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La historia detrás del hombre que admitió violar a su hija en audios de WhatsApp y fue tendencia en redes
“Desahogo sexual” y “Lo quiero muerto” fueron dos de las tendencias que más se destacaron durante todo el día en Twitter. Y las dos se referían a un mismo hecho: el caso de J.A.C, un hombre de 30 años oriundo de El Jagüel, partido de Esteban Echeverría, acusado de abusar de su hija de seis y que, tras ser detenido, fue supuestamente liberado por la justicia tras una resolución vergonzosa que atribuía, precisamente, un “desahogo sexual”.
No solo eso: se viralizaron audios atribuidos al hombre en donde cuenta cómo supuestamente violó a la menor. Los audios son escabrosos, grotescos. “Le dije bueno ‘hija, vení, que acá está el chupetín’”, dice en un mensaje: “Estaba re caliente”.
La viralización fue fuerte. “Desahogo sexual” superaba los 74 mil tuits poco antes de las 14:30. Para entender la escala, un solo tuitero logró que el contenido fuese compartido casi 20 mil veces: el tuit con el que Alberto Fernández anunció la producción de la vacuna del coronavirus en Argentina fue compartido en 4400 ocasiones.
El caso existe, es investigado hoy por la UFI N°3 de Esteban Echeverría, especializada en delitos sexuales y violencia de género, que comenzó una investigación penal preparatoria, según aseguran fuentes judiciales en Lomas de Zamora. Pero J.A.C. nunca fue liberado por ningún juez por motivos de “desahogo sexual”, un término que se usa en la literatura jurídica y que no implica un beneficio para un acusado. Para empezar, nunca fue detenido. Pero algo ciertamente pasa.
Infobae consultó con fuentes policiales y con la propia familia de la menor para desentrañar la verdad detrás de la historia viral del día. Todo comenzó con la publicación de una joven en Instagram. Allí, la usuaria, una vecina de J.A.C. en Lanús, de 19 años, dio a conocer la serie de escabrosas grabaciones en las que el presunto abusador daba detalles de lo que le hizo a su hija mientras miraban una película. Las reacciones no se hicieron esperar.
La usuaria que dio a conocer el caso también publicó la foto del hombre, el lugar donde vive y contó que, tras estar detenido, la Justicia lo liberó porque supuestamente consideró que el abuso había sido un “desahogo sexual”, justamente uno de los trending topics de la mañana. En Instagram, su posteo había llegado a más de 148 mil likes poco antes del mediodía.
A esta altura el caso se hizo imparable y trascendió al resto de las redes sociales. Tanto fue así que miles de usuarios impulsaron la otra tendencia: “Lo quiero muerto”. Con este mensaje expresaron indignación por lo que habría hecho J.A.C., la decisión liberarlo tan rápidamente y, además, su deseo de hacer justicia por mano propia.
Pero en esta historia no todo es como parece. De acuerdo con las fuentes oficiales consultadas por Infobae, el jueves pasado efectivos de la Comisaría de la Mujer y Familia de Esteban Echeverría se dirigieron hasta el domicilio de J.A.C. en El Jagüel por un supuesto “conflicto entre vecinos” originado por la viralización de los audios en los que el hombre de 30 años confesó el abuso. Apostados frente a la casa del acusado, los habitantes del barrio dijeron haber identificado su voz en las grabaciones.
La policía trasladó a J.A.C. a la comisaría y desde allí se puso en contacto con la ex pareja del sospechoso y mamá de la pequeña abusada. La mujer, con domicilio en la localidad bonaerense de San Fernando, les dio su versión de los hechos. Reconoció que estaba al tanto de los audios, que la última vez que había mantenido contacto con él fue en San Fernando hace dos meses y aseguró que “nunca sospechó de algún tipo de abuso hacia su hija”. Además, afirmó que la voz del audio corresponde a la del papá de la nena.
Tras mantener la conversación con la mamá de la nena, los efectivos mantuvieron comunicación con la UFI N° 3 de Esteban Echeverría, quien dispuso no tomar ninguna medida ya que los hechos habrían ocurrido en San Fernando. Pero en la zona norte, una fiscalía dijo que no consideraba que el supuesto abuso haya ocurrido en su jurisdicción y rebotó el expediente. Así, volvió a Lomas de Zamora, que comienza ahora con sus primeras medidas. El reconocimiento médico-legal dio resultados negativos. No hay, en una primera inspección, signos de abuso.
Los vecinos reaccionaron de la peor manera: un grupo de habitantes de El Jagüel intimidó a los familiares del imputado y quisieron romper e incendiar su domicilio.
Fuentes judiciales con acceso a la investigación revelaron por su parte, que los audios pudieron ser conocidos en un primer momento porque J.A.C. había vendido su celular y olvidó borrar las grabaciones.
“La única prueba en su contra por el momento es el audio, aunque faltan más medidas de prueba como la declaración testimonial de la madre, la entrevista con la menor y peritar las grabaciones para saber si efectivamente es la voz del sospechoso. La investigación recién empieza”, señalaron.
Infobae también contactó a la mamá de la nena, quien prefirió no hacer ningún tipo de declaración sobre la investigación ni sobre su ex. “Mi familia está muy mal. Estamos muy devastados. Todo esto es muy doloroso. Mi mamá ni siquiera se puede levantar. Pido respeto por mi hija, que no difundan esos audios que no llegué ni siquiera a escuchar. Cuando esto se resuelva, voy a hablar”, aseguró. Por expreso pedido de la familia, Infobae no publica los audios viralizados que se atribuyen a J.A.C
La joven de Lanús que expuso el caso borró sus posteos originales en Instagram, tras reconocer a este medio que era “solo una vecina” y que “no tenía un papel para demostrarlo”. Aseguró, también, que era amenazada por allegados de “la madre de la nena”.
En la casa de J.A.C. en El Jagüel hay un patrullero. El hombre no está. Su familia asegura que se fue a otra provincia.
Internacionales
¿Quién es el acusado del mayor robo de joyas en EE.UU. que quedó en libertad tras ser deportado a Ecuador?
Un hombre acusado de participar en lo que las autoridades calificaron como el mayor robo de joyas en la historia de Estados Unidos, con un botín estimado en USD 100 millones, quedó en libertad luego de ser deportado a Ecuador, una decisión que dejó en suspenso el proceso judicial en su contra.
Se trata de Jeson Nelon Prescilla Flores, uno de los siete sospechosos señalados por el asalto a un camión blindado de la empresa Brinks ocurrido en julio de 2022.
De acuerdo con la acusación, el vehículo transportaba oro, diamantes, piedras preciosas y relojes de lujo cuando fue interceptado a plena luz del día.
La banda habría seguido el camión durante más de 480 kilómetros, desde el norte de California hasta una parada al norte de Los Ángeles, antes de ejecutar el robo.
Según reportó el diario Los Angeles Times, la mayor parte de la mercancía robada aún no ha sido recuperada.
Sin embargo, Prescilla Flores fue liberado bajo fianza en agosto y poco después quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En un giro inesperado, el imputado optó por la deportación a finales de diciembre, mientras aún estaba detenido por ICE, lo que paralizó en la práctica el caso penal.
En una moción presentada el 15 de enero, la defensa sostuvo que “el Gobierno decidió renunciar a la persecución penal” al permitir la expulsión del acusado del país.
No obstante, los fiscales aseguran que no fueron informados de la deportación mientras el proceso seguía abierto y argumentaron que el caso no debería extinguirse simplemente porque el acusado haya salido del territorio estadounidense.
Los joyeros afectados expresaron su indignación. “Cuando un acusado en un importante caso federal de robo abandona el país antes del juicio, las víctimas se quedan sin respuestas, sin un veredicto y sin cierre”, afirmó Jerry Kroll, abogado de algunas de las empresas joyeras, citado por el Los Angeles Times.
“Para nuestros clientes —joyeros que perdieron el trabajo de toda su vida— este desenlace deja al descubierto una falla del sistema que merece transparencia. Tienen derecho a respuestas claras sobre cómo ocurrió esto y sobre si existen salvaguardas para evitar que vuelva a suceder”, agregó.
Prescilla Flores, quien se había declarado no culpable, se enfrentaba a hasta 15 años de prisión por conspiración. Por su parte, las autoridades indicaron que podría volver a ser acusado si regresa a Estados Unidos.
Mientras tanto, la coordinación entre agencias federales quedó bajo cuestionamiento y el paradero de gran parte del botín continúa siendo un misterio.
Internacionales
Hallados todos los cadáveres de los 10 pasajeros de avioneta accidentada en Indonesia
Los equipos de rescate completaron este viernes el hallazgo de los restos mortales de los 10 pasajeros que iban en una avioneta que se estrelló contra una montaña en Indonesia el fin de semana, informó un funcionario local.
El avión turbohélice de Indonesian Air Transport, fletado por el Ministerio de Pesca indonesio, transportaba a siete tripulantes y tres funcionarios cuando perdió contacto con el control de tráfico aéreo el sábado.
A principios de esta semana se recuperaron ocho cadáveres, mientras los equipos de rescate peinaban las empinadas laderas de la montaña, con sus esfuerzos dificultados por el difícil terreno y las malas condiciones meteorológicas.
Los cuerpos de las dos personas que seguían desaparecidas fueron encontrados este viernes y serán recuperados, informó el responsable local de rescate, Andi Sultan.
La caja negra del avión fue localizada el miércoles y podría arrojar luz sobre las causas del accidente, ocurrido poco antes de que el avión aterrizara en la ciudad de Makassar, según la agencia local de búsqueda y rescate.
Los restos del avión, incluyendo el fuselaje, partes de la cola y las ventanas, fueron encontrados el domingo cerca de la cima de la montaña.
Indonesia, un extenso archipiélago en el sudeste asiático, depende del transporte aéreo para comunicar sus islas.
El país tiene un mal balance en materia de seguridad aérea. El pasado septiembre, un helicóptero con seis pasajeros y dos tripulantes se estrelló poco después de despegar de Borneo Meridional, sin supervivientes.
Menos de dos semanas después, cuatro personas murieron al estrellarse otro helicóptero en el distrito de Ilaga, en la isla de Papúa.
Un grupo de defensa de derechos humanos radicado en Estados Unidos anunció este viernes que pudo confirmar que más de 5,000 personas murieron durante las recientes protestas en Irán, y que en su gran mayoría se trata de civiles abatidos por las fuerzas de seguridad.
Oenegés que monitorean el balance dejado por la represión de las mayores manifestaciones organizadas en Irán en años indicaron que su labor se había visto entorpecida por el corte de internet impuesto por las autoridades desde el 8 de enero, y advirtieron que el saldo real probablemente sea mucho más elevado.
La organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, anunció este viernes que había confirmado la muerte de 5.002 personas, incluidas 4,714 manifestantes, 42 menores de edad, 207 miembros de las fuerzas de seguridad y 39 transeúntes.
Sin embargo, el grupo agregó que todavía está investigando otros 9,787 posibles decesos.
Al menos 26.852 personas fueron detenidas, según la misma organización, cuyo balance supera al único que han dado hasta la fecha las autoridades iraníes, de 3,117 muertos.
El organismo que comunicó ese balance el miércoles es la fundación iraní de mártires y veteranos, que distingue entre «mártires» —miembros de las fuerzas de seguridad o transeúntes inocentes— y «alborotadores» respaldados por Estados Unidos. De las 3.117 personas muertas, según la fundación, 2,427 eran «mártires».
Al divulgar su propio balance, HRANA señaló que las autoridades iraníes «intentaron apuntalar el relato oficial del gobierno respecto a las matanzas».
Otra oenegé, Iran Human Rights (IHR), radicada en Noruega, afirmó haber documentado la muerte de al menos 3.428 manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad, pero advirtió que el saldo final podría rondar los 25.000 decesos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con nuevas acciones militares contra Teherán en respuesta a la represión, advirtiendo en particular sobre consecuencias en caso de ejecución de manifestantes.
La Casa Blanca indicó el 15 de enero que «800 ejecuciones que estaban programadas y debían realizarse» el 14 de enero «fueron suspendidas» tras las presiones de Washington.
Sin embargo, el fiscal general de Irán, Mohamad Movahedi, calificó esa afirmación de «completamente falsa».
«El irracional y arrogante presidente estadounidense (…) afirmó que impidió la ejecución de 800 personas en Irán. Esa afirmación es completamente falsa: no existe tal cifra, ni el poder judicial ha tomado una decisión en ese sentido», declaró, citado por el sitio web del poder judicial Mizan.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó el viernes a las autoridades iraníes a poner fin a su «represión brutal», en particular «a los juicios sumarios y a las penas desproporcionadas».
