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La historia detrás del hombre que admitió violar a su hija en audios de WhatsApp y fue tendencia en redes

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“Desahogo sexual” y “Lo quiero muerto” fueron dos de las tendencias que más se destacaron durante todo el día en Twitter. Y las dos se referían a un mismo hecho: el caso de J.A.C, un hombre de 30 años oriundo de El Jagüel, partido de Esteban Echeverría, acusado de abusar de su hija de seis y que, tras ser detenido, fue supuestamente liberado por la justicia tras una resolución vergonzosa que atribuía, precisamente, un “desahogo sexual”.

No solo eso: se viralizaron audios atribuidos al hombre en donde cuenta cómo supuestamente violó a la menor. Los audios son escabrosos, grotescos. “Le dije bueno ‘hija, vení, que acá está el chupetín’”, dice en un mensaje: “Estaba re caliente”.

La viralización fue fuerte. “Desahogo sexual” superaba los 74 mil tuits poco antes de las 14:30. Para entender la escala, un solo tuitero logró que el contenido fuese compartido casi 20 mil veces: el tuit con el que Alberto Fernández anunció la producción de la vacuna del coronavirus en Argentina fue compartido en 4400 ocasiones.

El caso existe, es investigado hoy por la UFI N°3 de Esteban Echeverría, especializada en delitos sexuales y violencia de género, que comenzó una investigación penal preparatoria, según aseguran fuentes judiciales en Lomas de Zamora. Pero J.A.C. nunca fue liberado por ningún juez por motivos de “desahogo sexual”, un término que se usa en la literatura jurídica y que no implica un beneficio para un acusado. Para empezar, nunca fue detenido. Pero algo ciertamente pasa.

Infobae consultó con fuentes policiales y con la propia familia de la menor para desentrañar la verdad detrás de la historia viral del día. Todo comenzó con la publicación de una joven en Instagram. Allí, la usuaria, una vecina de J.A.C. en Lanús, de 19 años, dio a conocer la serie de escabrosas grabaciones en las que el presunto abusador daba detalles de lo que le hizo a su hija mientras miraban una película. Las reacciones no se hicieron esperar.

La usuaria que dio a conocer el caso también publicó la foto del hombre, el lugar donde vive y contó que, tras estar detenido, la Justicia lo liberó porque supuestamente consideró que el abuso había sido un “desahogo sexual”, justamente uno de los trending topics de la mañana. En Instagram, su posteo había llegado a más de 148 mil likes poco antes del mediodía.

A esta altura el caso se hizo imparable y trascendió al resto de las redes sociales. Tanto fue así que miles de usuarios impulsaron la otra tendencia: “Lo quiero muerto”. Con este mensaje expresaron indignación por lo que habría hecho J.A.C., la decisión liberarlo tan rápidamente y, además, su deseo de hacer justicia por mano propia.

Pero en esta historia no todo es como parece. De acuerdo con las fuentes oficiales consultadas por Infobae, el jueves pasado efectivos de la Comisaría de la Mujer y Familia de Esteban Echeverría se dirigieron hasta el domicilio de J.A.C. en El Jagüel por un supuesto “conflicto entre vecinos” originado por la viralización de los audios en los que el hombre de 30 años confesó el abuso. Apostados frente a la casa del acusado, los habitantes del barrio dijeron haber identificado su voz en las grabaciones.

La policía trasladó a J.A.C. a la comisaría y desde allí se puso en contacto con la ex pareja del sospechoso y mamá de la pequeña abusada. La mujer, con domicilio en la localidad bonaerense de San Fernando, les dio su versión de los hechos. Reconoció que estaba al tanto de los audios, que la última vez que había mantenido contacto con él fue en San Fernando hace dos meses y aseguró que “nunca sospechó de algún tipo de abuso hacia su hija”. Además, afirmó que la voz del audio corresponde a la del papá de la nena.

Tras mantener la conversación con la mamá de la nena, los efectivos mantuvieron comunicación con la UFI N° 3 de Esteban Echeverría, quien dispuso no tomar ninguna medida ya que los hechos habrían ocurrido en San Fernando. Pero en la zona norte, una fiscalía dijo que no consideraba que el supuesto abuso haya ocurrido en su jurisdicción y rebotó el expediente. Así, volvió a Lomas de Zamora, que comienza ahora con sus primeras medidas. El reconocimiento médico-legal dio resultados negativos. No hay, en una primera inspección, signos de abuso.

Los vecinos reaccionaron de la peor manera: un grupo de habitantes de El Jagüel intimidó a los familiares del imputado y quisieron romper e incendiar su domicilio.

Fuentes judiciales con acceso a la investigación revelaron por su parte, que los audios pudieron ser conocidos en un primer momento porque J.A.C. había vendido su celular y olvidó borrar las grabaciones.

“La única prueba en su contra por el momento es el audio, aunque faltan más medidas de prueba como la declaración testimonial de la madre, la entrevista con la menor y peritar las grabaciones para saber si efectivamente es la voz del sospechoso. La investigación recién empieza”, señalaron.

Infobae también contactó a la mamá de la nena, quien prefirió no hacer ningún tipo de declaración sobre la investigación ni sobre su ex. “Mi familia está muy mal. Estamos muy devastados. Todo esto es muy doloroso. Mi mamá ni siquiera se puede levantar. Pido respeto por mi hija, que no difundan esos audios que no llegué ni siquiera a escuchar. Cuando esto se resuelva, voy a hablar”, aseguró. Por expreso pedido de la familia, Infobae no publica los audios viralizados que se atribuyen a J.A.C

La joven de Lanús que expuso el caso borró sus posteos originales en Instagram, tras reconocer a este medio que era “solo una vecina” y que “no tenía un papel para demostrarlo”. Aseguró, también, que era amenazada por allegados de “la madre de la nena”.

En la casa de J.A.C. en El Jagüel hay un patrullero. El hombre no está. Su familia asegura que se fue a otra provincia.

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Reo de alta peligrosidad sale de cárcel Los Jocotes con un guardia para ir a concierto en Feria de Chiquimula

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Byron Efraín Ruiz Roque, privado de libertad catalogado de alta peligrosidad y señalado por actividades de sicariato vinculado a la banda “Los Famosos Cheguen’s Chiquimultecos”, salió del Centro de Detención Preventiva Los Jocotes, en Zacapa, el 13 de agosto de 2026. Fue captado en el Estadio Las Victorias de Chiquimula disfrutando del concierto de la banda mexicana Los Dos de Tamaulipas durante la Feria departamental, junto a un guardia penitenciario identificado extraoficialmente como Pablo (o Pablo Azurdia). También habría asistido a un desfile hípico. Fotos y videos del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales.

El Sistema Penitenciario confirmó el incidente el 17 de agosto mediante un comunicado oficial. Presentó denuncias penales ante el Ministerio Público contra guardias y autoridades del centro por posible participación o complicidad, inició acciones administrativas y reiteró su política de “cero tolerancia” a la corrupción. Como medida inmediata, trasladó a Ruiz Roque al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, en la capital, donde permanece aislado mientras avanza la investigación.

Este caso expone graves fallas de control en el sistema carcelario guatemalteco. Fuentes periodísticas y redes lo describen como un privilegio indebido a un reo peligroso, lo que generó fuertes críticas sobre la seguridad en los centros de detención. El 19 de agosto, en respuesta al escándalo, el SP, la PNC y el Ejército realizaron una requisa masiva en Los Jocotes: decomisaron drogas, objetos punzocortantes, teléfonos, cajetillas y otros ítems ilícitos, y trasladaron al menos 11 privados de libertad a otros centros para desarticular una estructura criminal interna.

El Ministerio Público continúa las diligencias para determinar exactamente cómo se facilitó la salida y quiénes son los responsables. El caso se suma a una serie de irregularidades reportadas en las cárceles del país y mantiene abierta la discusión sobre la necesidad de reformas urgentes en el Sistema Penitenciario.

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FOTOS – VIDEOS | Desmantelan cámaras instaladas por las maras para controlar los movimientos policiales en Guatemala

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El control territorial de las maras o pandillas ha escalado a niveles impensados en Guatemala, donde fueron instaladas cámaras en postes de la vía pública para vigilar los movimientos de las fuerzas policiales.

Este miércoles fueron localizadas cámaras de vigilancia en la vía pública de la aldea Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala.

Las autoridades guatemaltecas desmantelaron los dispositivos, que también eran utilizados para monitorear los movimientos de los residentes de la zona.

Los operativos de las fuerzas de seguridad y militares se desarrollan después de que en el sector fueran capturados cuatro terroristas señalados de estar vinculados con un crimen ocurrido en la ruta a San Raymundo.

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Asesinan a testigo protegido por caso de trata de personas en Roatán

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Este lunes se conoció el asesinato a balazos del abogado y exfuncionario judicial hondureño Dereck McField, ocurrido durante horas de la mañana.

El hecho de violencia se registró en plena vía pública, cuando el jurista regresaba de dejar a su hijo pequeño en la escuela, según reportó el medio hondureño HCH.

La noticia generó gran revuelo luego de que, horas más tarde, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, confirmara que McField era testigo protegido en el caso de Angie Peña, una joven universitaria que desapareció el 1 de enero de 2022 en una isla, mientras paseaba en un jet ski. Se presume que la joven fue vendida a una red de trata de personas con fines de explotación sexual.

Días después de su desaparición, la moto, el chaleco salvavidas y otras pertenencias de Peña fueron encontrados en un cayo de Belice.

Por este caso, cuatro hombres, tres estadounidenses y un hondureño, han sido imputados y permanecen en prisión preventiva mientras el proceso se desarrolla en un juzgado.

Angie Peña lleva seis años desaparecida. Foto: Cortesía

Al inicio del proceso judicial, en 2024, las autoridades confirmaron que «Harold Green le vendió a Angie Peña a William James Murdock por una cantidad de dólares». Además, señalaron que existen «muchas pruebas (de la transacción), vaciados (transcripciones) telefónicos, videos, fotografías, testimonios», según declaró a la AFP el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.

Desde entonces, se han realizado allanamientos para localizar a Peña, pero «no se ha encontrado» y las autoridades «esperan que esté viva».

Los tres ciudadanos estadounidenses vinculados al caso viven en Honduras y tienen inversiones turísticas en Roatán.

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