Internacionales
Hallan restos de una adolescente desaparecida, su novio la mató porque estaba embarazada
En Perú, un caso de feminicidio ha estremecido a la sociedad debido a su brutalidad y a las circunstancias que lo rodean. Carolina, una joven de 16 años que estaba embarazada, fue la víctima de este horrendo crimen perpetrado por su novio y padre del bebé que esperaba.
La tragedia comenzó el pasado 22 de junio, cuando se reportó la desaparición de la adolescente. La madre de la víctima relató que Carolina salió de casa ese día y nunca regresó, lo que la llevó a emprender una desesperada búsqueda. A las autoridades, la madre reveló que su hija mantenía una relación desde hace meses con Jonathan Molina Cassani, un joven de 20 años, lo que llevó a las autoridades a investigar esa línea.
A pesar de los intensos esfuerzos de búsqueda, los días pasaban sin ningún rastro de la joven. Sin embargo, todo cambió el sábado 8 de julio, cuando los vecinos del asentamiento humano La Campiña Viña Zegarra, en el distrito de Characato, alertaron sobre un olor fétido constante que provenía de un predio abandonado. Intrigados, se acercaron al lugar y descubrieron con horror una pierna mutilada en un silo, lo que los llevó a dar aviso a las autoridades. Posteriormente, se encontraron el resto de las partes del cadáver de la adolescente en el mismo lugar.
La investigación forense reveló que el cuerpo de la víctima había sido seccionado en seis partes y que había muerto a causa de múltiples puñaladas, una de las cuales perforó sus pulmones. Además, se descubrió que Carolina había sido sometida a torturas antes de su muerte. Un detalle que ha aterrorizado a la sociedad y que está siendo investigado por la policía es que la joven estaba embarazada; en su cavidad vaginal se encontraron los restos óseos de un feto, lo que lleva a sospechar que su pareja la obligó a someterse a un aborto antes de asesinarla.
Las autoridades informaron que la víctima llevaba aproximadamente dos semanas muerta, y el estado del cadáver era tal que fue necesario hidratar los dedos para obtener sus huellas dactilares y realizar las pruebas de identificación. Además, se llevó a cabo una prueba de confrontación genética para confirmar la identidad de la joven.
Se ha revelado que el terreno donde se encontraron los restos de la adolescente es propiedad de la madre del presunto feminicida, por lo que ha sido interrogada por las autoridades. Jonathan, el novio de Carolina, ha confesado el crimen, alegando que atacó a la adolescente debido a sus constantes reclamos por una supuesta infidelidad. Además, admitió haberla agredido de forma continua.
El Ministerio Público de Perú solicitará una orden de prisión preventiva por nueve meses contra Jonathan por el delito de feminicidio, ya que se ha comprobado que asesinó a su pareja de 16 años el pasado 25 de junio.
Maura Jiménez, madre de la víctima, ha pedido la máxima sanción para el responsable de la muerte de su hija. Reveló que Carolina le había confesado que su novio la sometía a violencia, aunque nunca denunciaron las agresiones ante las autoridades. Esta trágica historia pone de manifiesto una vez más la urgencia de abordar y prevenir la violencia de género en la sociedad peruana.
La región de Cachemira vuelve a ser escenario de un preocupante repunte de tensiones entre India y Pakistán, tras un atentado que dejó 26 muertos.
Desde que un ataque armado acabó con la vida de 26 hombres en la parte india de Cachemira, la comunidad internacional temía una nueva escalada entre las dos potencias nucleares. Esa preocupación se materializó este miércoles con bombardeos cruzados a lo largo de la Línea de Control, la frontera de facto que divide la región en disputa.
La India anunció haber lanzado la Operación Sindoor, una ofensiva dirigida contra lo que describió como «infraestructuras terroristas en Pakistán», desde donde —según Nueva Delhi— se planearon ataques contra su territorio. En respuesta, el ejército pakistaní denunció bombardeos en al menos tres zonas de su país, incluyendo la ciudad de Muzaffarabad, en la Cachemira administrada por Pakistán, y Bahawalpur, en la región fronteriza de Punyab.
De acuerdo con el ministro de Defensa pakistaní, Khawaja Asif, los ataques causaron al menos tres muertes civiles, entre ellas la de un niño. Corresponsales de la AFP en Cachemira y Punyab reportaron fuertes explosiones en las áreas afectadas, mientras que periodistas del lado indio también escucharon múltiples detonaciones cada vez más cercanas.
El portavoz del ejército pakistaní, teniente general Ahmed Chaudhry, advirtió que su país “responderá en el momento que elija”, mientras que Nueva Delhi acusó a Islamabad de violar el alto al fuego con disparos de artillería en sectores como Bhimber Gali y Poonch-Rajauri.
En medio del incremento de tensiones, las fuerzas armadas indias aseguraron haber respondido de manera “apropiada y calibrada”, destacando que su ofensiva evitó objetivos militares paquistaníes y se centró en grupos vinculados a Lashkar-e-Taiba (LeT), una organización yihadista con base en Pakistán y relacionada con el atentado de Bombay de 2008.
Uno de los blancos del ataque indio fue la mezquita Subhan en Bahawalpur, señalada por inteligencia india como punto de actividad de LeT. “Nuestra acción es específica y busca evitar una escalada. Hemos ejercido considerable moderación”, declaró el gobierno indio, insistiendo en que su objetivo es hacer rendir cuentas a los responsables del atentado del pasado 22 de abril.
La escalada armada coincide con un nuevo frente de confrontación: el recurso hídrico. India amenazó con cortar el suministro de agua de varios ríos que nacen en su territorio y fluyen hacia Pakistán. Incluso anunció la suspensión de su participación en el tratado bilateral de 1960 que regula el uso del agua en la cuenca del río Indo. El primer ministro Narendra Modi afirmó que el flujo de agua “se detendrá” si beneficia a enemigos externos.
Pakistán, por su parte, ha detectado una disminución inusual en el caudal del río Chenab. “Estamos observando cambios que no son naturales”, dijo el ministro de Riego de Punyab, Kazim Pirzada.
La creciente tensión ha generado alarma entre analistas internacionales, que temen una confrontación abierta entre dos naciones con armamento nuclear. En los últimos días, se han registrado intercambios de fuego con armas ligeras entre soldados en la frontera, aunque sin víctimas confirmadas hasta el momento.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su esperanza de que las hostilidades “terminen muy pronto”, mientras Pakistán convocó a su Comité de Seguridad Nacional para analizar la situación.
Internacionales
Opositores venezolanos refugiados en embajada argentina llegan a EE. UU. tras operación de rescate
Caracas — Un grupo de activistas venezolanos, colaboradores de la líder opositora María Corina Machado, fue evacuado a Estados Unidos desde la embajada argentina en Caracas, donde permanecían refugiados desde el 20 de marzo de 2024. Su entrada al recinto diplomático se produjo en medio de una ola de arrestos ocurrida antes de las elecciones del 28 de julio, en las que el presidente Nicolás Maduro fue declarado ganador para un tercer mandato, entre denuncias de fraude electoral.
Inicialmente, seis personas se resguardaron en la sede diplomática. Sin embargo, en diciembre de 2024, uno de ellos, Fernando Martínez Mottola, se entregó a las autoridades y posteriormente recibió libertad condicional. Martínez Mottola falleció el 26 de febrero de 2025 debido a complicaciones de salud.
Los cinco activistas restantes aguardaban un salvoconducto para abandonar el país, medida que no fue otorgada por el régimen venezolano.
La evacuación fue confirmada por el senador estadounidense Marco Rubio a través de la red social X. “Estados Unidos saluda la exitosa operación de rescate de todos los rehenes del régimen de Maduro en la embajada argentina de Caracas”, expresó. Añadió que, tras una operación precisa, “todos los rehenes se encuentran ahora a salvo en territorio estadounidense”, sin ofrecer mayores detalles.
El jefe de la diplomacia estadounidense calificó al gobierno de Maduro como un régimen ilegítimo, acusándolo de socavar las instituciones democráticas, violar los derechos humanos y poner en riesgo la seguridad regional. Rubio agradeció a los actores involucrados en la operación y a los socios internacionales que colaboraron en la liberación de los activistas.
Internacionales
Colombia captura a más de 200 miembros del Clan del Golfo tras intensos operativos de seguridad
El lunes, las autoridades colombianas informaron sobre la captura de más de 200 integrantes del Clan del Golfo, el cartel narcotraficante más grande del país, responsable de implementar un violento «plan pistola» que ha dejado al menos 20 miembros de la fuerza pública muertos.
Desde el 15 de abril, un total de 217 miembros de este grupo armado han sido detenidos en una serie de operativos coordinados, como parte de la respuesta del gobierno ante los ataques perpetrados por el Clan del Golfo, cuyo impacto ha desbordado la seguridad en varias regiones del país. Además, otros 15 narcotraficantes fueron abatidos, y se incautaron 6,8 toneladas de estupefacientes, 123 armas de fuego y más de 15,000 municiones, según el almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares.
La violencia del Clan del Golfo, un grupo paramilitar que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia, ha escalado en los últimos meses. Desde finales de abril, el presidente Gustavo Petro denunció que el cartel implementó una estrategia de «asesinato sistemático» de miembros de la fuerza pública, una táctica que recuerda a las guerras del narcotraficante Pablo Escobar en los años noventa. En el marco de estos ataques, se ha establecido una recompensa de hasta $3,500 por cada policía muerto.
El Clan del Golfo, que tiene más de 7,500 miembros, se dedica principalmente al tráfico de cocaína y es considerado uno de los carteles más poderosos del país. En 2022, este grupo ya había recurrido a un «plan pistola» como respuesta a la extradición a Estados Unidos de su antiguo líder, alias Otoniel.
El Ministerio de Defensa también informó que, desde el 15 de abril, los ataques de grupos ilegales y rebeldes han cobrado la vida de al menos 18 policías y 17 militares, en lo que se considera el peor pico de violencia que ha vivido Colombia desde la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016. A pesar de las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo y la disidencia de las FARC, las conversaciones no han avanzado, dejando al país en medio de una grave crisis de seguridad.
