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FOTOS: Queman la casa del presidente de la Cámara de Diputados de Chile en la conflictiva Macrozona Sur
Una vivienda familiar del presidente de la Cámara de Diputados de Chile, Diego Paulsen, apareció incendiada este jueves por la tarde, quedando destruida por completo, y las autoridades locales intentan determinar cómo se produjo este incidente en la comuna de Galvarina, Región de La Araucanía.
El siniestro se produjo a las 18:45 (hora local). Si bien al comienzo se había logrado controlar el fuego, finalmente las llamas se reavivaron y terminaron consumiendo todo el inmueble, localizado en la Macrozona Sur.
El propio congresista del frente conservador Renovación Nacional (RN) compartió fotos mostrando el incendio. «Nos podrán quemar todo, pero nunca nos quitarán las ganas de trabajar y de levantarnos día a día para sacar adelante La Araucanía y nuestras familias. Gracias por todos sus mensajes de apoyo», escribió en Twitter.
Los peritajes en el lugar quedaron a cargo del Laboratorio de Criminalística de Carabineros, luego de que el fiscal de turno concurriera al lugar de los hechos.
«Atentado terrorista»
Al conocerse la noticia, el presidente del partido, Francisco Chahuán, se refirió a la tensión que se vive en esa zona de Chile, caracterizada por el conflicto territorial con comunidades mapuches: «Este no es el primer intento de incendio en dicha propiedad. Por lo mismo abogamos para que todos y cada uno de los vecinos que viven en la Macrozona Sur tengan el derecho a vivir en paz y gocen del estado de derecho». Además, calificó lo acontecido como un «atentado terrorista», aunque todavía no se conoce quiénes fueron los autores.
Actualmente, en aquel territorio rige el estado de excepción, una medida que estipula la administración de la zona por parte de las fuerzas de seguridad, y mayor presencia de uniformados. Esta determinación se impuso mediante un decreto presidencial el 12 de octubre con el objetivo de pacificar el lugar, y se ha ido extendiendo con la aprobación del Poder Legislativo.
Al respecto, el Gobierno de Sebastián Piñera ya expresó su intención de renovar la medida hasta el 11 de marzo, día en que entrará en funciones el presidente electo, Gabriel Boric. Por su parte, aquel dirigente de izquierda tiene planeado anular esta disposición de emergencia cuando asuma el control del Ejecutivo, por lo que el actual ministro de Defensa, Baldo Prokurica, llamó a las próximas autoridades «a reevaluar su anuncio de suspender esta medida».
Según la actual administración, los operativos conjuntos de las Fuerzas Armadas y la Policía redujeron en un 45 % los hechos de violencia, bajando de 5,5 casos diarios a 3 desde la vigencia del estado de excepción.
El mercado petrolero mostró señales optimistas ante la reanudación de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, aunque no anticipó una pronta reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.
El precio del crudo Brent del Mar del Norte, para entrega en junio, subió un 0.25 %, hasta los $105.33 por barril.
Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), también para entrega en junio, cayó por su lado 1.51 %, hasta los $94.40 por barril.
«El mercado está bajo presión y a la espera de las negociaciones previstas para este fin de semana entre Estados Unidos e Irán», declaró a la AFP Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.
Teherán y Washington anunciaron el viernes el envío de negociadores a Islamabad, la capital pakistaní.
Cada vez que se anuncian negociaciones, el mercado espera que conduzcan a una resolución del conflicto, incluyendo la reapertura del estrecho de Ormuz y, en consecuencia, la liberación de millones de barriles de petróleo del Golfo, añadió el analista.
Pero al mismo tiempo «el mercado ha aprendido a ser muy cauteloso», dijo a la AFP Ole R. Hvalbye, de SEB.
Las negociaciones anteriores fracasaron, y esta vez el vicepresidente de Estados Unidos, quien lideró las conversaciones iniciales, permaneció en su país, según la Casa Blanca.
A pesar de la prórroga indefinida de la tregua por parte de Donald Trump, la ecuación para el mercado petrolero es complicada.
Irán y Estados Unidos podrían retomar en breve las negociaciones para poner fin al conflicto en Oriente Medio y ambos países anunciaron ayer el envío de negociadores a Pakistán, que actúa como mediador.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció que los emisarios del presidente Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, parten hoy hacia Pakistán «con el fin de mantener conversaciones […] con representantes de la delegación iraní».
Leavitt, en declaraciones a Fox News, expresó su esperanza en que sea «una conversación fructífera».
Previamente, la agencia IRNA oficializó el viaje del ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, este mismo viernes a Islamabad, la capital pakistaní.
Las conversaciones entre los beligerantes empezaron hace dos semanas, pero quedaron interrumpidas al cabo de unas horas. Pese a ello, Estados Unidos prorrogó unilateralmente el alto el fuego de forma indefinida.
Araqchi continuará con una gira regional que lo llevará después a Mascate, la capital de Omán, y a Moscú para «consultas bilaterales» sobre la situación regional, según la agencia oficial iraní.
La guerra fue provocada por el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos contra Irán el pasado 28 de febrero.
Desde entonces, el conflicto ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, donde se enfrentan Israel y el movimiento proiraní Hezbolá.
El conflicto también entorpeció la navegación en el estrecho de Ormuz, por donde antes de la contienda circulaba el 20 % del petróleo y del gas natural licuado (GNL) que se consumen a nivel mundial. Ahora, esa vía marítima crucial está sometida a un doble bloqueo: iraní y estadounidense.
La reapertura inmediata de Ormuz es «vital para el mundo entero», destacó el viernes el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.
El Departamento de Justicia estadounidense anunció ayer una ampliación de los métodos de aplicación de la pena de muerte en casos federales, que incluye los pelotones de fusilamiento, la electrocución y el gas letal.
La pena de muerte se aplica normalmente a nivel estatal en Estados Unidos, pero el gobierno federal también puede solicitar la ejecución para ciertos delitos.
«La administración anterior incumplió su deber de proteger al pueblo estadounidense al negarse a solicitar e implementar el castigo máximo contra los criminales más peligrosos, incluidos terroristas, asesinos de niños y asesinos de policías», declaró el fiscal general interino Todd Blanche.
Bajo el presidente Donald Trump, «el Departamento de Justicia vuelve a hacer cumplir la ley y a ponerse del lado de las víctimas», dijo Blanche en un comunicado.
El presidente republicano puso fin en 2020, durante su primer mandato, a una pausa de 17 años en las ejecuciones federales.
Antes de dejar la Casa Blanca en enero de 2025, el presidente demócrata Joe Biden, opositor a la pena de muerte, conmutó las sentencias de muerte de 37 de los 40 reclusos condenados a la pena capital a nivel federal.
Trump, en su primer día en la Casa Blanca de su segundo mandato, pidió ampliar el uso de la pena de muerte «para los crímenes más viles».
Actualmente, cinco estados de Estados Unidos autorizan el pelotón de fusilamiento para las ejecuciones, pero solo uno —Carolina del Sur— ha utilizado este método en los últimos años.
Nueve estados permiten la electrocución, pero este método no se ha usado desde 2020.
Dos estados han ejecutado recientemente a reclusos mediante hipoxia de nitrógeno, que consiste en bombear gas nitrógeno a una mascarilla, provocando la asfixia del preso.
El uso del gas nitrógeno como método de pena capital ha sido denunciado por expertos de las Naciones Unidas como cruel e inhumano.
La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados de Estados Unidos, mientras que otros tres —California, Oregón y Pensilvania— mantienen moratorias.
Los tres hombres cuyas sentencias de muerte no fueron conmutadas por Biden fueron uno de los autores del atentado del maratón de Boston de 2013, un hombre armado que asesinó a 11 fieles judíos en 2018 y un supremacista blanco que mató a nueve feligreses negros en una iglesia en 2015.
El Departamento también busca agilizar el proceso para solicitar la pena de muerte y reducir el número de años entre la condena y la ejecución, según indica el comunicado.
«Bajo el liderazgo del presidente Trump, el Departamento de Justicia vuelve a hacer cumplir la ley y a apoyar a las víctimas», dijo Blanche.
El Gobierno de Trump le apuesta a castigar con dureza y a toda costa a los criminales que han puesto en peligro a la sociedad estadounidense, una política que dista de la visión de Biden.
