Internacionales
La historia detrás del hombre que admitió violar a su hija en audios de WhatsApp y fue tendencia en redes
“Desahogo sexual” y “Lo quiero muerto” fueron dos de las tendencias que más se destacaron durante todo el día en Twitter. Y las dos se referían a un mismo hecho: el caso de J.A.C, un hombre de 30 años oriundo de El Jagüel, partido de Esteban Echeverría, acusado de abusar de su hija de seis y que, tras ser detenido, fue supuestamente liberado por la justicia tras una resolución vergonzosa que atribuía, precisamente, un “desahogo sexual”.
No solo eso: se viralizaron audios atribuidos al hombre en donde cuenta cómo supuestamente violó a la menor. Los audios son escabrosos, grotescos. “Le dije bueno ‘hija, vení, que acá está el chupetín’”, dice en un mensaje: “Estaba re caliente”.
La viralización fue fuerte. “Desahogo sexual” superaba los 74 mil tuits poco antes de las 14:30. Para entender la escala, un solo tuitero logró que el contenido fuese compartido casi 20 mil veces: el tuit con el que Alberto Fernández anunció la producción de la vacuna del coronavirus en Argentina fue compartido en 4400 ocasiones.
El caso existe, es investigado hoy por la UFI N°3 de Esteban Echeverría, especializada en delitos sexuales y violencia de género, que comenzó una investigación penal preparatoria, según aseguran fuentes judiciales en Lomas de Zamora. Pero J.A.C. nunca fue liberado por ningún juez por motivos de “desahogo sexual”, un término que se usa en la literatura jurídica y que no implica un beneficio para un acusado. Para empezar, nunca fue detenido. Pero algo ciertamente pasa.
Infobae consultó con fuentes policiales y con la propia familia de la menor para desentrañar la verdad detrás de la historia viral del día. Todo comenzó con la publicación de una joven en Instagram. Allí, la usuaria, una vecina de J.A.C. en Lanús, de 19 años, dio a conocer la serie de escabrosas grabaciones en las que el presunto abusador daba detalles de lo que le hizo a su hija mientras miraban una película. Las reacciones no se hicieron esperar.
La usuaria que dio a conocer el caso también publicó la foto del hombre, el lugar donde vive y contó que, tras estar detenido, la Justicia lo liberó porque supuestamente consideró que el abuso había sido un “desahogo sexual”, justamente uno de los trending topics de la mañana. En Instagram, su posteo había llegado a más de 148 mil likes poco antes del mediodía.
A esta altura el caso se hizo imparable y trascendió al resto de las redes sociales. Tanto fue así que miles de usuarios impulsaron la otra tendencia: “Lo quiero muerto”. Con este mensaje expresaron indignación por lo que habría hecho J.A.C., la decisión liberarlo tan rápidamente y, además, su deseo de hacer justicia por mano propia.
Pero en esta historia no todo es como parece. De acuerdo con las fuentes oficiales consultadas por Infobae, el jueves pasado efectivos de la Comisaría de la Mujer y Familia de Esteban Echeverría se dirigieron hasta el domicilio de J.A.C. en El Jagüel por un supuesto “conflicto entre vecinos” originado por la viralización de los audios en los que el hombre de 30 años confesó el abuso. Apostados frente a la casa del acusado, los habitantes del barrio dijeron haber identificado su voz en las grabaciones.
La policía trasladó a J.A.C. a la comisaría y desde allí se puso en contacto con la ex pareja del sospechoso y mamá de la pequeña abusada. La mujer, con domicilio en la localidad bonaerense de San Fernando, les dio su versión de los hechos. Reconoció que estaba al tanto de los audios, que la última vez que había mantenido contacto con él fue en San Fernando hace dos meses y aseguró que “nunca sospechó de algún tipo de abuso hacia su hija”. Además, afirmó que la voz del audio corresponde a la del papá de la nena.
Tras mantener la conversación con la mamá de la nena, los efectivos mantuvieron comunicación con la UFI N° 3 de Esteban Echeverría, quien dispuso no tomar ninguna medida ya que los hechos habrían ocurrido en San Fernando. Pero en la zona norte, una fiscalía dijo que no consideraba que el supuesto abuso haya ocurrido en su jurisdicción y rebotó el expediente. Así, volvió a Lomas de Zamora, que comienza ahora con sus primeras medidas. El reconocimiento médico-legal dio resultados negativos. No hay, en una primera inspección, signos de abuso.
Los vecinos reaccionaron de la peor manera: un grupo de habitantes de El Jagüel intimidó a los familiares del imputado y quisieron romper e incendiar su domicilio.
Fuentes judiciales con acceso a la investigación revelaron por su parte, que los audios pudieron ser conocidos en un primer momento porque J.A.C. había vendido su celular y olvidó borrar las grabaciones.
“La única prueba en su contra por el momento es el audio, aunque faltan más medidas de prueba como la declaración testimonial de la madre, la entrevista con la menor y peritar las grabaciones para saber si efectivamente es la voz del sospechoso. La investigación recién empieza”, señalaron.
Infobae también contactó a la mamá de la nena, quien prefirió no hacer ningún tipo de declaración sobre la investigación ni sobre su ex. “Mi familia está muy mal. Estamos muy devastados. Todo esto es muy doloroso. Mi mamá ni siquiera se puede levantar. Pido respeto por mi hija, que no difundan esos audios que no llegué ni siquiera a escuchar. Cuando esto se resuelva, voy a hablar”, aseguró. Por expreso pedido de la familia, Infobae no publica los audios viralizados que se atribuyen a J.A.C
La joven de Lanús que expuso el caso borró sus posteos originales en Instagram, tras reconocer a este medio que era “solo una vecina” y que “no tenía un papel para demostrarlo”. Aseguró, también, que era amenazada por allegados de “la madre de la nena”.
En la casa de J.A.C. en El Jagüel hay un patrullero. El hombre no está. Su familia asegura que se fue a otra provincia.
Internacionales
Gobierno de El Salvador despliega atención integral y entrega ayuda humanitaria a familias afectadas en Cali
Esta tarde, la misión humanitaria enviada por el presidente Nayib Bukele avanzó en la preparación y armado de paquetes de primera necesidad en el centro logístico del albergue Unidad Deportiva Panamericana, en Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia, para asistir a la población afectada por el terremoto de magnitud 7.4.
Como parte de la agenda operativa en el terreno, la delegación salvadoreña se movilizó hacia el Refugio Coliseo de Hockey —ubicado dentro del mismo complejo— para ejecutar una jornada de asistencia integral a decenas de damnificados, entre ellos adultos y menores de edad. La intervención combinó apoyo sanitario, entrega de insumos esenciales y acompañamiento psicosocial.
Durante la actividad, el personal salvadoreño acondicionó un espacio recreativo adaptado para la niñez, donde se desarrollaron dinámicas grupales, juegos de integración, piñatas y la distribución de refrigerios, ofreciendo un entorno seguro de convivencia y contención emocional para los niños.
Posteriormente, el contingente realizó la entrega directa de los suministros, distribuyendo paquetes de alimentos no perecederos, medicamentos esenciales y enseres domésticos, incluidos mosquiteros y extensiones eléctricas para mejorar las condiciones del refugio.
Para el desarrollo de esta jornada, un contingente multidisciplinario de cerca de una treintena de especialistas salvadoreños operó con el respaldo de unidades de transporte pesado y de pasajeros, garantizando el traslado de los insumos y el despliegue efectivo del personal en el área de emergencia.
El plazo de 72 horas considerado decisivo para encontrar sobrevivientes tras el mortífero terremoto que sacudió Colombia llega a su fin este jueves, mientras cerca de 500 personas continúan desaparecidas y podrían encontrarse bajo edificios derrumbados.
El sismo, de magnitud 7,4, ocurrió el lunes y es considerado el más potente registrado en este siglo en Colombia. Hasta el momento, deja 265 muertos y unos 3.500 heridos.
En Cali, Pereira y otras ciudades del oeste del país, los equipos de rescate trabajan sin cesar. A las 07:34 locales (12:34 GMT) se cumplen las primeras 72 horas desde el terremoto, momento a partir del cual disminuyen considerablemente las probabilidades de encontrar sobrevivientes.
Valeria Cardona, una estudiante de 26 años, busca a dos de sus primos en Cali. «Tenemos sospechas de su localización, pero no hay pruebas de vida», explicó. «La esperanza es lo último que se pierde, pero estamos angustiados de una noticia que no queremos», añadió.
A Cali llegó un grupo de los Topos, los reconocidos rescatistas mexicanos que se encontraban en la vecina Venezuela, donde un doble sismo causó más de 6.000 fallecidos el 24 de junio.
«Todos venimos de Venezuela, de La Guaira. Ahora estos 41 días que estuvimos trabajando ahí nos hicieron más fuertes, porque superamos el hambre, el dolor, la desvelada», dijo Héctor Méndez, de 80 años y presidente de Topos Aztecas.
«No se sientan víctimas. Esto no es un horario de oficina ni de taller. Esta es la vida real, donde sale la mejor parte del espíritu. Son cosas de la naturaleza que pasan», agregó.
Atención a damnificados
El terremoto tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en el Chocó, una de las regiones más pobres de Colombia.
Quibdó, la capital del departamento, fue la zona más afectada, con un saldo de 14 fallecidos. Sin embargo, la fase de búsqueda y rescate ya concluyó allí, informó la gobernadora Nubia Córdoba, quien anunció que ahora se concentrarán «en la fase de respuesta enfocada en la atención a los damnificados».
«Ya no buscamos a nadie bajo los escombros por la misericordia de Dios. Esta familia a la que buscábamos se encuentra con nosotros y ya está recibiendo la atención requerida», declaró la gobernadora.
El presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió tres días antes del sismo, decretó la «emergencia económica», una medida que le permite crear impuestos y modificar el presupuesto sin pasar por el Congreso, pese a su consigna de no crear más tributos.
También anunció la creación de un fondo con ayudas internacionales para atender a las víctimas del sismo.
«Esta crisis (…) nos agarra en un momento difícil, en medio de una crisis fiscal», declaró De la Espriella.
Según cifras oficiales, más de 11.000 viviendas han quedado destruidas y miles de familias se encuentran sin hogar.
Tres estados de Estados Unidos tienen previsto ejecutar a presos este jueves, en un contexto de incremento del uso de la pena capital durante la presidencia de Donald Trump.
La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados del país, mientras que otros tres —California, Oregón y Pensilvania— mantienen moratorias vigentes.
Según la organización Death Penalty Information Center, la última vez que se programaron tres ejecuciones para el mismo día fue en 2010.
Trump ha buscado ampliar el uso de la pena de muerte «para los crímenes más viles», mientras que el Departamento de Justicia propuso en abril ampliar los métodos de ejecución para incluir pelotones de fusilamiento, gas y electrocución.
En Tennessee está prevista la ejecución de Anthony Darrell Dugard Hines, de 66 años, sentenciado por asesinar a una mujer en 1985, según medios locales.
En Oklahoma será ejecutado Carlos Cuesta-Rodríguez, de 70 años, condenado por un asesinato cometido en 2003.
Por su parte, Alabama tiene previsto ejecutar a Jeremy Williams, de 42 años, sentenciado por violar y matar a una niña de cinco años.
Durante 2025 se realizaron 47 ejecuciones en Estados Unidos, la cifra más alta desde 2009, cuando fueron ejecutadas 52 personas.
Florida registró el mayor número de ejecuciones en 2025, con 19, seguida por Alabama, Carolina del Sur y Texas, con cinco cada uno.
De las ejecuciones realizadas el año pasado, 39 fueron mediante inyección letal. Otras tres se llevaron a cabo por pelotón de fusilamiento y cinco mediante hipoxia de nitrógeno, un método que consiste en bombear gas nitrógeno a una máscara facial y provoca la asfixia del preso.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció el uso del gas nitrógeno como un método cruel e inhumano de castigo capital.
