan la mayoría, necesitarían el apoyo de varios miembros de la oposición para poder aspirar a sacar adelante su propuesta de presupuesto. Los números no les alcanzan.
Los demócratas han explicado que están dispuestos a aprobar cinco de los seis apartados del texto, pero quieren separar el último -que concierne al DHS- para debatir las reformas que desean que se implementen.
Dado que la Cámara de Representantes había aprobado los seis apartados en un solo bloque, separar el DHS del texto implicaría de facto una paralización a medianoche del viernes al sábado, ya que la cámara baja tendría que votar de nuevo la versión aprobada por el Senado.
El «shutdown» podría ser de corta duración. En un consejo de ministros el jueves, Trump dijo a la prensa que esperaba que se encontrara un compromiso con la oposición para evitar una parálisis.
Si la financiación caduca, cientos de miles de empleados públicos podrían ser enviados a casa u obligados a trabajar sin paga.
En tanto, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió el jueves «moderación» a las autoridades hacia los manifestantes en Estados Unidos, tras las muertes de dos ciudadanos estadounidenses que protestaban contra redadas en Mineápolis.
