Internacionales
La ONU alerta del aumento de la violencia contra menores en Colombia
Reclutamiento de menores, secuestros, abusos sexuales o ataques contra escuelas son algunas de las formas de violencia que crecieron «desproporcionadamente» contra la infancia en las zonas de conflicto en Colombia, alertó el lunes el secretario general de la ONU en un informe.
En su sexto informe sobre infancia y conflicto armado en Colombia que abarca del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2023, el jefe de la ONU, Antonio Guterres, dijo que este periodo «estuvo caracterizado por un notable aumento de las seis violaciones» más graves, pese a la disminución de los enfrentamientos entre militares y grupos armados.
En ese periodo, la organización verificó 615 violaciones graves contra 476 menores (306 niños, 166 niñas y 4 cuyo sexo se desconoce), lo que representa un aumento del 61 % con respecto al informe anterior.
De ellos, el 43 % de los casos afectaron a menores indígenas (170 casos) y afrocolombianos (37).
También aumentó la violencia contra menores de otras nacionalidades, principalmente ecuatorianos y venezolanos, alerta el informe.
Con 339 violaciones graves (55 %), los grupos disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) fueron los principales responsables, seguidos por el Ejercito de Liberación Nacional (107), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) (52) y las Fuerzas Militares de Colombia (27).
Solo en los primeros seis meses de 2023 se registró el mayor número de violaciones verificadas, con 197.
La ONU las achaca al «refuerzo de algunos grupos armados y la expansión de su control territorial y social» en zonas donde la presencia estatal es limitada y los índices de pobreza elevados.
En este periodo, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios registró más de 111.000 menores desplazados y confinados, en su mayoría indígenas y afrocolombianos, principalmente en los departamentos de Nariño, el Chocó y el Cauca, donde se produjeron el 85 % de los casos.
El reclutamiento siguió siendo la violencia más extendida contra los menores, seguido por los asesinatos, las mutilaciones y los secuestros, que aumentaron un 340 % con respecto al informe anterior ya sea con fines de reclutamiento o para pedir rescates.
La violencia sexual también aumentó, con 33 casos verificados, frente a los 14 del informe anterior, así como el de secuestros infantiles (44 frente a 10).
Los ataques contra escuelas y hospitales pasaron de 8 en el informe anterior a 41 en el actual, así como de denegación de acceso humanitario.
El secretario general pide al gobierno colombiano una «estrategia interinstitucional para prevenir el reclutamiento y la utilización de niños y niñas» y que se «active rápidamente» un mecanismo de respuesta de emergencia para proteger a los menores de esta violencia.
El gobierno de Honduras ordenó que los empleados públicos realicen teletrabajo por un brote de Covid-19 y otras enfermedades respiratorias que ya dejaron más de 200 muertos este año.
«Se ha dispuesto que todas las dependencias del gobierno central, [y] las instituciones descentralizadas (…) pasen a la modalidad de teletrabajo los días jueves y viernes», dijo el ministerio en un comunicado.
Argumentó que son «recomendaciones de la Secretaría de Salud», porque hay «un acelerado y sostenido incremento de enfermedades respiratorias altamente contagiosas» como «el Sar-Covid-19, el virus sincitial respiratorio, la influenza o el resfriado común».
El jefe de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, Lorenzo Pavón, aseguró a medios locales que 216 personas han fallecido en lo que va del año a causa de infecciones respiratorias, cinco por Covid-19, en «una letalidad realmente bien considerable».
El gobierno había recomendado a la población «retomar el uso de la mascarilla, lavado frecuente de manos o uso de desinfectantes», así como «evitar concentraciones masivas en espacios reducidos», igual que en 2020 y 2021 durante la pandemia de coronavirus.
Una mujer embarazada de seis meses resultó herida de bala tras un intento de asalto registrado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El hecho ocurrió en la intersección de la 6ª avenida y 8ª calle, donde sujetos armados habrían interceptado a la víctima con intenciones de robo. La mujer fue identificada como Jimena Vickers, de 31 años, quien se desempeña como visitadora médica.
De acuerdo con versiones preliminares, los atacantes abrieron fuego luego de que Vickers se opusiera al asalto. En el parabrisas del vehículo, del lado del conductor, se observaron al menos tres impactos de bala.
La víctima fue auxiliada por cuerpos de socorro y trasladada a un centro asistencial. Su estado de salud, así como el del bebé que espera, no ha sido detallado por las autoridades.
La PNC inició un operativo en el sector para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se reportan capturas.
Internacionales
Crisis humanitaria en Gaza deja a niños y madres gravemente afectados por la desnutrición en medio del conflicto
La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó este viernes que uno de cada cuatro niños entre seis meses y cinco años, así como mujeres embarazadas y lactantes atendidos en sus clínicas en Gaza, presenta signos de desnutrición, en lo que califican como una emergencia sanitaria y humanitaria de alto nivel.
En un comunicado, MSF acusó a las autoridades israelíes de usar deliberadamente el hambre como un arma de guerra. “Los propios pacientes y profesionales de la salud sufren de hambre”, señaló la ONG, que mantiene presencia médica en Ciudad de Gaza.
Caroline Willemen, coordinadora del proyecto de MSF en esa ciudad, aseguró que están recibiendo alrededor de 25 nuevos casos de desnutrición diariamente. Desde el 18 de mayo, los registros se han cuadruplicado y la desnutrición severa en menores de cinco años se ha triplicado.
MSF afirma que esta situación se debe a una “hambruna deliberada”, consecuencia directa del bloqueo impuesto por Israel sobre el enclave palestino. Aunque a finales de mayo se flexibilizó el cerco, las carencias de alimentos, medicinas y productos básicos persisten.
Israel, por su parte, responsabiliza a Hamas de manipular la ayuda humanitaria, acusándolo de apropiarse de suministros para revenderlos a precios desorbitados o de atacar a las personas que esperan recibir alimentos.
La ONG también denunció ataques en los centros de distribución de alimentos gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Israel y Estados Unidos. “Estas distribuciones no son ayuda humanitaria, son crímenes de guerra cometidos a plena luz del día bajo el disfraz de compasión”, afirmó Mohammed Abu Mughaisib, coordinador médico adjunto de MSF en Gaza.
La ONU ha documentado más de 1.000 muertes desde finales de mayo en puntos de ayuda humanitaria, la mayoría cerca de los centros operados por la GHF.
