Internacionales
Luego de dos meses y medio España reabre bares y restaurantes
Por primera vez desde hace dos meses y medio las terrazas de bares y restaurantes tienen permitido abrir en Madrid, después de que la región abandone esta semana la fase 0 de la desescalada y comience una flexibilización que también tiene como finalidad la reactivación económica.
A partir de este lunes por primera vez en toda España no hay ningún territorio en fase 0 de la desescalada. La Comunidad de Madrid, Barcelona y su área metropolitana y la mayoría de Castilla León, las únicas regiones que permanecían en el nivel inicial, han avanzado a la fase 1 de la desescalada. Además, otras provincias y áreas, que suponen el 42 % del país, avanzan también esta semana hasta la siguiente fase 2.
Desde hoy todos la población del país podrá salir a una terraza y podrán reencontrarse con familiares y amigos. Siempre dentro de la misma provincia o área sanitaria y manteniendo la distancia de seguridad o usando mascarillas faciales.
Ambas fases tienen en común la libertad de movimientos para ir a comprar, visitar a un allegado o ir a la terraza de un negocio de restauración y la apertura de comercios con diferentes requisitos, entre otros, pero tienen también algunas diferencias de calado.
¿Qué se puede hacer en la fase 1?
Este primer escalón de la desescalada permite de nuevo, aunque restringido, el contacto social. A partir de este lunes muchos nietos se reencontrarán con sus abuelos, a los que en muchas ocasiones llevan sin ver desde la primera quincena de marzo. Mientras que las mascarillas han llegado para quedarse: son obligatorias en espacios cerrados y en todo aquellos lugares donde no se pueda garantizar la distancia de seguridad de dos metros.
Se podrá circular por toda la unidad territorial (provincia o área sanitaria).
Se permite el contacto social en grupos de un máximo de 10 personas tanto en domicilios, como al aire libre o en terrazas.
La hostelería puede abrir sus terrazas con un 50 % del aforo.
Se eliminan las franjas horarias para comprar, acudir a negocios de restauración o visitar a amigos o familiares, mientras que se mantienen para los paseos y para realizar deporte no federado al aire libre.
Pueden abrir los comercios con una superficie máxima de atención al público de 400 metros cuadrados con un 30 % de su aforo.
Los hoteles pueden abrir de nuevo sus puertas, aunque no está permitido el uso de sus zonas comunes, como restaurantes, spa, saunas, piscinas u otros.
¿Qué se puede hacer en la fase 2?
El segundo nivel flexibiliza más alguna de las medidas estrenadas en la fase anterior e introduce algunas novedades, la más esperada es la que afecta a las playas en vísperas del periodo estival y con unas temperaturas en el país que están superando en numerosas ocasiones los 30 grados.
Por primera vez se abren las playas para un uso recreativo, hasta ahora solo estaba permitido pasear por ellas y hacer ejercicio.
Se eliminan las franjas horarias para paseos y deporte al aire libre, salvo para las personas mayores de 70 años y otros colectivos vulnerables y dependientes.
Se permite la apertura total del comercio con un aforo entre el 30 y el 40 %.
Las reuniones sociales se amplían a grupos de hasta 15 personas.
Por primera vez se puede abrir el interior de bares y restaurantes, aunque con un aforo entre el 40 y el 50 %.
Una mujer embarazada de seis meses resultó herida de bala tras un intento de asalto registrado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El hecho ocurrió en la intersección de la 6ª avenida y 8ª calle, donde sujetos armados habrían interceptado a la víctima con intenciones de robo. La mujer fue identificada como Jimena Vickers, de 31 años, quien se desempeña como visitadora médica.
De acuerdo con versiones preliminares, los atacantes abrieron fuego luego de que Vickers se opusiera al asalto. En el parabrisas del vehículo, del lado del conductor, se observaron al menos tres impactos de bala.
La víctima fue auxiliada por cuerpos de socorro y trasladada a un centro asistencial. Su estado de salud, así como el del bebé que espera, no ha sido detallado por las autoridades.
La PNC inició un operativo en el sector para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se reportan capturas.
Internacionales
Crisis humanitaria en Gaza deja a niños y madres gravemente afectados por la desnutrición en medio del conflicto
La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó este viernes que uno de cada cuatro niños entre seis meses y cinco años, así como mujeres embarazadas y lactantes atendidos en sus clínicas en Gaza, presenta signos de desnutrición, en lo que califican como una emergencia sanitaria y humanitaria de alto nivel.
En un comunicado, MSF acusó a las autoridades israelíes de usar deliberadamente el hambre como un arma de guerra. “Los propios pacientes y profesionales de la salud sufren de hambre”, señaló la ONG, que mantiene presencia médica en Ciudad de Gaza.
Caroline Willemen, coordinadora del proyecto de MSF en esa ciudad, aseguró que están recibiendo alrededor de 25 nuevos casos de desnutrición diariamente. Desde el 18 de mayo, los registros se han cuadruplicado y la desnutrición severa en menores de cinco años se ha triplicado.
MSF afirma que esta situación se debe a una “hambruna deliberada”, consecuencia directa del bloqueo impuesto por Israel sobre el enclave palestino. Aunque a finales de mayo se flexibilizó el cerco, las carencias de alimentos, medicinas y productos básicos persisten.
Israel, por su parte, responsabiliza a Hamas de manipular la ayuda humanitaria, acusándolo de apropiarse de suministros para revenderlos a precios desorbitados o de atacar a las personas que esperan recibir alimentos.
La ONG también denunció ataques en los centros de distribución de alimentos gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Israel y Estados Unidos. “Estas distribuciones no son ayuda humanitaria, son crímenes de guerra cometidos a plena luz del día bajo el disfraz de compasión”, afirmó Mohammed Abu Mughaisib, coordinador médico adjunto de MSF en Gaza.
La ONU ha documentado más de 1.000 muertes desde finales de mayo en puntos de ayuda humanitaria, la mayoría cerca de los centros operados por la GHF.
Ecuador cerró el primer semestre de 2025 como el más violento de los últimos 14 años, al registrar 4,557 homicidios, lo que representa un aumento del 45 % respecto al mismo periodo de 2024 y un 22 % más en comparación con los primeros seis meses de 2023, según datos del Ministerio del Interior recopilados por el medio «Primicias».
Del total de muertes violentas, el 89 % (4,069 casos) fue cometido con armas de fuego, incluyendo pistolas, escopetas, ametralladoras y fusiles, lo que evidencia el creciente poder de fuego de los grupos criminales.
Mayo se posicionó como el mes más sangriento desde que se tiene registro, con 915 homicidios, superando incluso los 831 asesinatos ocurridos en octubre de 2023. En promedio, al menos 30 personas fueron asesinadas cada día durante el primer semestre del año. En junio, aunque hubo una leve reducción, se contabilizaron 548 crímenes.
Entre enero y mayo, 70 cantones del país registraron un aumento en muertes violentas respecto al mismo periodo del año anterior. En estos territorios se concentró el 90 % de los homicidios registrados, es decir, un total de 3,578.
Frente a esta escalada de violencia, el gobierno de Daniel Noboa ha decretado estados de excepción en varias provincias —Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos—, en dos cantones de Quito y en el sistema penitenciario nacional. Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes para frenar la criminalidad.
El más reciente estado de excepción, declarado el 12 de abril mediante el Decreto 599, fue parcialmente aprobado ayer por la Corte Constitucional, que consideró inconstitucional aplicar la medida en todos los centros penitenciarios y en el cantón Camilo Ponce Enríquez (Azuay), al no evidenciarse hechos que justifiquen su inclusión.
Además, la Corte rechazó la suspensión del derecho a reunión, las inspecciones y requisas sin orden judicial, así como la intervención directa de las Fuerzas Armadas, al señalar que estas acciones pueden ejecutarse dentro del marco legal ordinario.
Pese a ello, se mantuvieron restricciones como la suspensión del derecho a la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la correspondencia, permitiendo a la fuerza pública realizar allanamientos y revisar mensajes dirigidos a privados de libertad.
El alto índice de homicidios refleja la profunda crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, donde el crimen organizado y las bandas armadas continúan desafiando la capacidad del Estado para contener la violencia.
