Una ola de consternación sacude a Austria luego del tiroteo ocurrido el martes en una escuela secundaria del sur del país, donde varias personas, en su mayoría jóvenes, perdieron la vida. En señal de duelo, ciudadanos encendieron velas y colocaron flores frente al centro educativo, mientras que el país entero guardó un minuto de silencio a las 10:00 a. m. del miércoles, justo 24 horas después del ataque.

El agresor, un joven austriaco de 21 años que había sido alumno del instituto, ingresó armado con un rifle y una pistola, ambos registrados legalmente. Según la policía, actuó solo y se quitó la vida en uno de los baños del establecimiento. Durante el registro de su vivienda, se halló una bomba casera no funcional y una carta de despedida dirigida a sus padres, sin detalles sobre su motivación. Medios locales señalan que pudo haber sido víctima de acoso escolar.

El canciller austriaco, Christian Stocker, calificó el hecho como una “tragedia nacional” y decretó tres días de luto oficial. Este tipo de ataques son poco comunes en Austria, uno de los países más seguros del mundo según el Global Peace Index.

El hecho revive la preocupación por la violencia en instituciones educativas europeas, en un contexto donde otros países, como Francia, también han registrado incidentes recientes en escuelas.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, decretó este martes un toque de queda nocturno en el centro de la ciudad, en respuesta a varios días consecutivos de protestas contra las redadas migratorias impulsadas por la administración del expresidente Donald Trump.

“He declarado el estado de emergencia local y decretado un toque de queda en el centro de Los Ángeles para detener el vandalismo y parar los saqueos”, anunció la funcionaria ante los medios.

Las manifestaciones se concentraron frente a un edificio federal que se ha convertido en símbolo de resistencia a las políticas migratorias y también bloquearon una de las principales autopistas que cruza el centro urbano.

Durante la tarde, efectivos de la Policía de Los Ángeles dispersaron a los manifestantes utilizando gases lacrimógenos y bombas aturdidoras. Según las autoridades, más de un centenar de personas fueron arrestadas en las últimas 24 horas, en su mayoría por desobedecer órdenes de dispersarse.

Pese a la tensión en algunos puntos específicos, la ciudad mantiene su actividad cotidiana: el turismo continúa en Hollywood, los estrenos de cine siguen en agenda y las ceremonias de graduación escolar no han sido suspendidas.

La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, deberá cumplir seis años de prisión y quedará inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos, tras la confirmación de su condena por corrupción por parte de la Corte Suprema de Justicia. El fallo pone fin a un proceso judicial iniciado hace más de una década en el marco de la llamada causa «Vialidad».

Corrupción en la obra pública

Kirchner fue acusada por la fiscalía de «administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública» y «asociación ilícita», debido a presuntas irregularidades en la adjudicación de obras viales en la provincia de Santa Cruz durante su mandato presidencial. El Ministerio Público había solicitado 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer funciones públicas.

El juicio oral comenzó en 2019, y en diciembre de 2022, un tribunal de primera instancia la declaró culpable de administración fraudulenta, aunque desestimó el cargo de asociación ilícita. La condena: seis años de cárcel e inhabilitación política.

Ambas partes apelaron el fallo. La Cámara de Apelaciones confirmó la sentencia en 2024. Posteriormente, tanto la defensa de Kirchner como el fiscal general presentaron recursos ante la Corte Suprema. Mientras uno solicitó la absolución, el otro pidió una pena mayor. Sin embargo, el máximo tribunal desestimó ambos planteamientos y ratificó el veredicto.

«Lawfare» y denuncias de persecución

La exmandataria rechaza las acusaciones y sostiene que es víctima de una persecución judicial orquestada para proscribirla políticamente. Ha calificado el proceso como un caso de lawfare, un uso instrumental del aparato judicial para debilitar a su espacio político, el peronismo, hoy en la oposición frente al gobierno del presidente ultraliberal Javier Milei.

Kirchner ha insistido en que no existen pruebas que la vinculen directamente con los contratos cuestionados, señalando que los fondos fueron aprobados por el Congreso, distribuidos por la Jefatura de Gabinete y ejecutados por el gobierno provincial de Santa Cruz.

“Este no es un juicio contra mí, es un juicio contra el peronismo y los gobiernos populares”, afirmó en 2022, poco antes de conocer su primera condena.

Acusaciones de parcialidad y vínculos políticos

Kirchner también ha denunciado una supuesta “mafia judicial” operando en paralelo al Estado. Ha cuestionado la imparcialidad de los jueces y fiscales involucrados, señalando sus vínculos con el expresidente Mauricio Macri y otros referentes de la oposición.

Entre las denuncias, se encuentran visitas de jueces al entonces presidente Macri y reuniones informales entre fiscales y ministros del gobierno anterior. A pesar de sus intentos de recusar a varios funcionarios judiciales, la justicia rechazó todos los pedidos.

Causas abiertas

Además de la causa «Vialidad», la expresidenta enfrenta otros procesos judiciales. El más avanzado es el caso «Memorándum», en el que será juzgada por presunto encubrimiento a ciudadanos iraníes acusados del atentado a la AMIA en 1994. El juicio analizará la legalidad del acuerdo firmado en 2013 con Irán para interrogar a los imputados fuera del país.

Otras dos causas por presunta corrupción la llevarán nuevamente ante los tribunales, una de ellas con fecha para noviembre próximo. Una cuarta investigación aún se encuentra en etapa preliminar.

El futuro judicial de una de las figuras políticas más influyentes de Argentina continúa generando divisiones en el país, donde sus seguidores denuncian persecución y sus detractores exigen justicia.