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MASACRE | Ataque aéreo del ejército deja al menos 80 muertos en un concierto en Myanmar
El bombardeo aéreo contra los asistentes a un festival de música el domingo en el norte de Myanmar, que provocó entre 50 y 80 víctimas mortales, es la última prueba de la escalada de violencia de la junta militar birmana y de su supuesta “desesperación” por mantener el poder.
Era el turno de Aurali, un famoso cantante de la etnia minoritaria kachin, cuando el domingo por la noche cuatro aviones de combate del ejército birmano transformaron un festival de música en una masacre, matando e hiriendo a decenas de civiles, en el que se considera como el peor ataque aéreo desde el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021.
Aurali sucumbió al fuego de artillería en el escenario, según el portal Kachin News, mientras conmemoraba el 62° aniversario de la fundación de la Organización para la Independencia de Kachin (KIO), en una región lindante con China controlada por una guerrilla de la etnia homónima que lleva décadas enfrentada al ejército birmano.
“Para los militares, toda la población kachin está conectada con la KIO (que tiene un brazo armado, el Ejército para la Independencia de Kachin), de modo que no distinguen entre civiles y rebeldes”, dice un portavoz del Gobierno de Unidad Nacional (NUG, por sus siglas en inglés).
El NUG, formado en parte por miembros del gobierno civil de la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, derrocado en 2021 por los militares, condenó rápidamente el ataque por parte del que tilda de “ejército terrorista”.
Horrific reports of 60 killed & 200 injured by Burmese military airstrikes on a music festival in Kachin State last night. We are trying to confirm details.
— Burma Campaign UK (@burmacampaignuk) October 24, 2022
We renew our call for aviation fuel sanctions to try to help stop these attacks.
Footage from WeChat. pic.twitter.com/l8BoX1kAcb
“Es posiblemente una táctica movida por la desesperación: cuanto más fuerte ataquen a la población, creen que antes se rendirán”, dice este portavoz desde el exilio, quien considera que el Ejército “está perdiendo terreno frente a los rebeldes y ya solo les queda utilizar sus fuerzas aéreas, de las que no dispone ningún grupo”.
Un análisis prácticamente imposible de verificar desde Myanmar, dado que el país ha quedado sometido a un semi apagón informativo desde el golpe, con una renovada persecución a disidentes, periodistas y un sistema de telecomunicaciones disfuncional que lo mantiene a oscuras.
Más aún en los lugares atacados: la localidad de Hpakant, donde ocurrió el bombardeo, se encuentra cercada y las telecomunicaciones cortadas, confirman fuentes desde el terreno que guardan el anonimato, que aseguran que los militares no permiten que los heridos sean trasladados a hospitales cercanos.
“Se habla de entre 50 y 80 fallecidos, pero es una cifra que previsiblemente va a crecer, porque hay muchos heridos graves y no pueden ser atendidos”, dicen estas fuentes.
El ataque, en general uno de los más cruentos desde que los militares se instalaron en el poder, poniendo fin a una década de transición democrática, ha sido condenado por representantes diplomáticos de diversos países, entre ellos Australia, España, Alemania, Estados Unidos y Reino Unido, así como varias ONG.
En un inusual comunicado, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) expresó hoy su “grave preocupación” por la reciente escalada de violencia en Myanmar e hizo un “llamamiento urgente a todas las partes involucradas” a tomar “medidas concretas”.
La declaración del grupo (formado por Myanmar, Tailandia, Vietnam, Camboya, Laos, Filipinas, Indonesia, Singapur, Malasia y Brunéi) se produce en la víspera de su reunión de emergencia este jueves en Yakarta para estudiar la situación en Myanmar.
En ella se espera que se revisen los cinco puntos de consenso alcanzados en abril del año pasado por los mandatarios de la ASEAN y el líder de la junta militar birmana, Min Aung Hlaing, entre los que se encuentra el “cese inmediato de la violencia” contra civiles.
Condena internacional
Un objetivo que, a tenor de lo ocurrido el domingo, parece difícil de alcanzar, entre críticas a la ASEAN y a la comunidad internacional por la falta de acción ante un conflicto con visos de enquistarse.
El golpe de Estado militar ha sumido a Myanmar en una profunda crisis política, social y económica, abriendo una espiral de violencia con nuevas milicias civiles, entre ellas el brazo armado del NUG, que ha exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas.
Desde el 1 de febrero de 2021, cerca de 2.400 civiles han muerto en manos de las fuerzas de seguridad birmanas, según la Asociación para la Asistencia de Prisioneros Políticos de Myanmar.
“Durante más de un año y medio, la junta ha perpetrado graves abusos contra millones de personas que se oponen a su mando, cometiendo crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra”, advierte en un comunicado sobre el ataque aéreo del domingo la organización Human Rights Watch (HRW).
“¿Cuánto más -añade HRW- tiene que subir el contador de muertes para que los gobiernos del mundo impongan medidas que impacten en el comportamiento de la junta?”.
La organización criminal transnacional conocida como el Tren de Aragua, originaria de Venezuela, ha logrado establecerse en al menos 16 estados de Estados Unidos mediante una combinación de alianzas con pandillas locales y tácticas de infiltración tecnológica, según informes de Fox News y otros medios estadounidenses.
Investigaciones revelan que el grupo opera en estados como Florida, Texas, Nueva York, Illinois y Colorado, y ha aprovechado comunidades migrantes para operar con menor visibilidad. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la presencia del Tren de Aragua representa un riesgo creciente para la seguridad interna.
Uno de los aspectos más alarmantes es su sofisticación tecnológica. Según Ali Hopper y Jarrod Sadulski, expertos en crimen organizado y miembros de GUARD Against Trafficking, la pandilla incorpora especialistas en tecnología de la información —algunos bajo coacción— para evadir la detección. Utilizan códigos visuales, secuencias de emojis e imágenes con símbolos ocultos para comunicarse sin ser detectados por los algoritmos de seguridad de plataformas digitales.
Además, el grupo ha establecido alianzas estratégicas con pandillas como los Bloods y los Crips, con las cuales comparte ingresos de actividades ilícitas como el tráfico de drogas, trata de personas y asesinatos por encargo. Esta colaboración les permite conocer rutas de patrullaje, zonas con menor vigilancia y políticas judiciales locales.
A nivel internacional, el Tren de Aragua ha sido identificado en países como Perú, Chile y Colombia. En marzo de 2025, el Congreso peruano lo declaró organización terrorista. En Chile y Colombia, se le vincula con delitos como secuestro, homicidio, extorsión y explotación sexual.
Frente a su avance, el sistema judicial de EE. UU. ha comenzado a responder. En mayo de 2025, una jueza federal en Pensilvania autorizó la deportación de presuntos integrantes del grupo bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. No obstante, tribunales en Texas y Colorado han bloqueado temporalmente estas medidas por presuntas violaciones al debido proceso.
De acuerdo con Insight Crime, el Tren de Aragua ha evolucionado desde su origen carcelario en Venezuela hasta convertirse en una red criminal transnacional, adaptando su estructura a cada país. Aunque la amenaza es real, analistas como los citados por The Guardian advierten que la falta de evidencia directa que vincule a sus miembros con la estructura central del grupo complica su persecución judicial en Estados Unidos.
La influencer mexicana Valeria Márquez, de 23 años, fue asesinada la tarde del martes dentro de su salón de belleza, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco, según confirmaron autoridades estatales.
La joven, conocida por compartir contenidos sobre belleza y estilo de vida en redes sociales, algunos con hasta 800,000 reproducciones, fue atacada a tiros alrededor de las 18:30 horas locales (00:30 GMT del miércoles) por un sujeto que ingresó al local y disparó directamente en su contra, informó la fiscalía estatal en un comunicado.
“La víctima es una persona con presencia activa e influencia en redes sociales”, destacó la institución, que añadió que el caso está siendo investigado bajo el protocolo de feminicidio.
Elementos de la policía municipal llegaron al establecimiento tras una llamada de emergencia y confirmaron el fallecimiento de Márquez en el lugar. Agentes del Ministerio Público permanecieron en la escena recabando pruebas y testimonios para esclarecer el crimen.
La violencia de género continúa siendo una grave preocupación en México. De acuerdo con ONU Mujeres, 7 de cada 10 mexicanas mayores de 15 años han sufrido algún tipo de agresión, y diariamente se registran en promedio 10 asesinatos de mujeres, sumando homicidios dolosos y feminicidios.
Las autoridades no han reportado hasta el momento detenidos por este hecho.
El asesinato de Luis Armando Córdova Díaz, exdiputado y exsecretario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Jalisco, se suma a una serie de ataques contra figuras políticas ocurridos recientemente en México, en medio del proceso electoral que culminará el 2 de junio.
Córdova, quien fue legislador entre 2012 y 2015, fue atacado en Zapopan, Jalisco, parte del área metropolitana de Guadalajara. Según informó la Fiscalía del Estado, ya se abrió una investigación para esclarecer el crimen. “Se revisan cámaras de videovigilancia, entrevistas y otros indicios para identificar a los agresores, quienes habrían huido a bordo de una motocicleta”, señaló la institución en un comunicado.
El PRI condenó el homicidio a través de la red social X, donde exigió justicia y alertó sobre la creciente inseguridad. “¡El pueblo no merece vivir con miedo!”, expresó el partido.
Jalisco, considerado bastión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos criminales más poderosos del país, es escenario frecuente de violencia, desapariciones y enfrentamientos armados. Zapopan, donde ocurrió el ataque, es además una de las sedes seleccionadas para el Mundial de Fútbol 2026 que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.
El homicidio de Córdova ocurre en un contexto de creciente violencia política en el país. El pasado lunes fue asesinado Esteban Alfonseca, exalcalde de Actopan, Veracruz. Un día antes, Yesenia Lara, candidata a la alcaldía de Texistepec por el partido oficialista Morena, resultó herida tras ser atacada a balazos mientras marchaba en caravana junto a simpatizantes.
Veracruz, donde se celebrarán elecciones locales el próximo 1 de junio para renovar 212 alcaldías, ha sido identificado como un territorio estratégico para el crimen organizado por su ubicación en la costa del Golfo de México.
De acuerdo con analistas, los asesinatos de candidatos y exfuncionarios suelen intensificarse en periodos electorales como una forma en que los grupos delictivos buscan controlar gobiernos locales y ejercer influencia sobre los procesos democráticos.
