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Hijo mayor del presidente de Colombia irá a juicio por lavado de activos
El hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue llamado a juicio este jueves por un fiscal que lo acusa de lavado de activos por la posible entrada de dineros del narcotráfico a la campaña de su padre.
«Se llama a juicio al señor Nicolás Fernando Petro Burgos», afirmó el fiscal Mario Burgos durante una audiencia de acusación ante un juez de la ciudad de Barranquilla (norte), donde reside el exasambleísta.
Los cargos presentados por la fiscalía surgen del testimonio de la exesposa de Nicolás Petro, Daysuris Vásquez, quien tras una infidelidad lo señaló de recibir grandes sumas de dinero en efectivo de Samuel Santander Lopesierra, condenado por narcotráfico en Estados Unidos.
Burgos imputó al hijo del presidente, capturado en julio pasado, por presuntamente «adquirir, invertir, ocultar, encubrir y dar apariencia de legalidad» a dineros obtenidos de forma irregular, además de «incrementar en forma injustificada» su «patrimonio económico».
Según la Fiscalía, Samuel Santander Lopesierra dio a Nicolás Petro unos 400 millones de pesos (unos 102.000 dólares), al igual que Alfonso «el turco» Hilsaca, un negociante acusado en el pasado por el ente investigador de financiar grupos paramilitares y planear homicidios.
Una parte del dinero habría ingresado a la campaña presidencial de 2022 y el resto fue utilizado por Nicolás Petro para darse una vida de lujos, de acuerdo a la acusación. El presidente niega haber usado ese dinero para llegar al poder.
«Hechos claros y precisos»
Los votos de la región Caribe -donde Nicolás Petro ha hecho su carrera política- fueron decisivos para la victoria de Gustavo Petro, que se convirtió en agosto de 2022 en el primer presidente izquierdista de Colombia.
En la audiencia de este jueves, la defensa de Nicolás Petro solicitó anular todo el proceso en su contra, argumentando falta de claridad de la fiscalía al exponer los hechos por los que lo acusa.
«Los hechos de imputación fueron claros y precisos y no se afectó ninguna garantía», expresó el juez del caso, Hugo Carbonó, al rechazar la solicitud del abogado defensor.
Nicolás Petro fue capturado en julio de 2023 mientras se encontraba en su domicilio junto a su nueva pareja en un mediático operativo.
Inicialmente el hijo del presidente se dijo abierto a colaborar con el ente investigador, pero luego cambió de abogado y decidió rechazar los cargos. Ahora se defenderá en un juicio.
En libertad condicional desde principios de agosto, Nicolás ha negado que su padre tuviera conocimiento sobre el ingreso de estos dineros a la campaña.
Jueces y congresistas
El presidente no niega las acusaciones contra su hijo y marcó distancia frente a Nicolás al asegurar que nunca sería cómplice de esos crímenes.
Según la fiscalía, en 2022 Nicolás Petro compró con dinero en efectivo varios bienes de lujo, entre ellos un vehículo marca Mercedes-Benz de unos 50.000 dólares; gastos que excedían el salario que devengaba como diputado en ese entonces.
En un mapa de involucrados presentado por el ente investigador no aparece Gustavo Petro, pero sí su esposa y madrastra de Nicolás, Verónica Alcocer. El presidente no se ha pronunciado tras la decisión de este jueves.
Por estos mismos hechos Gustavo Petro es investigado por el Congreso, donde no tiene mayorías. Eventualemente el Legislativo podría llevarlo a un juicio político y destituirlo, aunque el proceso hasta ahora se encuentra en fase preliminar.
Estados Unidos afirmó ayer que Irán suspendió 800 ejecuciones de manifestantes ante la presión ejercida por Donald Trump, después de que los países del Golfo parecieran haberlo disuadido de emprender una acción militar contra Teherán por la letal represión de las marchas.
La República Islámica esta sacudida por protestas que empezaron el 28 de diciembre por el aumento del costo de la vida y se convirtieron en un movimiento contra el régimen teocrático en el poder desde la revolución de 1979.
Las organizaciones de derechos humanos acusan a Irán de llevar a cabo una brutal represión que habría dejado miles de muertos, en un país privado desde hace una semana de acceso a internet.
Según el último balance de la oenegé Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, al menos 3,428 manifestantes han muerto desde el inicio del movimiento. Las autoridades iraníes no han facilitado ningún balance oficial.
El jueves, la vida había vuelto a la normalidad en Teherán, según un periodista de AFP en la capital iraní. Hace varios días que no se han registrado grandes manifestaciones en el país.
Mientras Washington parecía dar marcha atrás en una eventual acción militar, la Casa Blanca afirmó que «todas las opciones siguen sobre la mesa para el presidente».
«El presidente entiende que se suspendieron las 800 ejecuciones que estaban programadas y que se suponía que iban a tener lugar ayer (miércoles)», declaró a la prensa la secretaria de prensa, Karoline Leavitt.
Según ella, Trump había advertido a Teherán de «graves consecuencias” si mataba a más manifestantes.
Por su parte, el Departamento del Tesoro anunció nuevas sanciones contra funcionarios de seguridad iraníes y redes financieras.
Irán ya es objeto de duras sanciones internacionales por su programa nuclear, que contribuyeron a los problemas económicos que desencadenaron las protestas
Trump afirmó el miércoles que había sido informado «por fuentes muy importantes» de que las matanzas han terminado», mientras que sus aliados del Golfo se esforzaron en disuadirlo de una intervención militar.
Según dijo a la AFP un alto cargo saudita, bajo condición de anonimato, Arabia Saudita, Catar y Omán llevaron a cabo «un esfuerzo diplomático de último minuto, largo e intenso, para convencer al presidente Trump de darle una oportunidad a Irán de que muestre buenas intenciones».
Otro funcionario del Golfo confirmó la conversación y añadió que también se había enviado un mensaje a Irán, indicando que atacar las instalaciones estadounidenses en la zona «tendría consecuencias» para las relaciones regionales de Teherán.
El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchi, advirtió por su parte que su país se defenderá «frente a cualquier amenaza extranjera», en una conversación telefónica con su homólogo saudita, el príncipe Faisal bin Farhan.
Un ciudadano canadiense ha muerto «a manos de las autoridades iraníes», informó Ottawa el jueves, en medio de fuertes protestas contra el gobierno de Teherán.
«Acabo de enterarme de que un ciudadano canadiense ha muerto en Irán a manos de las autoridades iraníes», declaró la ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, sin dar más detalles.
Añadió que la respuesta de Teherán a las «protestas pacíficas» ha «llevado al régimen a despreciar flagrantemente la vida humana».
Ayer, Estados Unidos sancionó este jueves a funcionarios de seguridad y de redes bancarias iraníes, acusándolos de orquestar una violenta represión contra protestas pacíficas y de blanquear miles de millones de dólares provenientes de los ingresos petroleros.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció las medidas tras las mayores protestas antigubernamentales en la historia de la república islámica, aunque las manifestaciones parecen haber disminuido en los últimos días ante la represión y un bloqueo de internet que duró casi una semana.
«Estados Unidos apoya firmemente al pueblo iraní en su reclamo de libertad y justicia», declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado, añadiendo que las sanciones se tomaron por orden del presidente Donald Trump.
Entre los sancionados se encuentran Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, a quien Washington acusó de coordinar la represión y el uso de la fuerza.
Cuba, que podría sufrir un corte del suministro de petróleo venezolano por las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump, apenas generó la mitad de la electricidad consumida por la isla en 2025, según datos oficiales recopilados y analizados por la AFP.
Esta información también muestra que la isla reporta un aumento importante, aunque todavía poco efectivo, de la generación de energía solar, a partir de la instalación de unos 40 parques el año pasado.
La demanda diaria de energía eléctrica del país ronda los 3.300 megavatios (MW), pero entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 el sistema registró un déficit promedio de 1.643 MW, según cálculos de la AFP basados en información publicada por la empresa estatal Unión Eléctrica de Cuba (UNE).
El monitoreo muestra que la tendencia se mantiene en la primera quincena de 2026.
La UNE publica diariamente la demanda prevista de energía eléctrica para el día, así como el déficit reportado en el pico nocturno. La diferencia entre ambos valores da una idea de la disponibilidad efectiva de energía diaria, que media los 1.670 MW: la mitad de lo que necesita el país de 9,6 millones de habitantes.
Los datos oficiales también muestran un fuerte incremento en la generación fotovoltaica. Mientras a fines de marzo los parques solares tenían una capacidad de generación de entre 300 y 400 MW, para fines de diciembre superaron los 3.000 MW.
Sin embargo, debido a la poca existencia de baterías de almacenamiento, esta energía solo se puede utilizar mientras haya sol y no por la noche, cuando se presenta la hora pico de consumo.
Bajo embargo de Estados Unidos desde 1962 y en medio de una fuerte crisis económica, Cuba enfrenta desde hace tres años una grave escasez de combustible que afecta la producción de electricidad.
Esa falta de combustible podría empeorar luego de que Trump, que tomó a inicios de este mes el control del sector petrolero de Venezuela, anunciara recientemente el fin del flujo de crudo y dinero venezolano hacia la isla comunista.
Venezuela ha sido desde el año 2000 el principal proveedor de petróleo a Cuba, su aliado ideológico.
Además, la base de la generación eléctrica de la isla descansa en ocho centrales eléctricas, casi todas inauguradas en los años 1980 y 1990, que sufren frecuentes averías o deben ser paralizadas para mantenimiento.
Los cortes diarios de luz, a veces de más de 20 horas seguidas, son moneda corriente.
El gobierno afirma que el embargo estadounidense le impide reparar su red eléctrica, pero economistas señalan una falta crónica de inversión estatal en el sector.
