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FUERTES IMÁGENES +18años| Tristeza, lamentos, cuerpos calcinados e imágenes impactantes se vive en Tlahuelilpan, tras la explosión de un ducto perforado de gasolina
Expertos forenses intentaban separar y contar las pilas de cadáveres quemados en el centro de México donde una enorme bola de fuego envolvió a decenas de personas que recolectaban gasolina de un ducto perforado por ladrones y mató a varios.
Más de 85 personas estaban desaparecidas y 76 estaban heridas el sábado, mientras parientes de los difuntos y observadores rodeaban la cruenta escena.
A pocos metros del campo de alfalfa atravesado por el ducto, los muertos aparecían apilados, tal vez al tropezar o intentar socorrerse momentos después de que el géiser de gasolina saltó al aire el viernes.
La fuga fue provocada por una perforación clandestina al ducto en las inmediaciones del pequeño pueblo de Tlahuelilpan, en el estado de Hidalgo, a unos 100 kilómetros (62 millas) al norte de la Ciudad de México, informó la compañía estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).
Tomas de video captadas horas antes del incendio mostraban a familias enteras en un ambiente que parecía festivo, recolectando el combustible en diversos envases. Posteriormente las tomas mostraron llamaradas de gran altura en la noche. Gente gritando huía de las llamas, algunos quemándose y agitando los brazos.
El sábado, varios de los muertos estaban tendidos de espaldas, los brazos estirados en agonía. Algunos aparentemente trataron de cubrirse el pecho para protegerse de las llamas; algunos cadáveres chamuscados parecían abrazarse en el momento de la muerte.
El campo quemado estaba sembrado de zapatos, jarras de plástico y bidones que habían llevado las víctimas para recoger el combustible derramado.
“Ay no, ¿dónde está mi hijo?”, decía entre sollozos Hugo Olvera Estrada, cuyo hijo de 13 años, Hugo Olvera Bautista, se encontraba en el lugar cuando estalló el fuego. Envuelto en una manta frente a una clínica, el hombre ya había recorrido seis hospitales.
Después de regresar de su escuela secundaria, relató el padre, el chico fue a unirse a la multitud que recogía gasolina. Olvera Estrada cree que siguió el consejo de hombres mayores y supuestamente más sabios del pueblo de 20.000 habitantes. “Lo trajeron los hombres mayores”, dijo.
El accidente ocurrió apenas tres semanas después de que el nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador lanzara una ofensiva contra las bandas de ladrones de combustible que perforaron tomas peligrosas e ilegales a las tuberías unas 12.581 veces en los primeros 10 meses de 2018, un promedio de 42 por día.
En una conferencia de prensa el sábado temprano, López Obrador prometió seguir la lucha contra el robo de combustible, que recauda 3.000 millones de dólares anualmente.
“Vamos a erradicar eso que no sólo daña materialmente, no sólo es lo que pierda la nación por ese comercio ilegal, este mercado negro de combustibles, sino el riesgo, el peligro, la pérdida de vidas humanas”, dijo el presidente.
Estas declaraciones encontraron eco en Tlahuelilpan, una población surcada de ductos y situada a pocos kilómetros de una refinería.
“Lo que pasó aquí debe servir de ejemplo para toda la nación para unirse al combate que está llevando el presidente en contra de este mal”, dijo el director municipal de salud, Jorge Aguilar López.
Otro ducto estalló en llamas el viernes en el estado vecino de Querétaro como resultado de otra toma ilegal. Pemex dijo que el incendio cerca de San Juan del Río fue en una zona despoblada y no había riesgo para la gente.
En diciembre de 2010, las autoridades culparon a los “huachicoleros” (ladrones de combustibles) por una explosión en un ducto cerca de la capital en la que murieron 28 personas, entre ellas 13 niños.
Esa explosión incendió viviendas y afectó a unas 5.000 personas en una franja de 10 kilómetros de ancho en San Martín Texmelucan.
López Obrador lanzó la ofensiva contra el huachicoleo después de asumir el 1 de diciembre pasado, al disponer que 3.200 efectivos de la marina montaran guardia en ductos y refinerías.
Su gobierno cerró los ductos para detectar y cerrar las tomas ilegales, y optó por abastecer a las gasolineras mediante camiones cisterna. Sin embargo, éstos no son suficientes y varios estados han padecido largas filas en las gasolineras.
Marciel Cervantes teme que su hermano, Isaac Aurelio Cervantes, sea uno de los desaparecidos del viernes. Halló su auto estacionado a la vera del campo y dice que su hermano no contesta su teléfono celular.
“La gente ya sabe a qué le atienen cuando se meten en esto”, dijo al envolverse en una manta para protegerse del frío. “Pero la mayoría de la gente no entiende”.
Dos ciudadanos salvadoreños con antecedentes penales fueron arrestados recientemente en Estados Unidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), como parte de los operativos que la administración Trump mantiene para retirar de las calles a inmigrantes ilegales con historial violento.
En Dallas, fue detenido Edwin Sagastizado Morán, de 32 años, quien enfrenta condenas previas por robo en Houston, Texas, además de dos delitos graves por reingreso ilegal al país. Mientras tanto, en Houston, se reportó el arresto de Roberto Antonio Caballero García, de 30 años, quien posee una condena por intento de agresión sexuaI contra un menor y otra por escape durante su detención en el condado de Dallas.
El gobierno estadounidense ha señalado que, mientras algunos sectores políticos abogan por la permanencia de inmigrantes con antecedentes delictivos, se mantienen firmes en sus acciones de seguridad para proteger a la ciudadanía y garantizar el cumplimiento de la ley.
Nicaragua se halla bajo sanciones estadounidenses por la represión de las protestas de 2018 contra el mandatario Daniel Ortega, en el poder desde 2007.
Washington considera fraudulenta su reelección en 2021 y le reprocha una ola de detenciones contra opositores, muchos de los cuales se vieron obligados a exiliarse y fueron despojados de su nacionalidad.
«Al conmemorar siete años de la brutal ola de represión del régimen de Ortega y (de la copresidenta Rosario) Murillo contra los manifestantes, reflexionamos sobre el coraje y el deseo de los manifestantes de vivir en una Nicaragua libre de tiranía», afirma el jefe de la diplomacia, Marco Rubio, en un comunicado.
«Estados Unidos no tolerará que Ortega y Murillo continúen atacando a Nicaragua», añade.
El secretario de Estado anuncia «restricciones de visa a más de 250 funcionarios del régimen de la dictadura nicaragüense», con lo que ya son más de 2.000 los sancionados durante los últimos años por Washington.
A inicios de abril, expertos de la ONU identificaron por primera vez a 54 funcionarios, militares, policías, magistrados y diputados de Nicaragua como responsables de graves «crímenes» de derechos humanos y «represión sistemática».
Esa lista la encabezan Ortega, Murillo, el jefe del Ejército, Julio César Avilés; de la Policía, Francisco Díaz; y líderes del Congreso, la Corte Suprema de Justicia, fiscalía, alcaldías y del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, exguerrilla).
Además el gobierno del presidente republicano Donald Trump acusa a Managua de hacer negocio con la migración.
«La administración Trump no tolerará amenazas a la seguridad de Estados Unidos por parte de un régimen que utiliza la inmigración como arma y posiciona a Nicaragua como un centro para los inmigrantes ilegales que intentan cruzar nuestra frontera», advierte Rubio en la red social X.
Los migrantes atraviesan cada vez más la región utilizando Managua como punto de desembarque para continuar el viaje hacia el norte por tierra.
En 2024, durante el mandato del presidente demócrata Joe Biden, Washington emitió una alerta para notificar a las aerolíneas, operadores de vuelos chárter, agentes de viajes y proveedores de servicios sobre las formas en que las redes de tráfico de migrantes explotan los servicios de transporte para facilitar la migración irregular.
Dos empresas del sector del oro afiliadas al gobierno nicaragüense, COMINTSA y Capital Mining, se hallan asimismo bajo sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.
Washington anunció este jueves nuevas tarifas portuarias sobre buques construidos y operados por China que atraquen en puertos estadounidenses, en una apuesta por impulsar la industria naval nacional y frenar el dominio del gigante asiático en el sector.
La medida, que se deriva de una investigación iniciada bajo el gobierno anterior de Joe Biden, se conoce cuando Estados Unidos y China están enzarzados en plena guerra comercial por los aranceles del presidente Donald Trump a las importaciones.
«Los buques y el transporte marítimo son vitales para la seguridad económica estadounidense y la libre circulación del comercio», declaró el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en un comunicado.
Según el funcionario, la mayoría de las tasas entrarán en vigor a mediados de octubre.
Bajo las nuevas reglas, se aplicarán tarifas por tonelada o por contenedor, y se cobrarán por cada visita a Estados Unidos, no por cada puerto en el que los buques atraquen.
Se impondrán hasta un máximo de cinco veces al año y los propietarios podrán verse eximidos si hacen un pedido de un buque construido en Estados Unidos.
La industria naviera estadounidense, dominante después de la Segunda Guerra Mundial, ha decaído gradualmente y ahora representa solo el 0,1% de la producción mundial.
Asia domina el sector en la actualidad, con China responsable por la construcción de casi la mitad de los barcos que son lanzados, por delante de Corea del Sur y Japón.
Los tres países asiáticos representan más del 95% de la construcción naval civil, según cifras de la ONU.
Las nuevas tarifas estadounidenses serán «perjudiciales para todos», reaccionó este viernes Lin Jian, un portavoz del Ministerio chino de Relaciones Exteriores.
Según el vocero, las tasas «hacen que suban los costes del transporte marítimo a escala mundial» y «acentúan la presión inflacionista en Estados Unidos», pero «no permitirán reimpulsar la industria naval estadounidense».
«Revertir el dominio chino»
Según la decisión estadounidense, habrá tarifas distintas para los buques operados por chinos y para aquellos construidos en China, y ambas aumentarán gradualmente en los años siguientes.
Para los barcos ensamblados en China, la tarifa empieza en 18 dólares por tonelada neta o 120 dólares por contenedor. Esto significa que un buque con 15.000 contenedores podría tener que pagar una tarifa de hasta 1,8 millones de dólares.
Además, todos los buques de transporte de automóviles que no hayan sido fabricados en Estados Unidos también tendrán que pagar una tasa que comenzará a aplicarse dentro de 180 días.
El anuncio introduce también nuevos recargos para los barcos de transporte de gas natural licuado, aunque no entrarán en vigor hasta dentro de tres años.
Una hoja informativa que acompaña al anuncio dice que las tasas no cubrirán «el transporte marítimo en los Grandes Lagos o el Caribe, el transporte marítimo hacia y desde los territorios de Estados Unidos, o las exportaciones de productos básicos en buques que llegan vacíos a Estados Unidos».
«Las acciones de la administración Trump comenzarán a revertir el dominio chino, abordarán las amenazas a la cadena de suministro de Estados Unidos y enviarán una señal de demanda para los buques construidos» en el país, aseguró Greer.
