Internacionales
Hijo mayor del presidente de Colombia irá a juicio por lavado de activos
El hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue llamado a juicio este jueves por un fiscal que lo acusa de lavado de activos por la posible entrada de dineros del narcotráfico a la campaña de su padre.
«Se llama a juicio al señor Nicolás Fernando Petro Burgos», afirmó el fiscal Mario Burgos durante una audiencia de acusación ante un juez de la ciudad de Barranquilla (norte), donde reside el exasambleísta.
Los cargos presentados por la fiscalía surgen del testimonio de la exesposa de Nicolás Petro, Daysuris Vásquez, quien tras una infidelidad lo señaló de recibir grandes sumas de dinero en efectivo de Samuel Santander Lopesierra, condenado por narcotráfico en Estados Unidos.
Burgos imputó al hijo del presidente, capturado en julio pasado, por presuntamente «adquirir, invertir, ocultar, encubrir y dar apariencia de legalidad» a dineros obtenidos de forma irregular, además de «incrementar en forma injustificada» su «patrimonio económico».
Según la Fiscalía, Samuel Santander Lopesierra dio a Nicolás Petro unos 400 millones de pesos (unos 102.000 dólares), al igual que Alfonso «el turco» Hilsaca, un negociante acusado en el pasado por el ente investigador de financiar grupos paramilitares y planear homicidios.
Una parte del dinero habría ingresado a la campaña presidencial de 2022 y el resto fue utilizado por Nicolás Petro para darse una vida de lujos, de acuerdo a la acusación. El presidente niega haber usado ese dinero para llegar al poder.
«Hechos claros y precisos»
Los votos de la región Caribe -donde Nicolás Petro ha hecho su carrera política- fueron decisivos para la victoria de Gustavo Petro, que se convirtió en agosto de 2022 en el primer presidente izquierdista de Colombia.
En la audiencia de este jueves, la defensa de Nicolás Petro solicitó anular todo el proceso en su contra, argumentando falta de claridad de la fiscalía al exponer los hechos por los que lo acusa.
«Los hechos de imputación fueron claros y precisos y no se afectó ninguna garantía», expresó el juez del caso, Hugo Carbonó, al rechazar la solicitud del abogado defensor.
Nicolás Petro fue capturado en julio de 2023 mientras se encontraba en su domicilio junto a su nueva pareja en un mediático operativo.
Inicialmente el hijo del presidente se dijo abierto a colaborar con el ente investigador, pero luego cambió de abogado y decidió rechazar los cargos. Ahora se defenderá en un juicio.
En libertad condicional desde principios de agosto, Nicolás ha negado que su padre tuviera conocimiento sobre el ingreso de estos dineros a la campaña.
Jueces y congresistas
El presidente no niega las acusaciones contra su hijo y marcó distancia frente a Nicolás al asegurar que nunca sería cómplice de esos crímenes.
Según la fiscalía, en 2022 Nicolás Petro compró con dinero en efectivo varios bienes de lujo, entre ellos un vehículo marca Mercedes-Benz de unos 50.000 dólares; gastos que excedían el salario que devengaba como diputado en ese entonces.
En un mapa de involucrados presentado por el ente investigador no aparece Gustavo Petro, pero sí su esposa y madrastra de Nicolás, Verónica Alcocer. El presidente no se ha pronunciado tras la decisión de este jueves.
Por estos mismos hechos Gustavo Petro es investigado por el Congreso, donde no tiene mayorías. Eventualemente el Legislativo podría llevarlo a un juicio político y destituirlo, aunque el proceso hasta ahora se encuentra en fase preliminar.
Cuatro astronautas despegarán para volver a dotar de personal la Estación Espacial Internacional (EEI) la próxima semana, informó la NASA el viernes, tras la evacuación médica de emergencia de la tripulación anterior.
La NASA anunció que la nueva misión, llamada Crew-12, despegará en el cohete Falcon 9 de SpaceX a primera hora del miércoles, con el lanzamiento «previsto para no antes de las 6H01 a.m.» hora local (11H01 GMT).
La confirmación aporta una pizca de certeza a la Crew-12, que había afrontado problemas de último minuto con el cohete y cambios de personal.
A principios de esta semana, SpaceX había dejado en tierra sus cohetes Falcon 9 mientras investigaba lo que la Administración Federal de Aviación (FAA) describió como una «falla de encendido del motor de la segunda etapa».
«El vehículo Falcon 9 está autorizado para volver a volar», dijo el viernes a la AFP un portavoz de la FAA.
La pausa temporal por parte de SpaceX generó preocupaciones de que el vuelo de la Crew-12 pudiera haberse retrasado.
La misión reemplazará a la Crew-11, que regresó a la Tierra en enero, un mes antes de lo previsto, durante la primera evacuación médica en la historia de la estación espacial.
Militares y agentes federales capturaron en el estado mexicano de Querétaro (centro) a 30 integrantes de una célula criminal ligada al poderoso cártel de Sinaloa, informó este viernes la secretaría de Seguridad Federal.
Los detenidos son 21 hombres y nueve mujeres señaladas de ser presuntos vendedores de drogas y extorsionadores de la banda criminal conocida como Los Salazar. Entre los capturados está uno de sus jefes, Diego «N», alias ‘El Flaco’ (por ley se reservan los apellidos).
Este grupo criminal es «afín al cártel de Sinaloa» y las capturas fueron resultado de cuatro meses de investigación, escribió en la red social X el secretario de seguridad mexicano Omar García Harfuch.
Un comunicado de la dependencia detalló que las capturas se realizaron en doce operativos en la ciudad de Querétaro, capital del estado del mismo nombre.
«Se aseguraron armas de fuego, cartuchos útiles, dosis de droga, dinero en efectivo, vehículos, equipos de telefonía y dispositivos de almacenamiento de información», añadió el comunicado.
Estas detenciones se conocen luego de que el pasado jueves la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo en Querétaro para participar con autoridades locales en un evento público.
El gobierno mexicano ha multiplicado sus operativos contra el narcotráfico en medio de reclamos y amenazas de imponer aranceles del presidente estadounidense Donald Trump.
Tras dos semanas de protestas indígenas, el gobierno de Brasil anunció este viernes la suspensión del dragado del río Tapajós, en la Amazonía, donde pueblos nativos rechazan la explotación fluvial para la exportación de granos.
Cientos de indígenas acamparon durante días frente a la terminal portuaria del gigante agroindustrial estadounidense Cargill, en el norte brasileño, para llamar la atención del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
«Frente a la movilización de pueblos indígenas y (…) como gesto de negociación», el gobierno suspendió el proceso de contratación de una empresa para las obras de dragado anual del Tapajós, en el estado de Pará, según una nota oficial.
Pueblos amazónicos alertan sobre la expansión portuaria en ríos que consideran vitales para su modo de vida, una queja que ya expresaron en la conferencia climática COP30 de la ONU en noviembre.
Piden la derogación de un decreto firmado por el izquierdista Lula en agosto pasado, que designa los principales ríos de la Amazonía como prioritarios para la navegación de carga y la expansión de puertos privados.
También reclamaban la cancelación de la licitación para dragar el Tapajós, un importante afluente del Amazonas.
Además de suspender ese proceso, el gobierno prometió este viernes una «consulta libre, previa e informada» a las comunidades locales antes de avanzar en obras.
«El gobierno está abriendo nuestros territorios a muchos proyectos (…) para impulsar el agronegocio», dijo esta semana a la AFP la líder indígena Auricelia Arapiuns, por video desde la protesta en la ciudad portuaria amazónica de Santarém.
Los manifestantes llegaron a impedir que los camiones «entren y salgan de la terminal», dijo Cargill en un comunicado enviado a la AFP.
La multinacional estadounidense cuenta con operaciones de logística agrícola en todo Brasil.
Los manifestantes bloquearon la carretera que conduce al aeropuerto internacional de Santarém, punto frecuentado por turistas.
«La infraestructura (para los ríos) que llega no es un espacio para nosotros, y nunca lo será», afirmó esta semana la líder indígena Alessandra Korap, del pueblo mundurukú.
Brasil es el mayor exportador mundial de soja y maíz y, en los últimos años, ha optado por puertos fluviales del norte para abaratar la exportación de granos.
La fiscalía general había señalado el martes «serios riesgos ambientales» para el río Tapajós.
