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La historia detrás del hombre que admitió violar a su hija en audios de WhatsApp y fue tendencia en redes
“Desahogo sexual” y “Lo quiero muerto” fueron dos de las tendencias que más se destacaron durante todo el día en Twitter. Y las dos se referían a un mismo hecho: el caso de J.A.C, un hombre de 30 años oriundo de El Jagüel, partido de Esteban Echeverría, acusado de abusar de su hija de seis y que, tras ser detenido, fue supuestamente liberado por la justicia tras una resolución vergonzosa que atribuía, precisamente, un “desahogo sexual”.
No solo eso: se viralizaron audios atribuidos al hombre en donde cuenta cómo supuestamente violó a la menor. Los audios son escabrosos, grotescos. “Le dije bueno ‘hija, vení, que acá está el chupetín’”, dice en un mensaje: “Estaba re caliente”.
La viralización fue fuerte. “Desahogo sexual” superaba los 74 mil tuits poco antes de las 14:30. Para entender la escala, un solo tuitero logró que el contenido fuese compartido casi 20 mil veces: el tuit con el que Alberto Fernández anunció la producción de la vacuna del coronavirus en Argentina fue compartido en 4400 ocasiones.
El caso existe, es investigado hoy por la UFI N°3 de Esteban Echeverría, especializada en delitos sexuales y violencia de género, que comenzó una investigación penal preparatoria, según aseguran fuentes judiciales en Lomas de Zamora. Pero J.A.C. nunca fue liberado por ningún juez por motivos de “desahogo sexual”, un término que se usa en la literatura jurídica y que no implica un beneficio para un acusado. Para empezar, nunca fue detenido. Pero algo ciertamente pasa.
Infobae consultó con fuentes policiales y con la propia familia de la menor para desentrañar la verdad detrás de la historia viral del día. Todo comenzó con la publicación de una joven en Instagram. Allí, la usuaria, una vecina de J.A.C. en Lanús, de 19 años, dio a conocer la serie de escabrosas grabaciones en las que el presunto abusador daba detalles de lo que le hizo a su hija mientras miraban una película. Las reacciones no se hicieron esperar.
La usuaria que dio a conocer el caso también publicó la foto del hombre, el lugar donde vive y contó que, tras estar detenido, la Justicia lo liberó porque supuestamente consideró que el abuso había sido un “desahogo sexual”, justamente uno de los trending topics de la mañana. En Instagram, su posteo había llegado a más de 148 mil likes poco antes del mediodía.
A esta altura el caso se hizo imparable y trascendió al resto de las redes sociales. Tanto fue así que miles de usuarios impulsaron la otra tendencia: “Lo quiero muerto”. Con este mensaje expresaron indignación por lo que habría hecho J.A.C., la decisión liberarlo tan rápidamente y, además, su deseo de hacer justicia por mano propia.
Pero en esta historia no todo es como parece. De acuerdo con las fuentes oficiales consultadas por Infobae, el jueves pasado efectivos de la Comisaría de la Mujer y Familia de Esteban Echeverría se dirigieron hasta el domicilio de J.A.C. en El Jagüel por un supuesto “conflicto entre vecinos” originado por la viralización de los audios en los que el hombre de 30 años confesó el abuso. Apostados frente a la casa del acusado, los habitantes del barrio dijeron haber identificado su voz en las grabaciones.
La policía trasladó a J.A.C. a la comisaría y desde allí se puso en contacto con la ex pareja del sospechoso y mamá de la pequeña abusada. La mujer, con domicilio en la localidad bonaerense de San Fernando, les dio su versión de los hechos. Reconoció que estaba al tanto de los audios, que la última vez que había mantenido contacto con él fue en San Fernando hace dos meses y aseguró que “nunca sospechó de algún tipo de abuso hacia su hija”. Además, afirmó que la voz del audio corresponde a la del papá de la nena.
Tras mantener la conversación con la mamá de la nena, los efectivos mantuvieron comunicación con la UFI N° 3 de Esteban Echeverría, quien dispuso no tomar ninguna medida ya que los hechos habrían ocurrido en San Fernando. Pero en la zona norte, una fiscalía dijo que no consideraba que el supuesto abuso haya ocurrido en su jurisdicción y rebotó el expediente. Así, volvió a Lomas de Zamora, que comienza ahora con sus primeras medidas. El reconocimiento médico-legal dio resultados negativos. No hay, en una primera inspección, signos de abuso.
Los vecinos reaccionaron de la peor manera: un grupo de habitantes de El Jagüel intimidó a los familiares del imputado y quisieron romper e incendiar su domicilio.
Fuentes judiciales con acceso a la investigación revelaron por su parte, que los audios pudieron ser conocidos en un primer momento porque J.A.C. había vendido su celular y olvidó borrar las grabaciones.
“La única prueba en su contra por el momento es el audio, aunque faltan más medidas de prueba como la declaración testimonial de la madre, la entrevista con la menor y peritar las grabaciones para saber si efectivamente es la voz del sospechoso. La investigación recién empieza”, señalaron.
Infobae también contactó a la mamá de la nena, quien prefirió no hacer ningún tipo de declaración sobre la investigación ni sobre su ex. “Mi familia está muy mal. Estamos muy devastados. Todo esto es muy doloroso. Mi mamá ni siquiera se puede levantar. Pido respeto por mi hija, que no difundan esos audios que no llegué ni siquiera a escuchar. Cuando esto se resuelva, voy a hablar”, aseguró. Por expreso pedido de la familia, Infobae no publica los audios viralizados que se atribuyen a J.A.C
La joven de Lanús que expuso el caso borró sus posteos originales en Instagram, tras reconocer a este medio que era “solo una vecina” y que “no tenía un papel para demostrarlo”. Aseguró, también, que era amenazada por allegados de “la madre de la nena”.
En la casa de J.A.C. en El Jagüel hay un patrullero. El hombre no está. Su familia asegura que se fue a otra provincia.
La justicia estadounidense condenó este miércoles a cadena perpetua al hombre acusado de intentar asesinar a Donald Trump en su campo de golf en Florida en 2024, dos meses antes de las elecciones presidenciales ganadas por el republicano.
En septiembre, un jurado lo había declarado culpable de cinco cargos, entre ellos el de intento de asesinato de un candidato presidencial. Al oír el veredicto, el acusado intentó entonces apuñalarse con un bolígrafo, pero unos guardias se lo impidieron.
La jueza Aileen Cannon siguió este miércoles la petición de la fiscalía y le aplicó a Routh el mayor castigo posible «para proteger a la gente de futuros delitos cometidos por él».
Routh también fue declarado culpable de posesión ilegal de un arma debido a sus antecedentes penales, posesión de un arma con el número de serie borrado, posesión de un arma de fuego con el fin de cometer un delito violento y agresión a un agente federal.
El 15 de septiembre de 2024, un agente del Servicio Secreto estadounidense -encargado de proteger a las altas figuras políticas del país- vio el cañón de un rifle asomando entre arbustos del campo de golf de West Palm Beach, donde Trump estaba jugando una partida.
El agente abrió fuego y Routh, que huyó en un vehículo, fue detenido poco después por la policía.
La policía encontró un rifle semiautomático cargado, equipado con una mira telescópica y un cargador con munición adicional en el lugar de los hechos.
«Un cascarón vacío»
Tras permanecer en silencio, con el ceño fruncido y sin mostrar ninguna emoción aparente durante la audiencia, Routh tomó la palabra. Se colocó unas gruesas gafas negras y comenzó a leer un discurso de 20 páginas que traía preparado.
«Mi sentencia es totalmente insignificante. Ante ustedes no hay nada; no soy más que un cascarón vacío», declaró, antes de definirse como una buena persona, trabajadora y entregada a su país.
La jueza Cannon lo interrumpió varias veces y le pidió que acortara un discurso que consideró irrelevante para el caso. Routh llegó a decir, por ejemplo, que cambiaría su vida por la de palestinos víctimas del conflicto con Israel.
El condenado volvió a mostrar su fijación por la invasión rusa de Ucrania, adonde había viajado para unirse a voluntarios extranjeros, y lamentó la pasividad del mundo ante esa guerra.
Frente a él, el fiscal John Shipley trató de desmontar la imagen de buen ciudadano defendida por Routh y su abogado, Martin Roth.
«Intentó llevar a cabo una matanza a sangre fría», con el «objetivo de subvertir la democracia estadounidense» matando al entonces candidato republicano y actual presidente, Donald Trump, dijo Shipley.
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Un documental de Netflix repasa el caso de Lucy Letby, enfermera británica condenada por matar a bebés
«La investigación sobre Lucy Letby» suscitó la indignación de los padres de la enfermera de 36 años, que además de los 7 homicidios fue acusada de otros siete intentos, todos entre 2015 y 2016.
En un comunicado publicado el sábado en el sitio web del Sunday Times, John y Susan Letby calificaron la película como una «violación total de la vida privada», subrayando la constante presión mediática a la que se han visto sometidas estos años.
La queja de los padres de la enfermera se debe a las imágenes inéditas de la detención de su hija en su domicilio, grabadas por un policía.
La película se abre con esa escena, mostrando a la joven en su cama, en pijama, confundida, casi aturdida.
Letby es esposada, en bata, y es trasladada en auto a la comisaría.
«No mires mamá, vuelve (a casa)», le dice la joven a su madre, cuyos sollozos se escuchan.
Este documental de una hora y medios busca ofrecer al público las versiones de ambas partes.
— «¿La persona equivocada?» —
Letby fue condenada en agosto de 2023 a cadena perpetua sin posibilidad de reducción de pena, un castigo poco frecuente, tras ser declarada culpable de haber matado a siete recién nacidos inyectándoles aire por vía intravenosa o utilizando sus sondas nasogástricas para introducir aire o una sobredosis de leche en sus estómagos.
La enfermera también fue declarada culpable de intento de asesinato de otros siete bebés en su unidad de cuidados intensivos del hospital Countess of Chester, en el noroeste de Inglaterra.
Letby siempre ha defendido su inocencia, pero la justicia británica le ha negado en dos ocasiones la posibilidad de apelar.
El caso está siendo examinado actualmente por la Comisión de Revisión de Casos Penales (CCRC), un organismo independiente que se ocupa de posibles errores judiciales.
Por otra parte, las causas de la muerte de seis bebés serán examinadas a partir del 5 de mayo por un forense, cuyas conclusiones pueden ser transmitidas a la fiscalía.
En el séptimo caso, la investigación no permitió determinar si la muerte del bebé fue natural o no.
El documental también incluye imágenes inéditas extraídas de los vídeos de los interrogatorios de Lucy Letby, así como el testimonio de la madre de una de las víctimas.
El reportaje destaca elementos inquietantes, como cuando Lucy Letby responde «sin comentarios» a las preguntas de los policías, o muestra extractos de su diario íntimo en los que las fechas que coinciden con la muerte de los bebés están marcadas con un asterisco.
Por el contrario, la película incluye el testimonio del médico canadiense Shoo Lee, quien cuestionó los peritajes presentados en el juicio y afirma estar convencido de la inocencia de Lucy Letby.
El documental concluye con el testimonio del doctor John Gibbs, expediatra del hospital donde trabajó la joven.
«Vivo con dos culpas. Una es haber fallado a los bebés. La otra es ¿hemos detenido a la persona equivocada?. No creo que haya habido un error judicial, pero nos preocupa que nadie la haya visto cometer esos actos», declaró Gibbs.
Entrevistado el miércoles en la radio LBC News, el ministro británico de Salud, Wes Streeting, afirmó «seguir confiando en las decisiones de los tribunales», salvo que sean invalidadas por la propia justicia.
Tal como anunció días previos al inicio de su mandato al frente del Ejecutivo, Nasry Asfura, envío la propuesta de ley al Órgano Legislativo, para implementar una reforma en el sistema de salud hondureño, el cual padece de una deuda en cirugías en el sistema público de aproximadamente de 13,000 a 15,000 pacientes en espera, según medios hondureños.
La legislación, denominada «Ley de Medidas Excepcionales Para la Atención Prioritaria en Materia de Salud de la Población» entró el pasado lunes a debate por los diputados, en su mayoría del oficialista Partido Nacional. La misma noche fue aprobada (sin especificar en el pleno con cuantos votos a favor) por el Legislativo.
La «ley tiene como objetivo primordial poner fin a la mora quirúrgica, garantizar que cada hospital esté abastecido y que cada hondureño tenga un trato digno y justo en el sistema de salud pública», afirmó el Congreso Nacional de Honduras en su cuenta de X.
Por su parte, el jefe de bancada del opositor Partido Liberal, Jorge Cálix, enfatizó que como instituto político «reconocemos que existe una emergencia en el sistema de salud. Hay personas que se han muerto engusanados, literalmente engusanados, esperando ser atendidos en los hospitales públicos de Honduras. Esa es una realidad que no vamos a desconocer».
El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, aseguró que tras la discusión con todas las bancadas se recogieron observaciones para dicha ley.
El artículo 1 de la referida ley decreta «estado de emergencia en el sector salud a nivel nacional, ante la precariedad de atención integral de la salud de la población en general»; la misma tendrá una vigencia de un año, la cual podrá prorrogarse por el Órgano Legislativo a petición del Ejecutivo, especifica la misma.
Para poder saldar la deuda en el retraso de las cirugías de los hondureños, el recién aprobado decreto establece en su artículo 3 que se pueden suscribir convenios o contratos con instituciones tanto públicas, como privadas, así como ONG, cooperantes nacionales o extranjeros. El Gobierno ha dicho que esto no significa que se esté privatizando el sistema de salud.
Así también, la nueva ley detalla en su artículo 3 que es posible la contratación directa o vía procedimiento especial —especificado en el artículo 4 de dicha legislación— de bienes, servicios, suministros, alquiler de bienes y adquisición de consultorías necesarias para «afrontar la crisis en el sistema de salud pública».
Otro aspecto que se busca subsanar en el sistema de salud público es el abastecimiento de medicamentos, mediante «un proceso directo y simplificado en base a la necesidad»; también se ampliarán las jornadas laborales, sin interferir los horarios ya establecidos; se contratará personal asistencial y administrativo «de preferencia especializado» que sea requerido.
La «Ley de Medidas Excepcionales Para la Atención Prioritaria en Materia de Salud de la Población» aún no ha sido sancionada por el presidente Nasry Asfura, por lo que queda pendiente su publicación en el diario «La Gaceta» (Diario Oficial) para que la misma entre en vigencia.
