Internacionales
Elon Musk acusa a Twitter de «fraude» en el marco de acuerdo de compra
La batalla judicial entre el multimillonario Elon Musk y Twitter escaló este viernes, luego de que el empresario acusara a la red social de «fraude» en el marco del acuerdo de compra alcanzado con la empresa por 44.000 millones de dólares, del cual quiere retirarse.
En respuesta a una demanda de Twitter, que quiere obtener un fallo judicial que obligue a Musk a comprar la empresa, Musk presentó ante un tribunal especializado en negocios del estado de Delaware una acusación contra Twitter por haber haber falseado el número de cuentas monetisables (plausibles de generar ingresos), según pudo consultar el viernes AFP.
Twitter y el hombre más rico del mundo se enfrentan en una batalla judicial en Delaware.
Los abogados de Musk acusan ahora a Twitter de haber «enmascarado la verdad» sobre el número de usuarios cotidianos monetisables, que la red social calcula en 238 millones.
Según los representantes legales de Musk, son unos 65 millones menos, y «la mayoría de los anuncios publicitarios» solo son difundidos «a menos de 16 millones de usuarios, una fracción» de lo que Twitter informa.
«Twitter impidió frenéticamente a la información de circular en una tentativa desesperada de evitar (que Elon Musk) descubriera el fraude», señala la querella.
A mediados de julio, Twitter llevó a Musk ante la Delaware Court of Chancery, un tribunal especializado en derecho empresarial, en busca de obligarle a cumplir el trato. El proceso comenzará el 17 de octubre.
Dos semanas después, el multimillonario jefe de Tesla y SpaceX contraatacó con una querella «confidencial».
Musk firmó un acuerdo de compra por 54,20 dólares por acción, luego de ingresar en el capital de Twitter, una red social de la cual es frecuente usuario.
A fines de julio puso fin unilateralmente a este entendimiento, argumentando que la firma con sede en San Francisco mintió sobre la proporción de cuentas automáticas y spams en su plataforma.
Musk acusa al directorio de Twitter de haber escondido la verdadera proporción de cuentas falsas, que la red social estima en menos de 5% de las existentes.
Los documentos oficiales presentados ante las autoridades bursátiles estadounidenses (SEC) por la plataforma «contienen numerosas declaraciones falsas y omisiones que falsean el valor de Twitter y llevaron a Elon Musk a aceptar comprar la empresa a un precio inflado», aseguran ahora sus abogados.
La estrategia de Twitter, añaden, consistió en «jugar a las escondidas» para impedir por el mayor tiempo posible al comprador de «descubrir la verdad».
Twitter señala que el empresario impulsó las negociaciones y que el acuerdo jamás mencionó las cuentas falsas. Sus abogados denuncian un «intento de escapar a un contrato que Musk ya no encuentra interesante desde que el mercado de acciones bajó».
En medio de un debilitamiento general del mercado en los últimos meses, la caída de los ingresos publicitarios de las redes sociales por la coyuntura económica y las críticas públicas de Musk, las acciones de Twitter cayeron a unos 32 dólares el 11 de julio.
Este viernes, las acciones de la red social subieron 3,56% a 42,52 dólares.
Una mujer embarazada de seis meses resultó herida de bala tras un intento de asalto registrado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El hecho ocurrió en la intersección de la 6ª avenida y 8ª calle, donde sujetos armados habrían interceptado a la víctima con intenciones de robo. La mujer fue identificada como Jimena Vickers, de 31 años, quien se desempeña como visitadora médica.
De acuerdo con versiones preliminares, los atacantes abrieron fuego luego de que Vickers se opusiera al asalto. En el parabrisas del vehículo, del lado del conductor, se observaron al menos tres impactos de bala.
La víctima fue auxiliada por cuerpos de socorro y trasladada a un centro asistencial. Su estado de salud, así como el del bebé que espera, no ha sido detallado por las autoridades.
La PNC inició un operativo en el sector para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se reportan capturas.
Internacionales
Crisis humanitaria en Gaza deja a niños y madres gravemente afectados por la desnutrición en medio del conflicto
La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó este viernes que uno de cada cuatro niños entre seis meses y cinco años, así como mujeres embarazadas y lactantes atendidos en sus clínicas en Gaza, presenta signos de desnutrición, en lo que califican como una emergencia sanitaria y humanitaria de alto nivel.
En un comunicado, MSF acusó a las autoridades israelíes de usar deliberadamente el hambre como un arma de guerra. “Los propios pacientes y profesionales de la salud sufren de hambre”, señaló la ONG, que mantiene presencia médica en Ciudad de Gaza.
Caroline Willemen, coordinadora del proyecto de MSF en esa ciudad, aseguró que están recibiendo alrededor de 25 nuevos casos de desnutrición diariamente. Desde el 18 de mayo, los registros se han cuadruplicado y la desnutrición severa en menores de cinco años se ha triplicado.
MSF afirma que esta situación se debe a una “hambruna deliberada”, consecuencia directa del bloqueo impuesto por Israel sobre el enclave palestino. Aunque a finales de mayo se flexibilizó el cerco, las carencias de alimentos, medicinas y productos básicos persisten.
Israel, por su parte, responsabiliza a Hamas de manipular la ayuda humanitaria, acusándolo de apropiarse de suministros para revenderlos a precios desorbitados o de atacar a las personas que esperan recibir alimentos.
La ONG también denunció ataques en los centros de distribución de alimentos gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Israel y Estados Unidos. “Estas distribuciones no son ayuda humanitaria, son crímenes de guerra cometidos a plena luz del día bajo el disfraz de compasión”, afirmó Mohammed Abu Mughaisib, coordinador médico adjunto de MSF en Gaza.
La ONU ha documentado más de 1.000 muertes desde finales de mayo en puntos de ayuda humanitaria, la mayoría cerca de los centros operados por la GHF.
Ecuador cerró el primer semestre de 2025 como el más violento de los últimos 14 años, al registrar 4,557 homicidios, lo que representa un aumento del 45 % respecto al mismo periodo de 2024 y un 22 % más en comparación con los primeros seis meses de 2023, según datos del Ministerio del Interior recopilados por el medio «Primicias».
Del total de muertes violentas, el 89 % (4,069 casos) fue cometido con armas de fuego, incluyendo pistolas, escopetas, ametralladoras y fusiles, lo que evidencia el creciente poder de fuego de los grupos criminales.
Mayo se posicionó como el mes más sangriento desde que se tiene registro, con 915 homicidios, superando incluso los 831 asesinatos ocurridos en octubre de 2023. En promedio, al menos 30 personas fueron asesinadas cada día durante el primer semestre del año. En junio, aunque hubo una leve reducción, se contabilizaron 548 crímenes.
Entre enero y mayo, 70 cantones del país registraron un aumento en muertes violentas respecto al mismo periodo del año anterior. En estos territorios se concentró el 90 % de los homicidios registrados, es decir, un total de 3,578.
Frente a esta escalada de violencia, el gobierno de Daniel Noboa ha decretado estados de excepción en varias provincias —Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos—, en dos cantones de Quito y en el sistema penitenciario nacional. Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes para frenar la criminalidad.
El más reciente estado de excepción, declarado el 12 de abril mediante el Decreto 599, fue parcialmente aprobado ayer por la Corte Constitucional, que consideró inconstitucional aplicar la medida en todos los centros penitenciarios y en el cantón Camilo Ponce Enríquez (Azuay), al no evidenciarse hechos que justifiquen su inclusión.
Además, la Corte rechazó la suspensión del derecho a reunión, las inspecciones y requisas sin orden judicial, así como la intervención directa de las Fuerzas Armadas, al señalar que estas acciones pueden ejecutarse dentro del marco legal ordinario.
Pese a ello, se mantuvieron restricciones como la suspensión del derecho a la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la correspondencia, permitiendo a la fuerza pública realizar allanamientos y revisar mensajes dirigidos a privados de libertad.
El alto índice de homicidios refleja la profunda crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, donde el crimen organizado y las bandas armadas continúan desafiando la capacidad del Estado para contener la violencia.
